Caso Almonacid Efectos de un fallo controversial

¿Tiene aplicación hoy en día el Decreto Ley de Amnistía?

Desde el punto de vista del derecho internacional, el D.L. 2.191 de 1978, mal conocido como Ley de Amnistía, resulta inoponible ante los tribunales competentes y puede ser visto más como un mecanismo “legalizado” de autoencubrimiento que como una disposición jurídica aplicable a casos concretos. Es por eso que a pesar que durante los primeros años de vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en Chile nuestros Tribunales Superiores invariablemente aplicaban el mencionado D.L. 2.191, al poco andar la situación se hizo insostenible. Desde 1998 hasta nuestros días la jurisprudencia es diametralmente distinta, privando de efectos jurídicos a esta “autoamnistía”, declarándola directamente contraria al derecho internacional – particularmente en ciertas resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago -, o recurriendo a arbitrios procesales, como el socorrido “secuestro permanente”.

De hecho, éstos le quitan la capacidad de paralizar procesos y evitar investigaciones para descubrir el paradero de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile, y sancionar a las personas responsables de éstas.

 ¿Cuáles serían los efectos de una derogación, una anulación o una ley interpretativa?

Cualquier modificación que el poder legislativo democráticamente establecido haga respecto del D.L. 2.191, puede traer consecuencias insospechadas, por bien intencionada que sea la modificación. En tanto dicho D.L. sea obra únicamente del poder establecido por la fuerza de las armas, sin la intervención de la soberanía popular, su ilegitimidad de origen y sus propósitos claramente contrarios a las normas del derecho internacional vigentes en ese momento, permiten sin más postular que es una expresión de la voluntad de quienes ejercían fácticamente el poder en ese momento. Sin embargo, al reconocer el poder legislativo su existencia y, por tanto, su vigencia anterior al acto derogatorio o anulatorio, el acto soberano legitima su aplicación y el principio de favorabilidad podría ser alegado sin mucha dificultad por los procesados y condenados con anterioridad a dicho acto. Hay que reconocer que en ninguna parte de las Convenciones de Ginebra, vigentes al momento de estos hechos, se prohíbe la amnistía, sino sólo el “autoperdón”.

Por el contrario, se fomenta que al término real de las hostilidades se pueda dar la más amplia amnistía para restablecer la paz social. Menos “riesgosa” en ese aspecto es la propuesta de una ley interpretativa del Art. 93 del Código Penal, aunque no se encuentra del todo exenta de discusiones ni libera a los Tribunales de la decisión acerca de eventuales alegatos sobre la favorabilidad de la amnistía anterior.

¿Se puede aplicar retroactivamente una ley interpretativa aún pasando a llevar el principio de la favorabilidad?

En principio, una “ley interpretativa” no tiene efectos retroactivos, pues sólo fijaría uno de los sentidos posibles ya contenidos en la norma que interpreta. Esto es muy claro respecto a procesos abiertos. Sin embargo, es evidente que respecto a procesos cerrados, la aplicación de una ley interpretativa que intente producir el efecto de modificar una sentencia firme, plantea la discusión sobre la favorabilidad, particularmente si sólo se recurre formalmente al derecho interno y no se incorporan los criterios del derecho internacional al respecto.

Ello, en el sentido que una persona no puede esperar la protección del derecho frente a actos que el derecho repudia, como serían la tortura y los maltratos a los prisioneros, basándose además en una sentencia fundada en normas incompatibles con el derecho internacional, como la autoamnistía.

¿Tiene aplicación hoy en día el D.L. de amnistía?

