Asistencia legal gratuita para los más pobres

¿Cómo evalúa la estructura actual del servicio de asistencia jurídica gratuita a las personas de escasos recursos?

El retraso de esta política pública en nuestro país es grave. Las principales deficiencias son la alta rotación y la capacidad de los postulantes; las malas condiciones de trabajo; las restricciones de la representación y conflictos de intereses con el Fisco; los problemas de control, evaluación y fiscalización, junto con la burocracia y centralismo; la dependencia del gobierno de turno (y el potencial riesgo de “captura” por parte del Estado) y la falta de representación jurídica en otros ámbitos fuera de lo judicial-contencioso, entre otras.

¿Qué cambios introduciría al sistema vigente? ¿Cómo debería ser la estructura del Servicio Nacional y Público de Asistencia Gratuita, proyecto en tramitación legislativa?

Lo esencial es que dicha institución esté principalmente encargada de coordinar a usuarios (demanda) con abogados (oferta). Institucionalmente, debiera poder ser un servicio independiente del poder político. El nuevo sistema debe además evitar a toda costa que se cree una oficina de abogados estatal.

¿Sería conveniente aplicar en Chile un modelo con abogados privados pagados por el Estado para brindar asesoría legal gratuita a los más pobres? ¿Podría contemplarse un bono del Estado para esta atención permitiendo la libre elección del abogado por el beneficiario?

Un sistema competitivo y transparente, sea de vouchers (bono o subsidios portables) o paquetes de causas licitadas, presenta varias ventajas. Abo­gados privados, debidamente registrados, pueden defender, con verdaderos incentivos, a personas que no pueden procurarse un abogado por sus propios medios. Los usuarios pueden elegir a su abogado y, por ello, deben poder acceder a las estadísticas e información necesaria de cada uno de ellos.

Para eso, los abogados deben ser calificados en diversos parámetros por cada actuación, tanto por la parte como por el juez, generándose así un ranking de abogados. Eso genera competencia y mejora la calidad. El Estado se limita a controlar que se cumplan los requisitos y a financiar la prestación, habiendo, por lo tanto, focalización del gasto, ya que sabremos cuánto cuesta efectivamente defender a las personas en el ejercicio de sus derechos.

Asimismo, el sistema puede abrirse en una fase posterior a personas de clase media, que muchas veces tampoco pueden acceder a un abogado, mediante un sistema de copago.

¿Qué opina del sistema de turnos que deben asumir los abogados en Chile a pesar del fallo del Tribunal Constitucional?

No existía un verdadero control del desempeño de la gestión realizada en favor del litigante pobre, y las sanciones en la mayoría de los casos o no se aplican o resultan irrisorias. La entrega de causas a recién titulados, que en una proporción muy importante carecen de los conocimientos y experiencia necesaria para enfrentar asuntos jurídicos complejos, lleva a que la atención del litigante pobre no fuera de la mejor calidad.

¿Cómo considera que deberían acceder las personas de escasos recursos a una digna asistencia jurídica gratuita?

La Defensoría se debe concentrar en determinar patrones objetivos de elegibilidad, donde el factor de “pobreza” tenga una dimensión omnicomprensiva de la situación económica y patrimonial. Los vouchers o subvención tienen un componente importante de justicia social, ya que permiten que los pobres puedan acceder a abogados de calidad que antes no podían.

¿Qué materias debería abarcar la asesoría legal gratuita para los más desposeídos?

Todo tipo de materias, y no solo las judiciales, sino también abrirse a aéreas hasta hoy abandonadas, como las comerciales (donde se podría prestar ayuda a personas de escasos recursos que quieren emprender o iniciar un negocio), hereditarias, administrativas y otras.

 Evaluación de la situación actual

¿Cómo evalúa la estructura actual del servicio de asistencia jurídica gratuita a las personas de escasos recursos?

Creo que el Sistema de Asistencia Jurídica que integran las Corporaciones de Asistencia Judicial debe ser radicalmente transformado. Conviene recordar que en Chile existe al menos un sistema distinto –el de la Defensoría Penal Pública- en materia de asistencia jurídica y el contraste entre ambos es evidente. Las Corporaciones deben dar lugar a un servicio nuevo, moderno, al servicio de las personas y que haga realidad la igualdad ante la ley.

¿Qué cambios introduciría al sistema vigente?

