Agua potable, algoritmo del desarrollo sostenible

Los habitantes de las ciudades que cuentan con recursos hídricos y sistemas de abastecimiento de agua potable segura tienen menores índices de enfermedades y mayores posibilidades de gozar de una vida más larga y productiva. La purificación del agua disminuye las enfermedades en un 75%. Por lo tanto, es necesario crear en los gobiernos conciencia de que la satisfacción de las necesidades básicas, relacionadas entre sí, es esencial para reducir la pobreza.

Resulta imperioso fiscalizar las ofensivas del sector privado cuando las actividades que despliegan atentan contra el ambiente y en especial sobre los cursos hídricos. Más allá de las enfermedades crónicas, teratogénicas o el cáncer, con todo los costes sanitarios que de ello se deriva, resulta irrazonable observar un total estado de orfandad en quienes, esquivando un destino ingrato, se ven resignados a adquirir “agua envasada y fraccionada” para evitar enfermedades. En estos casos, mientras las poblaciones no tienen acceso a estándares mínimos de salubridad, grandes corporaciones venden agua “pura” y embotellada para “subsanar” el mal que acarrea su escasez.

Resulta de la violación grave por un Estado de una obligación internacional esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional nos encontramos ante lo que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de ONU ha denominado un “crimen internacional”, es decir, un ilícito contra la comunidad internacional. Así, el art. 19 de la Primera Parte del Proyecto de artículos sobre Responsabilidad, elaborado por la CDI, consagra expresamente como crimen internacional la violación de la prohibición de contaminar masivamente la atmósfera y el agua.

Los Estados tienen además del derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de sus políticas ambientales, la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción territorial, o bajo su control, no afecten la vida de las poblaciones, el futuro de las generaciones venideras ni perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de su jurisdicción. Esta es una obligación imperativa si consideramos definitivamente el derecho a un ambiente sano como la representación del Ius Cogens.

El agua potable es una herencia común de la humanidad, un derecho humano esencial, un recurso natural no negociable. Resulta imperioso sacudir al fundamentalismo del mercado imperante en la aldea global para el cual todo bien tiene precio y con mayor razón si es insuficiente.

En la actualidad, el agua se ha vuelto un bien de consumo limitado que no sólo pone en peligro la vida o la salud, sino que su escasez pone en riesgo el desarrollo de las naciones, la paz y la seguridad internacional. Si el centro de los juicios hipotéticos e imputativos se cierne en la persona humana, el derecho de cada individuo a la vida, al disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos sólo serán factibles en condiciones de paz y seguridad ambiental.

El papel de los organismos internacionales

La ONU podría desempeñar un importante papel en la creación del clima de confianza y serviría de serio estímulo para la elaboración y adopción de compromisos internacionales concretos de los Estados en lo concerniente al medio ambiente. No obstante ello, cuando el hecho ilícito la comunidad internacional debería auxiliar a todo ciudadano que resulte afectado y obligar a los Estados a adoptar eficaz temperamento ante toda denuncia de daño potencial hacia la integridad de las personas o del ambiente. La salud como la integridad de cada miembro de la familia humana concierne a la comunidad internacional en su conjunto. De allí que cualquier explotación industrial que genere un daño al ambiente deberá ser analizada como un hecho atribuible a un crimen internacional con aspectos punitivos que no deberían reducirse a la simple reparación, al considerar que la responsabilidad penal internacional debería extenderse a quienes lo hayan fomentado, respaldado o consentido.

Jachal, provincia de San Juan: una oprimida mudez

La representante de una asociación de vecinos auto-convocados, María José Salazar, visitó la Comisión de Medio Ambiente del CPACF, a partir de la recomendación del Dr. Federico Díaz Massara. Arribó con el propósito de revelar una grave emergencia ambiental en la región de Jachal, en la provincia de San Juan. Allí la contaminación ambiental sería originada por la explotación de metales preciosos a cielo abierto que infecta, con sus compuestos, los suelos, los lechos hídricos y las napas de agua. Salazar afirma que las mineras, de capital extranjero, utilizan compuestos químicos altamente cancerígenos, que generarían enfermedades teratogénicas y mortales. En esta situación, de acuerdo a sus afirmaciones, mujeres embarazadas, niños y ancianos, conformarían el sector más complicado.

