Sernac Financiero

¿Considera adecuado el fortalecimiento de las actuales funciones y atribuciones del Sernac en las áreas financiera, de telecomunicaciones y transporte, o a su juicio se requiere la creación de un Sernac Financiero como un organismo independiente?

Desde siempre, el legislador ha reconocido que ciertas actividades, por lo específico de su quehacer, requieren de legislaciones especiales y, por ende, un organismo fiscalizador también especial y específico, como por ejemplo la Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de AFP, etc.

Por ello, debido al carácter particular de la actividad bancaria, soy partidario de que se dote a la Superintendencia de Bancos de atribuciones claras en estas materias, sin necesidad de crear un ente independiente, distinto, que se ha conocido como el Sernac Financiero.

Una de las críticas que se ha hecho a este nuevo proyecto es que las atribuciones y facultades anunciadas respecto a fiscalizar, instruir, informar, multar y sancionar, ya están vigentes para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Está de acuerdo con esta opinión?

La Superintendencia de Bancos tiene una amplia y completa gama de atribuciones en materia de fiscalización de los bancos y otras instituciones sometidas a su fiscalización, a los que obliga a cumplir de manera cabal toda la legislación vigente en todas las materias.
Sin embargo, en lo que se refiere a las normas de protección del cliente bancario, en mi opinión la ley actual no es lo suficientemente precisa, lo que ha generado algunas tensiones inadecuadas entre los distintos entes fiscalizadores.

El proyecto presentado obliga a las superintendencias a informar al Sernac el resultado de las investigaciones iniciadas por denuncia de éste. ¿Esto implicará que las superintendencias mantendrán el control de la función sancionatoria, de modo que prevalecerá su criterio antes que el del Sernac?

En mi opinión, este proyecto de ley no resuelve en forma adecuada los problemas que genera actualmente la contratación masiva y los temas vinculados a la protección de los clientes, produciendo una dualidad de funciones, con la complejidad de los distintos criterios que muchas veces tienen los organismos fiscalizadores.

Por eso soy partidario de dotar a las actuales Superintendencias de atribuciones claras, precisas y completas en estas materias, con pleno conocimiento respecto del área específica de que se trata, asignándole al Sernac un rol de coordinador e informador, pero no sancionador en las áreas específicas.

¿Cree que el actual proyecto contiene una suficiente ampliación de sus facultades legales como para proteger efectivamente a los usuarios de posibles prácticas abusivas y engañosas, o bien es necesario dotarlo de una mayor institucionalidad?

Como indiqué anteriormente, no soy partidario del diseño que se ha escogido para proteger a los usuarios de posibles cláusulas abusivas y engañosas, por cuanto no reconoce adecuadamente la especificidad de ciertas actividades y permite la coexistencia de dos entes fiscalizadores sobre la misma actividad, con criterios y objetivos diferentes, generando indeseadas tensiones.

Por ello, soy partidario de generar una institucionalidad que abarque de manera íntegra todo lo relativo a la protección del consumidor, con reglas claras, precisas y específicas para cada sector, respetando lo propio de su actividad no es lo mismo otorgar un crédito y/o contratar una cuenta corriente que comprar calzado, bajo la coordinación de un ente que entregue la información y organización necesaria para que exista armonía entre las distintas actividades y reguladores.

¿Está de acuerdo con que el nuevo proyecto establezca la posibilidad de reserva de identidad del denunciante al Sernac, con el fin de disminuir la vulnerabilidad de los consumidores?

Pienso que en estos temas se debe actuar con responsabilidad, sobre todo en una economía en donde la gran mayoría de los empresarios actúan de buena fe, en cumplimiento de las normas legales vigentes. Construir una marca puede tardar muchos años, pero puede verse destruida rápidamente por una denuncia irresponsable y carente de fundamento.

En ese sentido, y dado el actual régimen en que se desenvuelve la actividad económica en Chile, principalmente por su alto grado de competencia, no soy partidario de denunciantes ocultos.