Calidad de los Abogados: ¿Cómo Mejorarla?
La inquietud por la calidad de los abogados planteada por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, al inaugurar el año judicial 2009, reavivó el debate sobre los estándares de preparación académica de estos profesionales, tema que ya estaba en la mira del Colegio de Abogados y algunas universidades.
Y es que el máximo tribunal, responsable de otorgar el título, pero sin más facultades que las de revisar los antecedentes formales de los licenciados, volcó su mirada a la desigual formación que se imparte en las escuelas de derecho.
El número creciente de abogados en los últimos 11 años, que llegan a casi 16 mil, fue la otra alerta del ministro Urbano Marín en su primer discurso al frente de la Corte Suprema, vinculando calidad y cantidad como desafíos para la ética profesional, este último tema de especial preocupación para el Colegio de Abogados.
Así, la idea de un examen para garantizar un equilibrio en los conocimientos para obtener el título de abogado comenzó a forjarse, aunque con cierto recelo por tratarse de una nueva exigencia que se impondría a los egresados de derecho, que ya enfrentan las dificultades del examen de grado y la práctica profesional gratuita, que sólo se exige a esta profesión.
No obstante, esta iniciativa tomó fuerza y cristalizó en que las facultades de derecho de las universidades tradicionales (U. de Chile, U. Católica, U. Católica de Valparaíso, U. de Valparaíso y U. de Concepción) acordaran desarrollar una prueba, de carácter voluntario, para todos los egresados de derecho del país, que midiera los estándares mínimos indispensables para ejercer la profesión.
Su estructura se asemejaría al Examen Médico Nacional, que rinden desde 2003, los egresados de medicina, tras un acuerdo de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, cuyo objetivo es contar con un estándar homogéneo para postular a becas de especialización o a propuestas laborales.
La prueba que mediría a los futuros abogados está siendo debatida entre las escuelas de derecho tradicionales y las privadas, teniendo en cuenta el gran incremento del número de escuelas de derecho en los últimos años: ya son 91.
Diferencias entre escuelas
Las exigencias entre las facultades de derecho tradicionales y las privadas son disímiles, en dis-tintos ámbitos, lo que luego puede repercutir, por ejemplo, en sus indicadores sobre aprobación y reprobación de los exámenes de grado y número de titulados (ver cuadros).
Para este reportaje, se solicitó a algunas escuelas de derecho con distintos requisitos para ingresar a ellas y diferentes proyectos educativos para formar a sus alumnos.
Las que gentilmente facilitaron esos antecedentes fueron las universidades de Chile, Católica, Diego Portales, Academia de Humanismo Cristiano y UNIACC.
UNIACC, por ejemplo, imparte su Programa Especial de Titulación (PET) para personas que ya cuentan con estudios superiores, por lo que no se exige un puntaje mínimo de PSU para ingresar.
Además, la carrera se desarrolla en tres años, a diferencia de las otras escuelas, donde el ciclo académico es de cinco años.
En cuanto al examen de grado, sólo la Universidad Diego Portales exige un examen habilitante para rendirlo, el que consiste en un test de alternativas con verdadero o falso. Contiene 90 preguntas, divididas en 45 de Derecho Civil, 30 de Derecho Procesal y 15 de Derecho Constitucional.
Este examen habilitante puede rendirse un número indeterminado de veces, en un plazo máximo de cinco años contados desde la fecha del egreso. Una vez aprobado este test, no es necesario repetirlo, aún cuando el alumno repruebe después el examen de grado. En tanto, el examen de grado posterior consiste en la resolución de un caso.
En general, en estas escuelas se puede rendir el examen de grado en tres oportunidades, con-templando algunas la opción de admitir una nueva oportunidad para rendirlo, en casos especiales.
A su vez, la Facultad de Derecho de la U. de Chile, en el marco de su proyecto educativo, comenzó, en abril de 2009, a aplicar obligatoriamente a sus estudiantes de primer año un test para evaluar las Competencias Discursivas de Comprensión y Escritura (Codice).
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