Entrevista al Dr. José Iglesias

¿Qué se siente a tres años de la masacre?

Se me cruzan multiplicidad de emociones. En primer lugar, el dolor de padre sigue intacto como a los minutos de ocurrido el hecho, la diferencia es que uno aprende a convivir con esa herida abierta. El duelo es algo imposible cuando se pierde un hijo. Por otra parte, experimento frustración en relación al proceso en el que hemos ido destapando grandes ollas de corrupción que se mantienen. Tres años después los controles de los locales de baile, shoppings, supermercados, salas de teatro siguen sin cumplirse. A los familiares de las víctimas sólo los pequeños cambios en la realidad logran consolarnos un poco.

¿Cuál es el estado de los sobrevivientes?

Recién hace dos semanas se firmó un plan de salud para su atención, o sea que transcurridos tres años aún no se implementó. Los efectos sobre esos seis mil chicos son irreversibles y la ciudad se ha olvidado de ellos. De hecho, este año murieron dos sobrevivientes. Asimismo, los familiares no recibieron la contención necesaria. En total, seis madres y un padre han fallecido, tres de ellos por recidivas de cánceres superados.

¿Cómo se desarrolló el rescate de las víctimas?

Si lo analizamos en retrospectiva, evidenció que la Argentina es República de Cromañón.

Los primeros en arribar fueron los bomberos, muchos de ellos no sabían como proceder, se paralizaron. Otros intentaron rescatar sobrevivientes y en esa tarea uno murió. Fueron con autobombas –alguna incluso fuera de funcionamiento-, no obstante, en principio deberían haber extraído ese gas que estaba bajando y lo peor es que en una situación similar hoy procederían igual.

Ante la incapacidad para salvar gente, muchos chicos decidieron entrar. Iban ubicando a los rescatados en la vereda y allí tendría que haber habido médicos para darles la primera asistencia: oxígeno. Las ambulancias del SAME llegaron treinta minutos después, entonces para el traslado se utilizaron colectivos, autos particulares, policiales. Pedro, mi hijo, que estaba en la parte superior derecha, fue sacado vivo alrededor de las 12.30. Lo transportaron en un camión de Infantería personas que no sabían ni hacer una traqueotomía, ni poner una cánula. Yo no sé si se podría haber salvado, pero estoy seguro que tenía derecho a la chance.

En definitiva, pude concluirse en que el operativo incrementó el número de víctimas. Mientras se desarrollaba, el jefe de comité de crisis que era Aníbal Ibarra estaba averiguando quién era el fiscal que intervenía y concentrando la difusión mediática de la tragedia. Por eso, la persona que permaneció a su lado era el subsecretario de Comunicación Social. Por su parte, Alfredo Stern, que era el secretario de Salud de la Ciudad, salió veinte veces por televisión en el lapso de una hora, por ende, entre las 12.15 y 1.15 hs. estuvo ocupado en hablar.

¿A partir de qué elementos surge la versión acerca del funcionamiento de una guardería?

Al ser la noche del 30 de diciembre, cuatro de los empleados de República de Cromañón que atendían la barra fueron con sus mujeres e hijos, esos son los niños que murieron. Ante la aparición de sus cuerpos circuló esa idea falsa. Más tarde el tema se explotó políticamente porque la mejor manera de reasentar la responsabilidad es llevarla hacia la víctima. A esta información incorrecta usado por los adversarios, se le debe sumar la alimentación de otras leyendas como el de la división dentro de los padres respecto de la responsabilidad de Callejeros y la ocupación de la calle Bartolomé Mitre.

¿Qué se pudo probar en el expediente?

En principio, que la habilitación del local fechada en 1997 se realizó con un plano falseado con la intención de convertirlo en un lugar de baile clase “C” para lo cual tenía que tener una superficie de 1.500 mts2, mientras el lugar poseía 1.800 mts2. En la actualidad, el arquitecto que firmó el plano puede seguir trabajando dado que ya prescribió la acción penal.

