Proyecto de Código Procesal Civil

El director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica expone sus puntos de vista sobre la iniciativa enviada al Congreso para modificar el procedimiento civil, dando cuenta de sus innovaciones y los aspectos que requerirían de una mayor profundización.

En solemne ceremonia realizada el 18 de mayo pasado, la señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, firmó el Proyecto de Ley que establece el nuevo Código Procesal Civil. Este Proyecto fue elaborado gracias al trabajo de un grupo de académicos de distintas universidades, magistrados, funcionarios del Ministerio de Justicia y abogados destacados por este mismo Colegio, por el Consejo de Defensa del Estado y por el Instituto Chileno de Derecho Procesal, organizados bajo el Foro de la Justicia Civil, que inició sus funciones en mayo de 2005.

Es interesante advertir al lector que estamos ad portas de un cambio radical y trascendental en nuestra justicia civil, que modificará la forma de ejercer nuestra actividad profesional y la de nuestros jueces y, en general, cambiará toda una cultura jurídica formalista insensatamente aferrada a un modelo jurisdiccional elaborado en la segunda mitad del siglo XIX, para las necesidades de la sociedad de esa época.

Ciertamente, las características de nuestro actual procedimiento civil no se avienen con la modernidad, y prueba de ello son los graves defectos que a diario constatamos y que, sin entrar en detalles, determinan una respuesta jurisdiccional burocrática, lenta, tardía, ineficaz, de baja calidad, que favorece la litigación irresponsable y de mala fe, sin costo para el abusador. Esto no es teoría, es la pura realidad. Ya se sospechará entonces que el cambio que se postula es y debe ser mayor.

No se piense, empero, que el Proyecto en comentario satisface por sí solo estas aspiraciones. En efecto, debe dimensionarse con claridad que, si bien se trata de una pieza muy importante de la reforma a nuestra justicia civil, es sólo una parte de un sistema mucho más amplio y ambicioso para enfrentar el fenómeno de la actual litigiosidad civil.

Ese amplio Proyecto abarca, entre otros, un sistema alternativo de solución de controversias por vías autocompositivas, el fortalecimiento del arbitraje y el diseño de una nueva estructura orgánica que dé al sistema viabilidad y sustento. Falta por consiguiente avanzar en todas esas materias, lo cual sumado a la tramitación y estudio del Proyecto en comentario en el Congreso Nacional, darán al lector una idea de los tiempos que tardará el funcionamiento pleno de la nueva institucionalidad procesal a la que se aspira.

Entrando de lleno al Proyecto, éste parte por sustituir su denominación de “Código de Procedimiento Civil” por el de “Código Procesal Civil”, que expresa de mejor forma el ámbito de regulación, no reducido, por cierto, al mero procedimiento.

El Proyecto tiene 508 artículos permanentes –cada uno con un título que indica su contenido más un artículo transitorio que resuelve el conflicto de ley en el tiempo.

Las innovaciones que se vienen

Los aspectos políticoprocesales más relevantes en que innova esta iniciativa son los siguientes:

En primer lugar, debe destacarse que el Proyecto –siguiendo experiencias comparadas se articula en torno a ciertos principios procesales básicos que se suponen expresivos de las garantías mínimas que conforman la actual noción de “debido proceso”, concretando aquello que la norma constitucional no describe.

De esta forma, y con implicancias en la interpretación e integración de las normas procesales, se positivizan entre otros, los principios de igualdad de armas, de buena fe procesal y de publicidad, al paso que en los procedimientos se opta por la preponderancia de la oralidad, de la inmediación y de la concentración y continuidad de las audiencias.

En segundo lugar, se fortalecen las facultades del Juez de primera instancia, quien asume en propiedad un rol directivo del proceso. Ello se expresa de múltiples maneras, en un amplio control liminar de los presupuestos de existencia, validez y eficacia de la demanda y, en general, de los escritos de postulación, en el impulso procesal de oficio, en la posibilidad de tutela anticipada en casos extremos y en sede cautelar, en el otorgamiento de cautelares diversas a las solicitadas y menos gravosas, etcétera.

No obstante, constituye un empoderamiento superior, las amplias atribuciones del Juez para ordenar diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, la ejecutabilidad provisional de sus resoluciones, la atribución ex ante de la carga probatoria a una de las partes y la apreciación de la prueba con arreglo a la sana crítica, como régimen subsidiario general. Lo anterior se compensa con un régimen de fundamentación de la sentencia muchísimo más exhaustivo, lo que favorece su control, especialmente, por el Tribunal de alzada.

En tercer lugar, se avanza en la generación de un estatuto procesal propio y autonómico, que incorpora modernas instituciones procesales de amplio reconocimiento dogmático y jurisprudencial, pacíficas en el derecho comparado.

Así, se establecen normas sobre capacidad procesal, litis consorcio necesario, sucesión de partes, agencia oficiosa procesal, representación de intereses difusos y colectivos, aplicación de normas procesales, acumulación de acciones, actos procesales y su forma de registro en imagen y sonido, notificación electrónica, incorporación de la legitimación e interés, como límites al ejercicio del derecho de acción, etcétera.

De gran importancia resultan las nuevas normas probatorias que procesalizan esta temática, hoy situada en zonas fronterizas con el derecho material. De esta forma, se liberalizan los medios probatorios, regulándose algunos de estos en una línea más abierta. Por ejemplo, se termina con la inhabilidad de los testigos, se contemplan los peritajes acompañados por las partes, se acaban los rígidos mecanismos de absolución de posiciones y minutas de preguntas, las que se sustituyen por el interrogatorio libre, etcétera.

