El Crudo Circuito de los Jóvenes Infractores de Ley

A dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, aún hay temas pendientes. El Servicio Nacional de Menores proyecta diez nuevos centros especializados y aspira a mejorar los programas de rehabilitación. UNICEF, en tanto, advierte además que falta una justicia especializada y sistema que controle la ejecución de las sanciones.

Más de 11 mil jóvenes infractores de ley están actualmente sujetos a alguna medida ordenada por la justicia, en los 34 centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) en el país, en cumplimiento de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), que ya lleva dos años de vigencia.

El robo es su especialidad, ya que en sus distintas modalidades es el delito que más cometen y la principal causa de ingreso al circuito penal.

Si bien los delitos más violentos captan la mayor atención pública, las cifras del Sename revelan que, al 31 de mayo de 2009, sólo el 11 % de los menores está privado de libertad, sea sujeto a una internación provisoria (7%) o condenado (4%). Pero el grueso de los jóvenes que cayeron en el sistema penal, quedando al alero de un programa en el medio libre llega al 86% y para ellos existe el mismo número de centros que para los privados de libertad: 17.

En estos dos años de vigencia de la Ley de RPA, según cifras del Sename, un total de 1.281 jóvenes han sido condenados, mientras más de 7 mil 400 adolescentes han sido sometidos a internación provisoria, lo que revela que de cada 7 menores detenidos, sólo uno resulta condenado.

Durante 2008, Carabineros detuvo a 49 mil 130 adolescentes, de los cuales 82% son hombres y el 18% mujeres, de acuerdo a la Dirección de Protección Policial de la Familia de Carabineros. Del total de detenidos, el 11,3% lo fue por delitos graves.

La oferta del SENAME

Pese a este sombrío panorama, el director del Sename, Eugenio San Martín, advierte que, de todas formas, la Ley de RPA es muy superior a lo que había antes con el trámite del discernimiento.

Enfatiza, además, que la delincuencia juvenil está asociada a aspectos tan complejos como la falta de apoyo familiar, la ausente o escasa escolaridad y la drogadicción, lo que obliga a enfrentar este fenómeno con mucha especialización de todos los actores del sistema jueces, fiscales, defensores, Sename e instituciones colaboradoras y con expectativas de largo plazo.

Su visión no está exenta de autocrítica a lo que ofrece actualmente el Sename. El desafío es mejorar las condiciones de infraestructura y para eso hay un proyecto para crear 10 nuevos centros de alto estándar.

Igualmente, indica que hoy día hay oferta de reescolarización en los centros, pero admite que les gustaría tener más escuelas y no proyectos de reescolarización, cuya calidad es menor a la de una escuela.

En capacitación laboral, también desearían tener más oferta y no sólo la ofrecida vía Inacap, que con 10 cursos certificados de alta calidad ha beneficiado sólo a un porcentaje de los jóvenes en 2008.

Paralelamente, el Sename ha planteado la necesidad de una reinstitucionalización del servicio, de tal forma que se separen sus funciones de protección a los menores, de las tareas vinculadas a la responsabilidad penal juvenil.

El factor drogas

La delincuencia juvenil está asociada a veces a compromiso de consumo de drogas, por lo que se enfrenta con programas del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (Conace), a partir de un convenio suscrito entre esta institución, el Ministerio de Salud, Fonasa y el Sename.

Los menores infractores de ley pueden acceder a tratamiento voluntariamente cuando han sido sancionados por la justicia, pero sin pena accesoria; como pena accesoria; como condición de una suspensión condicional del procedimiento o por medida cautelar, en cuyo caso también es en forma voluntaria.

El Conace cuenta con 90 centros en el país y con cinco planes de distinta intensidad, según el compromiso de consumo de drogas.

Cifras de Conace, entre enero y abril de 2009, indican que en sus centros se atendió a 2 mil 404 adolescentes por consumo problemático de drogas por la ley 20.084.  En tanto, en 2008, 3 mil 313 adolescentes pasaron por atención del Conace, derivados por aplicación de la Ley de RPA.

Desde que partió la Ley de RPA, 6 mil 961 jóvenes han sido atendidos por consumo problemático de drogas.

Internaciones Provisorias Excesivas

Un antecedente que también se observa con inquietud en el nuevo sistema de RPA es el alto índice de internaciones provisorias.
Según el director del Sename, a la fecha se han dictado unas 7 mil 400 internaciones provisorias en centros cerrados, mientras se investiga un delito, pero sólo unos 1.200 casos llegan a condena, de manera que del 100% de jóvenes detenidos, sólo el 15% recibe luego una condena.