Más aun, en el momento en que se inicia el trámite de habilitación, la municipalidad hace una inspección y lo clausura por tener comunicación con el hotel. En el 2004 ese expediente, aunque cajoneado, estaba vigente. A su vez, el local tenía el certificado de bomberos vencido un mes y medio atrás y hacía un año y medio que no tenía inspecciones, cuando las mismas deben efectuarse cada 120 días.

También se demostró que la capacidad estaba excedida: era para 1031 personas y entraron 5000. Para esa suma, las puertas de emergencia eran insuficientes. Por otra parte, el techo poseía guata y media sombra, materiales combustibles. Omar Chabán tenía plena conciencia del riesgo que implicaban porque había tenido incendios anteriores y en lugar de parar el lanzamiento de bengalas, se dedicó a atender la barra. Esta trampa mortal se completa con la inexistencia de lanzadores de agua, con una central de detección de incendio que no avisaba a ningún lugar, ventanas tapiadas, boqueras para salida de aire en el techo cubiertas por canchas de fútbol, una puerta de salida alternativa cerrada con candado y pasador. Y continuando con las irregularidades, las mangueras de incendio estaban pinchadas, quince matafuegos eran inservibles y en el piso superior, por su superficie, debería haberse colocado una salida independiente hacia la calle, cuya falta derivó en una masa que bajó por la escalera con los consecuentes tropiezos.

¿Considera que Callejeros posee una cuota de responsabilidad por lo acaecido?

Efectivamente, por ser empresario esa noche y tener la seguridad a cargo. Había un contrato en el que Chabán tenía el 30% de la recaudación –por dar el lugar y vender las bebidas- y Callejeros el 70%. La banda está procesada por estrago doloso al ser organizador del espectáculo. No eran pobres músicos sino empresarios con posibilidad de parar todo. Aparte, son los que ingresaron las bengalas dado que sus invitados que iban al VIP no eran revisados durante el control. Ellos se presentaban a sí mismos como “el grupo más bengalero”. Resulta elocuente que precisamente ese recital haya sido anunciado en una revista como “Festival de bengalas”.

¿Hay policías procesados?

El entonces jefe de la comisaría séptima y su segundo, y dos suboficiales de esa seccional. Los primeros por cohecho –uno también por estrago- dado que cobraban una coima que tenía que ver con la cantidad de personas. El exceso de capacidad es una contravención y en ello tiene jurisdicción policía. Le daban $100 por cada 500 asistentes una vez superado el límite, entonces era un negocio para la policía que hubiera la mayor muchedumbre posible.

¿Y funcionarios?

Hay cuatro del gobierno de la ciudad imputados. Tres en el juicio oral, se trata de la subsecretaria de Control Comunal, la entonces directora general adjunta de Fiscalización y Control y el ex secretario de Seguridad que por casación ahora está procesado por homicidio culposo con recursos en la corte. Deberían ser muchos más pero la jueza Angélica Crotto hizo lo posible para que el número sea ínfimo.

¿Se registraron adelantos respecto a la identificación de quien tiró la bengala?

Una parte de la causa se llama “el legajo de la bengala”, que es una profunda investigación que incluyó la reconstrucción gráfica de rostros y se manejaron tres hipótesis, descartadas a partir de una pericia de la División Rastros de la Policía Científica. Poco tiempo atrás se reimplantó el secreto de sumario. En el tiempo transcurrido, no se logró individualizar al responsable. Lo que se descarta absolutamente es que haya sido uno de los muertos, entre otras cuestiones, por los testimonios, la ubicación.

¿Cuántos son en la actualidad los grupos querellantes?