Como decía antes, debemos abandonar el modelo de las Corporaciones, en buena medida asociado a la práctica profesional de quienes aspiran a ser abogados, para pasar a un sistema íntegramente profesionalizado, tal como lo exigen las nuevas legislaciones procesales. No quiero decir con esto que el esfuerzo y el compromiso de los postulantes y los profesionales de las Corporaciones no sirva, sino sólo que no es suficiente para garantizar el acceso equitativo a la justicia, que es el deber del Estado en esta materia. Es el Estado el que está en deuda con su deber de proveer de asistencia jurídica.

¿Cómo debería ser la estructura del Servicio Nacional y Público de Asistencia Gratuita, proyecto en tramitación legislativa?

Es necesario crear un servicio nacional y único con presencia en todas las regiones del país, en el que se incorpore lo bueno y lo malo que hemos aprendido especialmente de la Reforma Procesal Penal, de Familia y Laboral. Por ejemplo, es evidente a estas alturas que las organizaciones más sofisticadas y eficientes vinculadas a la actuación judicial y la representación en juicio de los derechos de las personas, deben incorporar lógicas de gestión y tecnológicas que maximicen la eficiencia en el uso de los recursos públicos y en la calidad del servicio que se presta. En eso, el Ministerio Público, la Defensoría y la Corporación Administrativa del Poder Judicial tienen mucho que mostrar.

¿Sería conveniente aplicar en Chile un modelo con abogados privados pagados por el Estado para brindar asesoría legal gratuita a los más pobres? ¿Cómo se pagaría este servicio profesional?

Conviene recordar que en Chile ya existe un sistema de asesoría jurídica brindada por abogados privados pagada por el Estado, que es el que administra la Defensoría, transfiriendo un importante volumen de recursos a los abogados privados. En principio, creo que aprovechar la participación de los abogados privados en este ámbito es una buena idea, aunque echo de menos una evaluación seria, técnica y económica, de las licitaciones de defensa penal como proyecto de política pública. Esa es una condición indispensable que debemos cumplir antes de impulsar cualquier otra iniciativa en materia de transferencia de recursos al sector privado para asistencia jurídica.

Sobre las modalidades de pago, en el derecho comparado encontramos muchas fórmulas distintas, pero creo que el éxito del sistema desde el punto de vista de los usuarios no tiene nada que ver con la forma de pago y depende, en realidad, de la capacidad que el sistema tenga para supervisar y controlar la calidad del servicio.

¿Podría contemplarse un bono del Estado para esta atención permitiendo la libre elección del abogado por el beneficiario?

Ese es un sistema de pago, pero en el que es muy difícil velar por la calidad del servicio. En los lugares donde he tenido la oportunidad de verlo en funcionamiento, la colegiatura es obligatoria y existe un fuerte control ético del Colegio o la Barra de abogados. Me cuesta imaginar cómo podría funcionar en Chile si es posible ejercer la profesión sin ningún control ético ni colegiatura, y además, en todo caso, habría que crear una entidad pública que administrara el fondo.

¿Qué opina del sistema de turnos que deben asumir los abogados en Chile a pesar del fallo de nuestro TC?

El sistema de turnos debe ser reemplazado por un sistema de asistencia jurídica profesional y re-munerado. Puede mantenerse para los casos en que no exista más alternativa –como las defensas incompatibles, por ejemplo- pero creo que siempre debiera ser remunerado.

¿Cómo considera que debería acceder las personas de escasos recursos a una digna asis-tencia jurídica gratuita?

El tema es quiénes deben ser beneficiarios de un servicio que debe ser digno para todos. No es fácil fijar un límite y además el sistema se expone al absurdo de destinar demasiados recursos para verificar la situación socio económica de los beneficiarios, pero sería razonable vincular –creo- la asistencia jurídica a los sistemas de protección social. Si se es pobre para efectos de salud u otros beneficios, la persona también debiera beneficiarse íntegramente de un sistema de asistencia jurídica estatal o provisto por el Estado. A contrario sensu, quienes no son beneficiarios de los sistemas de protección social no debieran gozar de asistencia jurídica gratuita.

¿Qué materias debería abarcar la asesoría legal gratuita para los más desposeídos?

Debiera extenderse a todas las materias, pero hay que buscar una manera de compatibilizarlo con lo que se hace hoy en materia penal, que está a cargo de la Defensoría Penal Pública.