Estos indicadores también han llamado la atención a UNICEF, según explica el consultor de la organización, Nicolás Espejo.
“UNICEF ve con preocupación que se refuerza por una presión social, la idea de vincular el tema de la seguridad ciudadana muy exclusivamente con tener adolescentes privados de libertad. La experiencia comparada sugiere que mientras más adolescentes privados de libertad, no hay mayores niveles de seguridad y, desde luego, tampoco disminuyen los niveles de reincidencia”, advierte.

A su juicio, lo que disminuye esos índices son programas agresivos de rehabilitación y resocialización, de trabajo con la familia y de intervención muy focalizada individualmente, muchos de los cuales se pueden hacer en el medio libre.

Reparos de UNICEF

Si bien UNICEF reconoce que el sistema de RPA chileno incluye algunas garantías contempladas en la Convención de los Derechos del Niño, relativas al debido proceso y que el adolescente sea plenamente responsable, la institución observa que hay deficiencias.

En primer lugar, Espejo advierte que para que un sistema penal adolescente sea tal y no un sistema penal de adultos con algunas garantías que se aplican a adolescentes, es que debe ser una justicia penal especializada, esto es, que el proceso se lleve ante un tribunal penal adolescente con un juez capacitado para conocer de ese procedimiento y con defensas y fiscalías especializadas.
Y aunque valora los esfuerzos del Ministerio Público y, en especial, de la Defensoría Penal Pública que ha capacitado a 50 defensores en justicia penal juvenil, en su opinión, aún es insuficiente, lo que UNICEF y la Comisión de Expertos que analizó la Ley 20.084 advirtieron en su oportunidad.

Otro aspecto esencial, remarca, es que en el sistema penal adolescente, una vez que se ha establecido alguna sanción, sea de cumplimiento en el medio libre o de internación en sistema cerrado o semicerrado, se debe mantener una supervisión estricta del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos establecidos para esa sanción.

Esto implica que el sistema de RPA debiera contar con jueces de ejecución de sanciones o un procedimiento con tiempo y capacidad para acompañar el proceso de ejecución de la sanción, teniendo en cuenta que en el caso de los jóvenes, a diferencia de los adultos, la sanción está orientada y justificada en la medida en que es capaz de responsabilizar al adolescente y de cumplir un fin resocializador y rehabilitador.

UNICEF también sostiene que todos los informes de las Comisiones Institucionales de Supervigilancia –establecidos en el reglamento de la Ley RPA detectan “graves y estructurales deficiencias” de infraestructura de los centros de internación de los jóvenes infractores de ley, al igual que en la oferta programática para los adolescentes privados de libertad, lo que se registra en las 15 regiones del país, de acuerdo al resultado de, al menos, dos visitas al año a los centros.

Así, plantea que los adolescentes son internados en centros que carecen de las condiciones mínimas conforme a estándares internacionales para personas privadas de libertad, no sólo para su rehabilitación. Centros donde los menores en las mañanas se levantan con los colchones mojados por la humedad que se condensa y pueden secarlos cuando sale el sol y dinámicas de intervención individual que no existen.

La oferta, en general, explica es más bien de tipo masivo con rutinas claramente insuficientes para cumplir un fin rehabilitador. En esa línea, destaca que un porcentaje importante de los menores recluidos está experimentando algún tipo de trastorno sicológico derivado, entre otras cosas, por las condiciones en que está encerrado y eso se refuerza con medicación, en la que se ha detectado un uso excesivo.

Esto se ha comunicado a Conace y Sename, instituciones que se habrían comprometido a dictar un protocolo de medicación. En cuanto a la infraestructura, Nicolás Espejo se ñala que se han detectado problemas con el diseño de la infraestructura, ya que los centros no fueron construidos para atender a menores recluidos.

Algunos inmuebles, precisa, ni siquiera tienen acceso a agua potable de manera regular, carecen de calefacción y de ventilación adecuada, no tienen lugares para contener episodios clínicos y las salas de clases son insuficientes.

Además, plantea que UNICEF considera que la oferta de intervención que reciben los adolescentes en los centros es de muy baja calidad en términos cuantitativos y cualitativos.

Cuantitativos, porque los jóvenes detenidos pasan la mayoría de su tiempo sin desarrollar ninguna actividad para su rehabilitación y a su responsabilización, ya que la privación de libertad está acompañada de algunos espacios de clases, pero que no constituyen el eje

central de su jornada diaria.
La mayoría del tiempo –indica Espejo los menores recluidos ven televisión en una sala, lo que además genera espacios de ocio que pueden contribuir a otro tipo de conductas.