Comentario al Fallo Halabi

En los autos “Halabi, Ernesto c/ PEN –ley 25873, decreto 1563/04– s/Amparo ley 16986” la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un fallo suscripto por mayoría –Lorenzetti, Highton, Maqueda, y Zaffaroni– con las disidencias parciales de dos votos diferentes: por un lado el de Petracchi y Argibay, y por el otro el de Fayt.

Dejo a salvo mi opinión sobre la forma de cómputo utilizada en esta ocasión para contabilizar la conjugación de voluntades generadoras de la decisión, pues de la lectura del voto de mayoría, el considerando 28 implica la real disidencia parcial de Highton. Son, a juicio del suscripto, votos diferentes –en sentido exactamente contrario al de la mayoría– los tres de la minoría por el rechazo a la procedencia del recurso extraordinario, aun cuando utilicen parcialmente los fundamentos de la mayoría para dejar incólume el decisorio de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Seguramente, como lo pretende inducir la misma Corte con la reiterada mención de sus históricos antecedentes Siri y Kot, este fallo tendrá suficientes exegetas en el mundo académico que nos permitirán que en este espacio de la revista del CPACF nos circunscribamos a un superficial estudio que desemboque en la tarea de nuestro Colegio en el caso y en las implicancias del resolutorio en el futuro del colectivo profesional.

El considerando 6 del recurso da noticia de la presentación del Colegio Público y de la FACA. Obviamente, y como lo vengo sosteniendo con anterioridad (“El ejercicio de la Abogacía en el Mercosur”, Conf. OAB 2008, Separata CALZ 1/2009) la diferencia de la legitimación es trascendental, y se verá con claridad a lo largo de un fallo que dedica íntegramente 22 de sus 28 considerandos a un análisis de la cuestión de la legitimación y del derecho al acceso a la justicia.

Efectivamente, el desarrollo de Halabi se transformará en un vademécum de las acciones colectivas, al cual recurrir mientras no se dicte legislación al respecto. El considerando 12 anoticia de la mora reglamentaria y convoca a “solucionar cuanto antes sea posible” la misma.

Los interrogantes del considerando 8 y la enumeración de los elementos esenciales de la acción colectiva en el considerando 13, llevan a las conclusiones y consagración de este nuevo proceso –vía creación jurisprudencial– en el considerando 14 cuando la Corte “estima que, dado que es la primera oportunidad en la que se delinean los caracteres de la acción colectiva”.

Un tono amenazante se refleja en las reiteradas citas a Siri y Kot tan abundantes que, para no empalagar, algunas de ellas sólo han sido identificadas numéricamente –239:459 ; 241:291, como en el anteúltimo párrafo del considerando 12–; en la reseña histórica de “la tradicional acción de amparo, instituida por vía pretoriana por esta Corte” del considerando 10; y en la tácita expresión del inicio del considerando 15 en relación a la operatividad plena (ídem cons. 12) de los derechos consagrados constitucionalmente. Si bien lejos de la clásica división de poderes, es sano reconocer que aquellos fallos indujeron la labor del legislador y la posterior inclusión constitucional, como en otro orden ha ocurrido con el principio de la autonomía municipal en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, a raíz de Rivademar y Promenade.

Análisis detallado

La analogía normativa local con la legislación ambiental y de defensa del consumidor (cons. 21), sumadas a las similares del derecho internacional de Estados Unidos de América, España y Brasil (cons. 17 y 18) cierran con un trabajo que dejará secuelas en los estudios sobre la legitimación, y especialmente sobre los efectos de los fallos del Tribunal Superior cuya competencia, lejos de mora legislativa alguna, tiene expresa veda constitucional.

Volviendo a la tarea del CPACF, se puede visitar en el espacio del Centro de Información Judicial (http://www.cij.gov.ar/ multimedia.html) la actividad llevada a cabo en ocasión de las audiencias públicas. Pero quiero resaltar las menciones expresas del fallo a estas tareas: la calificación indistinta de Amigos del Tribunal (cons. 14) a los efectos de las audiencias públicas se torna en una simple igualdad honorífica. Lo cierto es que la expresa transcripción en el mismo párrafo de la frase “las nefastas consecuencias que para todos los habitantes del país y en particular para los abogados matriculados en nuestro Colegio traería aparejada la subsistencia formal de las normas cuestionadas” nos relevan de comentarios, aún ante la confusión de la conjugación verbal de la Corte que reseña las presentaciones en que comparecían ambas entidades.

La profesión de abogado se ejerce ajustada a las leyes de control matricular que han reservado las provincias entre sus facultades y dictado la Nación en su órbita. Los abogados como profesionales en ejercicio se encuentran legalmente agrupados en los Colegios que ejercen por delegación expresa del poder público ese control matricular.

La simple naturaleza asociacional (no obligatoria) de la FACA no permite la legitimación del colectivo abogadil consagrado por norma expresa al Colegio Público. La indiscutible historia de la Federación en pos de la defensa de los derechos humanos le brinda un importante lobby comunicacional, pero la transcripción señalada, la mención de la ley de creación y matrícula obligatoria del Colegio Público –con sus derechos y obligaciones– en el segundo párrafo del considerando 14, son sustancialmente materia del fallo, que legitima definitivamente al Colegio Público (o colegios con control matricular) como los actores principales en la defensa de los derechos de TODOS los abogados.




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