Abogado ilustre Eduardo Novoa Monreal

La historia tiene su ritmo y reintegra al tiempo generoso la templanza y la comprensión que nos permite descubrir los dones y la solidez intelectual de este jurista de experiencia y magisterio estimulante, cuya figura se enriquece con los años, movilizaban, producto de las convulsiones sociales de la época, los campesinos y los trabajadores de las fábricas aledañas, con el consiguiente descalabro que nos empujó al enfrentamiento corrosivo y culminó llevándonos al fondo de la quebrada institucional.

Hombre identificado con una visión de izquierda, asesor del gobierno de la Unidad Popular, de pensamiento complejo, cabalmente honesto, plenamente consecuente y fiel con sus ideales, procuró alcanzar la alta cima del conocimiento jurídico para intentar legitimar y abrir paso a las transfor-maciones sociales y económicas a que aspiraba, dentro del espacio y con los instrumentos que le permitía el escenario legal vigente, situación cuyo resquebrajamiento venía denunciando mucho antes de la coyuntura de 1970, por tratarse de una crisis de frondosidad del sistema legislativo que venía incubándose, según él, desde la época del Gobierno de Ibáñez.

“Allende no estaba dispuesto a violar el ordenamiento jurídico del país. La tarea que me había encargado era particularmente difícil, porque en un país con legislación añeja y de raíz burguesa debía yo buscar elementos normativos que permitieran transformar la economía chilena en forma sustancial.” Años tuvieron que pasar para que Eduardo Novoa Mon-real (Arica, 1916 – Santiago, 2006), prisionero preterido de esos sucesos y de ese simbólico sortilegio formalista denominado los “resquicios legales”, como metafóricamente se conocía al Decreto Ley N° 520 de 1932, dictado en la República Socialista de Carlos Dávila para consumar la requisición de industrias y la formación del “área de propiedad social” (“El Mercurio”, Sábado 14 de Agosto de 1971, opiniones y debate del Presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñan, y del Profesor Juan Carlos Dörr Zegers), volviera a emerger palpitante con la acción y la palabra, redimido con toda justicia al sitial de destreza, preparación y de incomparable habilidad jurídica que totalizan su biografía como un abogado completo, teórico del derecho, abogado penalista de excelencia nacional e internacional, a quien nada del calidoscopio humano le fue ajeno y que ocupa un lugar permanente en nuestra profesión y en el de las generaciones sucesivas, como lo demuestran recientes estudios en homenaje a su memoria.

La historia tiene su ritmo y reintegra al tiempo generoso la templanza y la comprensión que nos permite descubrir los dones y la solidez intelectual de este jurista de experiencia y magisterio estimulante, cuya figura se enriquece con los años.

Su obra prolífica, enjundiosa y reconocida, desde libros hasta artículos de doctrina, nos conducen desde el umbral de su “Curso de Derecho Penal”, que aún tras varias ediciones sirve de pórtico a esta disciplina en muchas de las escuelas de Derecho del país, atravesando, entre otras, por su ensayo “El Derecho como obstáculo para cambio social”, que nos presenta su tesis copernicana acerca de la construcción de un “socialismo jurídico”.

También está la amena y muy recomendable recopilación de sus “Grandes Procesos”, en la que logra reunir los atributos de una pluma fácil en correspondencia con una narración fluida de casos extraídos de la práctica forense en el ámbito penal, develados a través de la fina percepción de quien tomó parte directa en ellos como abogado acusador o defensor.

Presidió el Instituto de Ciencias Penales desde 1959 hasta 1970, donde se elaboró un Código Penal Tipo para América Latina.
Fue Profesor Universitario de Teoría General del Derecho y de Derecho Penal y presidente del Consejo de Defensa del Estado desde 1970 a 1972, organismo al que había ingresado en el último escalafón, en 1937.

Asimismo, fue artífice de la reforma constitucional para la nacionalización del cobre y encabezó el equipo que defendió al Estado de Chile en los juicios entablados por las compañías mineras expropiadas por las “rentabilidades excesivas”, junto a juristas de la estatura, entre otros, de Guillermo Pumpin, Eugenio Valenzuela, Ricardo Rivadeneira, Eustaquio Martínez y Patricio González.
Ampliamente conocida resultó la intervención de Eduardo Novoa Monreal al asumir el patrocinio del gobierno alemán en la solicitud de extradición pasiva del criminal de guerra nazi Walter Rauff y que la Excma. Corte Suprema revocó aplicando la tesis de la prescripción, de conformidad a legislación nacional.

Vivió una vida sobria, sin adornos ni artificios, en compañía de su señora doña Luz Aldunate y de sus hijas María de la Luz, Magdalena y Eduardo, debiendo enfrentar un prolongado exilio en el que continuó desarrollando su función de jurista, rociando su enseñanza y su visión vertebrada del derecho, de la política y del cambio social, transplantada tanto en Venezuela como en México.

Con el grave riesgo de esta breve descripción, nos daríamos por satisfechos si pudiéramos resumir la trayectoria de nuestro homenajeado señalando que -por debajo del abanico y de las barreras o del entredicho que pudieran separar a algunos rezagados- contemplado a la distancia, fue un abogado brillante y un jurista multifacético, preocupado cabalmente por transitar con luz propia por la aventura humana y que su amor y viva vocación por el Derecho marcaron un hito en el cambio histórico de nuestro país, edificando con ilusión y sin retrocesos un mundo mejor.




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