En esta materia, siempre hay que tener presente que de conformidad con el Art. 93 N° 3 del Código Penal chileno, la amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos. En consecuencia, parece razonar sobre la base de lo que la doctrina internacional denomina “amnistía impropia”, esto es, aquella que se otorga después de que se ha dictado la correspondiente condena. La amnistía que se confiere antes de que llegue a existir condena se denomina “propia” y en nuestra opinión es ajena al espíritu y la letra de nuestro código punitivo. Reconocido lo anterior, y despejado el problema del valor jurídico de los decretos leyes, estimo que el D.L. 2.191 de 1978, cuya finalidad de paz social fue y es innegable, tiene plena aplicación hoy en día.

La ley de amnistía chilena exigió que se tratara de autores, cómplices y encubridores de hechos delictivos – de ambos bandos – y por lo tanto es menester una sentencia condenatoria que les asigne tal carácter, atendidos los principios recogidos en la Carta Fundamental de debido proceso, presunción de inocencia y prueba de los hechos.

Comparto la opinión de quienes han planteado que la aplicación del D.L. de Amnistía no implica denegación de justicia, pues como hemos dicho, se exige un debido proceso que determine la condición precisa en que ha obrado el sujeto beneficiado en cuestión.

También estimo, como ellos, que los hechos siguen siendo delictivos, pero la amnistía afecta simplemente la ejecución de la pena, y en ese sentido no se contradice con los tratados internacionales ratificados por Chile, en cuanto a las garantías que ellos establecen en materia de derechos humanos sobre el acceso a la justicia, la investigación de los hechos y la determinación de los responsables.

¿Cuáles serían los efectos de una derogación, una anulación o una ley interpretativa?

Tratándose de una ley de amnistía “impropia” no es posible derogarla ni pretender otorgarle efectos retroactivos a dicha norma derogatoria. Al haber beneficiado a personas – de ambos bandos – éstas han adquirido un derecho personal relativo a la extinción de su responsabilidad penal. Lo anterior implica que de intentar establecer nuevamente su responsabilidad penal se vulneraría el principio “non bis in idem”.

La amnistía ha existido como institución desde la dictación del Código Penal, allá por el año 1874, y se ha utilizado muchas veces a lo largo de la historia de nuestro país. El Gobierno Militar dictó una ley de amnistía específica, amplia, que como hemos señalado antes benefició a muchas personas y no sólo a militares, por lo que no puede calificársele de autoamnistía. Ella tuvo por objeto iniciar un proceso de pacificación, ya que a esa fecha, 1978, se había vivido un demasiado extenso período de odio y violencia. Derogar, anular o interpretar el D.L. 2.191 sólo tendría como resultado reabrir viejas heridas, sin consecuencias jurídicas de importancia. Así como la amnistía la han aplicado regímenes distintos al que dictó la norma en cuestión, con tribunales plenamente independientes – un nuevo argumento para rechazar la calificación de “autoamnistía” – siempre los beneficiados con la norma, aun derogada, ya sean procesados y/o condenados, podrían solicitar la aplicación retroactiva de la misma, en virtud del principio de favorabilidad. Por último, mantener la ley de amnistía vigente implica, sin duda, un incentivo a los procesados para que ante la perspectiva de impetrar su aplicación, al momento de la condena colaboren, haciendo coincidir su interés con el de la sociedad en que los procesos terminen. En cuanto a la anulación planteada en la pregunta, ello sería competencia de los tribunales y no es materia de ley.

¿Se puede aplicar retroactivamente una ley interpretativa aún pasando a llevar el principio de la favorabilidad?

Una ley interpretativa, por esencia, no tiene efectos retroactivos. Ello porque se supone que sólo y de manera auténtica fija el real sentido y alcance de la norma interpretada, el que desde siempre estuvo presente en ella. Debido a lo anterior y habida consideración que en nuestro derecho interno el principio de la cosa juzgada y el principio pro reo son pilares fundamentales del Estado de Derecho, si lo que se pretende a través de una ley supuestamente interpretativa es modificar el sentido y alcance del D.L. 2.191, tendría, en ese caso, efectos retroactivos y constitucionalmente no podría vulnerar el principio de favorabilidad.




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