Propiedad intelectual: De las normas aplicables al procedimiento civil y penal

Artículo 85 B. El titular de los derechos reconocidos en esta ley tendrá, sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan, acciones para pedir:

  • a) El cese de la actividad ilícita del infractor.
  • b) La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados.
  • c) La publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado, mediante anuncio en un diario de circulación comercial de la Región correspondiente, a elección del perjudicado.

Artículo 85 C. El tribunal, a solicitud del perjudicado, ordenará que los ejemplares que hubieren sido producto de alguna infracción o delito contenido en esta ley sean destruidos o apartados del comercio.

Estos ejemplares sólo podrán ser destinados a beneficencia por el tribunal cuando cuente con autorización del titular de los derechos.

En este caso, el tribunal podrá decretar las medidas necesarias para garantizar que no reingresen al comercio, ordenando el marcado de los ejemplares y decretando la prohibición de enajenarlos por parte del beneficiario.

Artículo 85 D. El tribunal podrá ordenar, en cualquier estado del juicio, las siguientes medidas precautorias:

  • a) La suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución, representación o cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora.
  • b) La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, incluyendo la prohibición de publicitar o promover los productos o servicios motivo de la presunta infracción.
  • c) La retención de los ejemplares presuntamente ilícitos.
  • d) La retención o secuestro de los materiales, maquinarias e implementos que hayan sido destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos, o de la actividad presuntamente infractora, cuando ello sea necesario para prevenir futuras infracciones.
  • e) La remoción o retiro de los aparatos que hayan sido utilizados en la comunicación pública no autorizada, a menos que el presunto infractor garantice que no reanudará la actividad infractora.
  • f) El nombramiento de uno o más interventores.
  • g) La incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución, hasta el monto correspondiente a los derechos de autor que establezca prudencialmente el tribunal.

En lo no regulado por el inciso precedente, la dictación de estas medidas se regirá por las normas generales contenidas en el Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil.

Las medidas establecidas en este Artículo podrán solicitarse, sin perjuicio de las medidas prejudiciales de los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento Civil, como medidas prejudiciales, siempre que se acompañen antecedentes que permitan acreditar razonablemente la existencia del derecho que se reclama, el riesgo de una inminente infracción y se rinda caución suficiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 85 E. Al determinar el perjuicio patrimonial el tribunal considerará, entre otros factores, el valor legítimo de venta al detalle de los bienes sobre los cuales recae la infracción.

El tribunal podrá, además, condenar al infractor a pagar las ganancias que haya obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios.

Con independencia de la existencia de un perjuicio patrimonial, para efectos de la determinación del daño moral, el tribunal considerará las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión, el menoscabo producido a la reputación del autor y el grado objetivo de difusión ilícita de la obra.

Artículo 85 F. Al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, el tribunal podrá ordenar, a petición de parte y sin perjuicio de los derechos que puedan hacer valer terceros, la incautación y entrega al titular del derecho del producto de la recitación, representación, reproducción, ejecución o cualquier otra forma de explotación ilícita.

Artículo 85 G. Existirá acción pública para denunciar los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 85 H. Se presume, salvo prueba en contrario, que el derecho de autor y los derechos conexos subsisten sobre una obra o fonograma, cuya fecha de su primera publicación sea inferior a setenta años.

Sin embargo, no será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior respecto de aquellas obras y materias afines que hayan pasado al dominio público por expiración del plazo de protección de acuerdo a esta ley o a leyes anteriores.




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Un comentario en Propiedad intelectual: De las normas aplicables al procedimiento civil y penal

  1. María Aurora Carbonell Dice:

    Consulta sobre propiedad intelectual

    Hola,

    Primero, gracias por aceptar mi consulta.

    Hechos

    Soportada en un contrato con duración máxima de tres años (no prorrogable de modo tácito o implícito), en el año 2008 publiqué una obra literaria de mi autoría con una editorial española; los derechos cedidos abarcaron la comercialización digital y en papel para todo el mundo en exclusiva.
    Ya vencido el contrato en el 2011, contacte a la editorial advirtiéndole por escrito y mediante un Requerimiento (poseo constancia de la recepción) que se abstuvieran de continuar con la explotación y realizara el pago de los derechos de autor que ni uno solo ha efectuado, sin embargo, su dueño a pesar de que verbalmente mostró interés por cumplir con lo que se le exigía a su editorial, esta continuó hasta el presente con la comercialización en INTERNET, incluso ha duplicando su inserción en más portales de venta (librerías online), y según información que en estos mismos portales se recoge a autorizado a compañías basadas en otros países a que comercialice obras de su catalogo editorial, incluida la mía, ampliando los canales de oferta de un modo mas masivo. En dichos portales por lo general la oferta esta basada en un resumen de la obra, mi currículo, se muestra la portada (información tomada integra de la propia obra) y el precio en la moneda del país desde donde se oferta o su equivalencia en USD y Euros.
    Desde un inicio la obra se ofrece en dos soportes: la impresión física en papel, que contempla lo que se conoce por print on demand (POD) o impresión bajo demanda, y en formato digital (el archivo que contiene la obra digitalizada), ambas opciones se pagan con tarjetas de crédito. Hasta el presente no me he comprometido ni de palabra ni por escrito con otra editorial para publicar la misma obra.

    Pregunta:

    ¿Realmente la editorial ha cometido o cometen algún delito contra la propiedad intelectual, o estamos en presencia de una simple apropiación indebida que ni daría siquiera justificación para encausar el caso por la vía penal?

    Teniendo en cuenta la legislación española considere que en un momento determinado los autoricé a reproducir y comercializar para cumplir con la letra de un contrato que hoy ya hace más de tres años venció. Por favor, de ser posible fundamente la respuesta citando alguna sentencia sobre un caso similar que respalde su punto de vista, o dígame con que palabras claves o en qué portales podría hacer yo mismo la búsqueda online en ese sentido, pues desconozco la materia. No se apresure en responder, tómese su tiempo.

    Muchas gracias,

    María Aurora

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