Defensoría penal para las víctimas el debate que viene

• ¿Considera necesaria la creación de una defensoría para las víctimas de delitos?

Dentro de los múltiples problemas que presentan las víctimas de los delitos frente al sistema de justicia criminal, el de la defensoría legal es probablemente uno de los menos importantes. Sus necesidades más urgentes y hoy descuidadas son las de información, protección y reparación, sin perjuicio de su legítima pretensión de que el delito sea castigado. Ninguna de esas necesidades va a ser satisfecha por una defensoría legal de las víctimas. Ella sólo sería útil para los casos, cuantitativamente muy menores, en que el Ministerio Público decidiera seguir una línea de persecución distinta a la de la víctima o no quisiera perseverar con él y la víctima sí.

La discusión creada en torno a las defensorías de las víctimas, como comúnmente pasa en este país, parte de una situación real: hay problemas que llevan a muchas de las víctimas a no estar satisfechas con el nuevo sistema, pero se queda en una solución puntual que no toca los problemas reales que ellas tienen.

• ¿La demanda de justicia de las víctimas ha sido cumplida satisfactoriamente por el Ministerio Público?

Originalmente el Ministerio Público asumió un rol muy distante frente a las víctimas. Bajo el discurso de que ellos no son los “abogados de las víctimas”, dejaron de preocuparse de sus intereses. Incluso los abogados particulares se han quejado de lo difícil que es acceder a la información y a los fiscales en el nuevo sistema. Poco a poco esta tendencia ha ido cambiando y el discurso al interior de la institución empieza a comprender que es vital satisfacer a las víctimas para legitimar su labor. Aún, eso sí, hay muchos pasos adicionales por dar. El problema es que la eventual creación de la defensoría sería una muy mala señal en ese proceso. A los fiscales que hoy se les está comenzando a decir que la víctima sí es su responsabilidad, se les mandaría un mensaje completamente contradictorio si se estableciera otra entidad a cargo de esta función. Además, eso generaría múltiples problemas operativos que afectarían la labor de los fiscales y significaría una muy mala inversión de recursos públicos que sabemos son escasos.

• El desafío concreto hoy en día es introducir como un criterio de evaluación de los fiscales el grado de satisfacción de las víctimas, con lo cual se lo ¿Cómo evalúa el rol ejercido por la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público?

Las Unidades de Víctimas y Testigos han hecho una labor interesante y absolutamente innovadora en el nuevo sistema. En Chile se ha avanzado en este tema mucho más que en todos los países de la región entregándoles servicios sofisticados de asistencia y protección a las víctimas. Sin perjuicio de ello, cuantitativamente estas unidades sólo cubren un porcentaje menor de las víctimas totales del sistema y comienzan también a presentar problemas más complejos. La lógica de los “victimólogos” al interior de esas unidades no es siempre coherente con los intereses de persecución de los fiscales. Falta información también para poder evaluar la efectividad del uso de los fondos con que cuentan para atenderlas. Sería interesante hacer ese ejercicio de evaluación antes de aumentárselos significativamente como se propone.

• ¿Cómo ha operado el sistema de defensoría para las víctimas en otros países?

En la mayoría de los sistemas acusatorios, como en los Estados Unidos, este problema no existe, dado que no se les reconoce a las víctimas siquiera el derecho a querellarse o actuar independientemente en el proceso, ellas pasan a ser completamente sustituidas por los fiscales. Esto no quiere decir que el tema de las víctimas no sea un gran tema, con 20 años de avances en políticas específicas, las cuales se han centrado fundamentalmente en la creación de fondos de reparación y en proveerles una red asistencial.

• ¿Cree que una defensoría penal para las víctimas perjudica el ejercicio particular de la profesión de abogado?

Es una incógnita cómo afectaría esta defensoría el ejercicio particular de los abogados. Dependerá, por un lado, del mecanismo institucional que se decida para brindarla. Si las querellas financiadas por el Estado pasan a ser ejercidas por un organismo público o entidades sin fines de lucro, efectivamente ello podría mermar el mercado de los abogados querellantes privados. Si la alternativa no es subsidiar la oferta, sino que la demanda, entregándole un voucher a las víctimas para que contraten a los abogados de su preferencia, el efecto podría, eventualmente, ser el inverso. Pero, por otro lado, también depende del universo de casos que fueren incluidos en el sistema; si es reducido, también lo será su efecto en la profesión. En todo caso, un estudio recientemente realizado por la Fundación Paz Ciudadana para estos efectos, da cuenta que son muy pocos los casos en que hoy en día se presenta un querellante particular. Por último, también dependerá de los recursos que se asignen a cada querella financiada por el Estado, pues ello puede convertirse en una señal que afecte de manera más general los precios que cobran por ellas los abogados particulares.