Cuatro. El Código Procesal impone que cuando hay una parte acusadora múltiple hay que unificar las querellas para evitar que resulten inmanejables. Dado que eran aproximadamente 1500, al principio, la Dra. Crotto impuso reunirlas en nuestro sector. Después hubo un conjunto en desacuerdo y abrió otro grupo y más tarde se armó un tercero. Finalmente, un cuarto decidió no reclamar penalmente contra Callejeros. Así, el sistema funciona con estas alternativas y todo aquel que no elige viene al mío por ser el concentrante.

¿De quién era Cromañón?

El 5 de diciembre está citado a indagatoria el dueño, Rafael Levi, un empresario textil con otros negocios de considerable potencia económica. Este era un objetivo que nos planteamos desde febrero de 2005, cuando un prolijo trabajo de investigación de quien era inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, señaló a Levi y a Raúl Vengrover como propietarios del local. Nissen descorrió el velo que nos permitió llegar a ellos. Ahora bien, según descubrimos Levi no era sólo el dueño porque serlo no es imputable penalmente, además era socio de Chabán en el negocio de los recitales y fue junto a él el creador del riesgo. Según descubrimos, estuvo en Cromañón a la una de la mañana, llegó al hotel acompañado de su abogado, retiró dinero e increpó al conserje por haber dejado subir a los bomberos y se fue. La noche del 31, junto con otra persona que se desconoce su identidad, estuvo en la puerta de donde funciona su empresa textil -a seis cuadras del boliche- y arrojó dos enormes bolsas de papeles al camión de la basura. También borró las páginas de Internet en las que ofrecía el local como parte del hotel. En un sitio familiar encontré un video de la inauguración del local en el que puede verse a Callejeros con bengalas. Esto se documentó con un escribano. Durante una licencia de Crotto, hallé un apunte de la negociación del contrato y el Dr. Baños lo llamó a indagatoria.

¿Cuál debería haber sido la actitud de Ibarra al enterarse del incendio?

Esa noche tendría que haber estado ahí, o al menos al otro día debería haber ido a visitar los hospitales, gestión que nunca llevó a cabo. Su primera aparición pública fue con los empresarios en una conferencia de prensa el 3 de enero y no con las víctimas. Sólo pensaba en cómo difundir mediáticamente lo ocurrido para aminorar el impacto.

Transcurrido un tiempo, convocó a algunos familiares, muchos asistieron con el único fin de descargar su bronca, a otros trató de comprarlos. Logró su cometido en dos casos y aprovechó para mostrarse con ellos en toda ocasión posible.

Al evaluar el proceso de juicio político, ¿cómo juzga la actuación de la legislatura porteña?

Cuando iniciamos esta cruzada yo tenía un mal concepto de los políticos. No obstante, en esa oportunidad el macrismo, la izquierda y el Ari me demostraron lo contrario. Me acuerdo que en un programa me crucé con Milcíades Peña –que perdió a su ahijado en la tragedia- y lo maltraté… cuando él se entregó por esta causa.

Ahora bien, resulta repulsivo que al año de haber sido destituido, Ibarra sea parte de la misma legislatura que lo destituyó. Además, esa destitución fue fruto de un proceso en el que intervinieron 65 diputados de distintas extracciones, validado por el tribunal superior de la Ciudad. Por ende, no lo derribó sólo la derecho, como él afirma.

Ante esta evidencia, mi apreciación es ambigua porque si bien cierta cobardía de los legisladores hizo que no le dieran la inhabilitación, también reconozco que hicieron lo que debían.

¿Notó variaciones a partir de la destitución?

Si bien se puso algo de orden en el área de control comunal, no se atacó el problema más terrible que es la corrupción. En consecuencia, la organización administrativa del sistema funciona como una hermosa cáscara que va a dar muy mal olor. Al poder comprar un plano de prevención de incendio se está jugando con la vida, y eso hoy sigue siendo posible. Lo que ha ocurrido después de esto es que la coima es más cara.