Actualmente, los vecinos ante las vacilaciones causadas por distintos informes químicos que revelarían niveles de toxicidad inadmisibles, de acuerdo a los estándares mundiales para el agua potable segura, la mayoría de la población ha decidido tomar agua potable fraccionada, provista por empresas privadas a razón de más de $20 por cada 20 litros, con todos los perjuicios que se generan en una zona de bajo poder adquisitivo. También comentó que distintas denuncias han sido formuladas ante los organismos oficiales pertinentes y que fueron rechazadas sistemáticamente. Posteriormente, Salazar compartió con los miembros titulares un video sobre la contaminación generada en la ciudad de Jachal. Las imágenes provocaron nuestra bronca y desconcierto, a la vez que suscitaron un fuerte debate.

Los reunidos en la sesión de la Comisión coincidimos en preguntarnos cómo es posible que los funcionarios de un Estado amparen estos delitos ambientales, que generan atentados contra la salud y la vida. Y si este no se hace cargo, en el peor de los casos, todo ciudadano debería contar al menos con el auxilio y la cooperación de los Organismos Internacionales5. En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha propuesto el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, fecha en que una comitiva encabezada por el coordinador de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, Gabriel Labbate, llegó al país para presentar el programa mundial “Pobreza y Medio Ambiente”, que generaría un impacto por dólar invertido en la ejecución de políticas destinadas a estas áreas, y por lo tanto, liberaría recursos para profundizar los análisis sobre: medios de vida, salud, disminución de la vulnerabilidad y servicios derivados de los ecosistemas, cuatro maneras en las que se considera que el medio ambiente contribuye al crecimiento favorable a las personas indigentes. De esta forma, se pretende trabajar sobre indicadores y situaciones específicas como producción, agricultura, suelo, protección de fuentes y cursos de agua, entre otros. A partir de este esquema, se deduce que las Naciones Unidas ponen al Estado como centro y creador de políticas acordes a necesidades concretas y que se debería insistir recurriendo a la Administración Pública y luego a la Justicia.

Ahora bien, la discusión que se generó en la Comisión de Medio Ambiente del Colegio giró en torno a las críticas al PNUMA, por quienes consideran a las Naciones Unidas una herramienta específica a los fines de aquellas naciones con derecho de veto y poderío nuclear. Por esta razón, la mayoría de los miembros de la Comisión coinciden que las ONGs son las que verdaderamente encabezan la reivindicación del derecho a un ambiente sano.

Asimismo, el doctor Esteban Saraceno, coordinador de la II Campaña Nacional de Información y Concientización sobre la Presencia de Arsénico en el Agua de Consumo, ha indicado que la estrategia para erradicar la contaminación debe incluir “necesariamente” a los organismos nacionales encargados del medio ambiente y la salud pública, como así también a las Comisiones de Investigación científicas provinciales, las universidades nacionales y privadas y los profesionales. Sumado a ello, resulta necesario incluir en la elaboración de los programas ambientales a las poblaciones que potencialmente puedan resultar afectadas, apoyándolas desde el Estado o a través de los organismos internacionales, para que la coordinación y aplicación de los programas de acción se realicen mediante procesos consultivos en cada jurisdicción, con la concurrencia de las asociaciones no gubernamentales pertinentes.

Finalmente, a pesar de que la Comisión de Medio Ambiente del CPACF carece de legitimación sustancial para intervenir de manera directa en esta lucha, en este momento despliega estrategias para auxiliar a los ciudadanos sanjuaninos frente a tanta inoperancia y perversidad de los distintos contaminadores o empresas dedicadas a la explotación de oro a cielo abierto. Ante la falta de certezas sobre las consecuencias ambientales que generan los métodos de lixiviación en base de cianuro o mercurio, proponemos analizar las actuaciones jurisdiccionales y requerir informes a las Comisiones Legislativas pertinentes.

Desde esta Comisión dignificamos la memoria de quienes han fallecido y a los que soportan estoicamente estos padecimientos.

Autor Dr. Daniel Barone. Abogado, Doctor en Derecho.