• ¿Considera necesaria la creación de una defensoría para las víctimas de delitos?

“Si bien la Reforma Procesal Penal ha significado un avance respecto del tratamiento que el sistema da a las víctimas, no cabe duda que es necesario seguir avanzando en esta materia y brindar una mayor atención a las víctimas de delitos, tanto en lo que dice relación con su participación en el proceso como en el tema de reparación de los efectos psicológicos que un delito puede significar para aquellas.
Muchas veces se mal confunde el rol del fiscal, que dice relación con representar a la sociedad en su conjunto, pero no los intereses particulares de la víctima, y si bien en muchas ocasiones la posición del fiscal puede coincidir con la de la víctima en otras ocurre todo lo contrario.

De forma que la creación de una defensoría para víctimas es un tema que debe analizarse, por cuanto la gran mayoría de las personas no cuenta con los recursos para contratar a un abogado, en especial si consideramos que en muchas ocasiones el ser víctima de un delito significa un menoscabo económico”.

• ¿La demanda de justicia de las víctimas ha sido cumplida satisfactoriamente por el Ministerio Público?

Como señalé anteriormente, los fiscales del Ministerio Público no son los abogados de las víctimas, por lo que aunque en ocasiones su postura coincida con la de éstas, lo que se traduce en una satisfacción de su demanda de justicia en otros casos puede darse la situación contraria.

• ¿Cómo evalúa el rol ejercido por la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público?

El Ministerio Público cuenta con la unidad de atención a víctimas y testigos, cuya labor dice relación con la atención y protección de las víctimas en el marco del proceso penal, no siendo su función la reparación psicológica, razón por la cual en caso de ser ésta última necesaria la víctima debe ser derivada a otra institución. Durante 2006, estas unidades atendieron sólo al 3,8% de las víctimas y testigos del total de las denuncias. Cifra que claramente no resulta suficiente.

Aún más, dichas unidades de atención están actualmente colapsadas. En todo el país cuentan con sólo 118 profesionales dedicados a prestar atención y protección no sólo a las víctimas, sino que también a los testigos de delitos. Con este número de profesionales es lógico que el sistema se encuentre colapsado.

De esta forma, las víctimas son el gran tema pendiente de la Reforma Procesal Penal, por lo que resulta ser de gran importancia el Acuerdo de Seguridad Ciudadana firmado en noviembre del 2007 por el Gobierno y la Oposición, en el cual se destinaron cerca de $4 mil millones para mejorar la atención que hoy prestan las Uravit a las víctimas y testigos de delitos.

Por otra parte, en nuestro país existen otras cinco instituciones dedicadas a prestar asistencia a las víctimas de delitos violentos. Estas son: Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Sin embargo, falta una coordinación entre estas instituciones, a fin de que se conforme una red de asistencia que brinde una atención oportuna y con una mayor cobertura a la existente en la actualidad, ya que sólo el 11,4% de las víctimas de delitos violentos son cubiertas por la actual oferta pública y la Región Metropolitana es la que presenta la menor cobertura, al encontrarse 2,5 % bajo el promedio nacional.

• ¿Cómo ha operado el sistema de defensoría para las víctimas en otros países?

A nivel internacional existe una clara preocupación por la situación de las víctimas de delitos y de la necesidad de otorgar asistencia jurídica gratuita, sin que exista una única solución a este punto. A modo de ejemplo, es posible señalar que en Venezuela, la representación de éstas ha sido entregada a instituciones de carácter no lucrativo.

• ¿Cree que una defensoría penal para las víctimas perjudica el ejercicio particular de la profesión de abogado?

No, no pienso que la creación de una defensoría perjudique el ejercicio particular de nuestra profesión. Esta defensoría tiene como principal objetivo otorgar defensa jurídica a las víctimas que no puedan procurársela por sus propios medios. Estamos hablando de personas que en la actualidad por motivos económicos no pueden acceder a un abogado que defienda sus intereses en distintas etapas del procedimiento penal.