El gobierno de la ciudad es un sistema de cajas, una de ellas es el Casino Flotante -que no lo puede inspeccionar nadie-, La Rural, las plazas, obras públicas, los subtes, hospitales, el Instituto de la Vivienda…

¿Qué opina acerca de la actuación de la justicia?

La justicia penal que tenemos es lamentable. Salvando excepciones, hay jueces que reciben expedientes que “queman” por la denuncia y en lo primero que piensan es en declararse incompetentes, o toman una causa por corrupción y la dinamitan para convertirla en sesenta distintas. Y estas decisiones muchas veces están guiadas por factores políticos. Un claro ejemplo es el de ex jefe de gobierno, dado que si uno lee la causa no entiende las razones por las que Ibarra no está procesado. Al ser sobreseído comenzamos las apelaciones hasta llegar a casación, oportunidad en que me reuní con uno de los jueces que me dijo: “Hay que negociar”, se refería a procesar al ex secretario de Seguridad Juan Carlos López para tener libre a Ibarra.

¿Existen antecedentes?

Sí, la Puerta 12 de River ocurrido en junio de 1968 y el boliche Keivis. La causa penal de la Puerta 12 se dirigió contra el comisario deportivo y duró un mes para culminar en sobreseimiento. Los juicios civiles terminaron dos o tres años atrás, es decir, más de treinta años después. El historial lo completa Keivis, que pasó hace doce años. La causa penal está prescripta y los padres asisten atónitos al ascenso de los funcionarios que contribuyeron a la muerte de sus hijos en la estructura municipal del intendente cuyo secretario de Salud era el mismo que tenía Ibarra al momento en que sucedió la tragedia de Cromañón. Asimismo, a las causas civiles les faltan enormes pruebas para llegar a la sentencia, que aunque se supone de reparación, será quizá dentro de cinco o seis años.

¿Cuál es su valoración de la cobertura que hicieron los medios?

En oportunidades se registró un vallado, por ejemplo, el juicio oral a los bomberos por venta de certificados se está desarrollando en este momento sin difusión y al no salir en los diarios no se instala en agenda.

¿Desde qué lugar el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal puede realizar su aporte?

Uno de los temas principales que involucra a la institución se generó ya en la noche del 30, 31, cuando padecimos que los “cuervos” –ya que no son abogados- vinieran a entregar tarjetas. Mi hijo recibió cinco en un rato. Yo hice una denuncia en el tribunal de disciplina a dieciséis profesionales y como me parecía de relevancia pedí una audiencia en el 2005 y quien era el presidente me recibió. Le expresé que consideraba que el Colegio tenía que manifestar su condena. Sin embargo, no recibí respuesta. Tampoco hubo acciones del tribunal y después entendí los motivos: casualmente había muchos nombres en el Colegio que se repetían entre aquellos vinculados con Aníbal Ibarra.

Con ese antecedente, valoro el espacio que esta dirigencia me otorga para terminar con los mitos que alejan a la comprensión de la gente y la ubica en una posición lejana a lo ocurrido, como si no le pudiera acontecer lo mismo.

¿Se puede evitar otro desastre?

Al menos el intento debe comenzar por derribar la actitud pasiva. A pesar de que el sistema desaliente la denuncia, hay que reaccionar, involucrarnos, no pensar que la corrupción es un tema marginal y combatirla. A tres años de Cromañón hay poca concientización y el sistema de coimas sigue existiendo.

Por nuestra parte, los familiares de las víctimas tratamos de aportar desde la experiencia y acercarnos a quienes pueden cambiar algo, como ser quien iba a ser la futura autoridad de Control Comunal, a funcionarios de salud, educación – aspecto que nos interesa fundamentalmente-, y en muchos casos alcanzamos recepción.

No me anima un espíritu de venganza, pero quiero que se haga justicia por la función que debe tener una pena: dar un mensaje a la sociedad de la necesidad de adherirse al sistema jurídico y no de contradecirlo.




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