Ello es compatible con el régimen general de valoración de la prueba conforme a la sana crítica, el cual reconoce excepciones en materia de actos y contratos solemnes y, en general, respecto de instrumentos públicos y privados reconocidos.
Finalmente, se contemplan normas sobre carga de la prueba, la que se atribuye indistintamente a quien pretenda beneficiarse con los efectos jurídicos de la norma que invoca, sin perjuicio de que el Juez atribuya esa carga a una de las partes, en función de la disponibilidad y facilidad probatoria con que cuente, carga de la cual deberá advertir a la parte en la audiencia preliminar.

El procedimiento: escritura y oralidad

En cuarto lugar, el Proyecto establece un procedimiento declarativo ordinario, aplicable supletoriamente a falta de regla especial, que adjudica razonables dosis de escritura y oralidad por medio de audiencias, en las que resulta preceptiva la presencia del Juez, bajo sanción de nulidad de la misma.

Así, el período de discusión es escrito (como también las gestiones prejudiciales con que haya podido iniciarse), con posibilidades de reconvención, pero sin réplica ni dúplica, debiendo las partes acompañar en sus escritos de postulación toda su prueba documental y proponer taxativamente el resto de su prueba, con indicación de su propósito.

Le sigue una audiencia preliminar, depuradora de las excepciones procesales –ex dilatorias , en que se ratifican los escritos del período de discusión, pudiendo aclarar su contenido e, incluso, alegar hechos nuevos; se llama a conciliación; se fija el objeto del proceso; se fijan los hechos que requerirán prueba; se determinan las pruebas que se admitirán en el juicio; se permite recibir eventualmente prueba anticipada; se pueden decretar medidas cautelares y se fija la fecha de la audiencia de juicio.

Luego, en la audiencia de juicio, se rinden las pruebas admitidas, las partes formulan sus conclusiones y el Juez debe comunicar de inmediato su decisión, pudiendo diferir por cinco días la redacción misma del fallo. Finalmente, la sentencia es pasible del recurso de apelación, que se plantea asimismo por escrito.

El procedimiento sumario, sin grandes variaciones, es correlato abreviado de esta misma estructura

En materia de procedimientos ejecutivos, se desjudicializa la ejecución, la que pasa a ser un trámite administrativo a cargo de un “oficial de ejecución”, quien examinará el título y despachará la ejecución mediante resolución de carácter administrativo. El ejecutado podrá oponerse mediante demanda de oposición, en cuyo caso se judicializará el asunto, suspendiéndose el apremio, pero manteniéndose vigentes los embargos y medidas de garantía que se hubieren decretado.

Se crea finalmente un procedimiento monitorio simplificado, sin base documentaria, para el cobro de deudas que no excedan de 250 UTM.

La doble instancia

En quinto lugar, el proyecto se articula sobre la base de que el derecho subjetivo de acción que da origen al proceso jurisdiccional y que tiene como correlato la obligación del Estado de satisfacerlo, se agota con ofrecer al justiciable una doble instancia.

Es decir, se termina con el acceso indiscriminado al recurso de casación, el cual, bajo una nueva denominación de “recurso extraordinario”, estará básicamente centrado en la protección del ordenamiento jurídico por la vía de resguardar la uniformidad de la doctrina jurisprudencial, o la generación ex novo de esa doctrina en los casos en que no exista.

La Corte Suprema ejercerá esa labor, que se extenderá también a hipótesis de vulneración sustancial de garantías constitucionales y de sentencias “notoriamente injustas”, seleccionando a su arbitrio los casos que le interese conocer teniendo en consideración el interés público comprometido, ejerciendo lo que se conoce en el derecho anglosajón como cerciorari.

A la segunda instancia –básicamente revisora se accederá como es habitual por medio del recurso de apelación, el cual permitirá recabar una nueva decisión de mérito, denunciar infracciones jurídicas sustantivas y también vicios procesales, antiguamente previstos como fundamento del recurso de casación en la forma, el cual desaparece.

Este recurso, por generalísima norma, se otorgará en el solo efecto devolutivo, de manera que, con igual amplitud, podrán ejecutarse provisionalmente las resoluciones que causen ejecutoria –salvo en situaciones fácticas de imposibilidad de deshacer lo hecho. Lo anterior, sin necesidad de rendir caución, pero haciéndose responsable el solicitante, de los perjuicios que se cause en el evento de revocación de la sentencia, los cuales serán establecidos en sede incidental.

Sin duda, los cambios que postula el Proyecto son muy positivos, en tanto se sitúan en línea con los ya experimentados en materia procesal penal, laboral y de familia, los que a su vez coinciden, en general, con los modernos criterios que se avienen con la noción que hoy se tiene del “debido proceso”.

Sin embargo, lo he dicho antes, creo que al Proyecto le ha faltado un tiempo de mayor estudio y reflexión, pues se evidencian vacíos, contradicciones y ciertas desprolijidades impropias de un texto que debe caracterizarse por su total coherencia interna.
Importante habría sido, además, una más amplia socialización del anteproyecto ante otras instancias universitarias, judiciales, gremiales y de instituciones preocupadas del quehacer jurídico a lo largo del país, las que han estado virtualmente ausentes.
En fin, como toda obra humana es perfectible y habrá oportunidades para ello durante su tramitación en el Congreso Nacional.




Califica este Artículo:
0 / 5 (0 votos)




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *