Decreto 1465: sus efectos sobre los honorarios del mediador

El art.2 C.C. determina que las leyes son obligatorias “a los ocho días siguientes al de su publicación oficial”. Y dado que el decreto se ha divulgado en el Boletín Oficial del 19 de octubre de 2007, entró en vigencia el 27 de octubre, lo cual no admite interpretación en contrario. Aclarado este punto pasaremos a la segunda duda que ha generado, ambas íntimamente vinculadas.

El art.3 del C.C. determina: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”. Ahora bien, teniendo en cuenta lo transcripto, la primera cuestión a determinar es si a los procedimientos de mediación en trámite les es aplicable lo establecido en el Decreto 1465/07 en materia arancelaria.

Sin duda, la mediación es una “obligación legal” impuesta a las partes como previa al inicio de un proceso judicial, y no incide en esta afirmación la circunstancia de cómo sea designado el mediador que interviene.

Llambías define a las obligaciones como “la relación jurídica en virtud de la cual alguien denominado deudor debe satisfacer una prestación a favor de otro llamado acreedor” (Llambías, C.C.Anotado-Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II-A, pag.11, ed. Abeledo-Perro, 1979).

El mismo autor sostiene que la palabra “consecuencias” utilizada por el art.3 citado sólo se refiere a las “derivaciones de hecho o fácticas que reconocen su causa eficiente en una relación o situación jurídica. Las mismas aún no ocurridas al tiempo de dictarse la nueva ley, quedan gobernadas por ésta aunque su antecedente o causa ya hubiese existido antes” (C.C.Anotado-Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I, pag.19, ed. Abeledo-Perro, 1979).

Así, siguiendo a Moisset de Espanés, al analizar las situaciones jurídicas constituidas pendientes establece que su constitución y las consecuencias anteriores se rigen por la ley antigua (principio de irretroactividad) y las resultas posteriores por la nueva ley (efecto inmediato).

De lo expuesto cabe afirmar, sin hesitación, que al ser la mediación una obligación legal (relación o situación jurídica) sus consecuencias pendientes, como es el pago de los honorarios del mediador, se regirán por lo establecido en el Decreto 1465/07 desde el 27/10/07, fecha en que entró en vigencia.




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