Entrevista a Felipe Bulnes

Con su voz bien modulada, sus ojos azules y sus grandes y expresivas manos, Felipe Bulnes cuenta que cuando llegó a sus flamantes oficinas en el Ministerio de Justicia, hizo un cambio. Donde antes estaba el despacho del ministro, implementó la sala de reuniones, y donde se encontraba ésta, dispuso su oficina, que ahora está en un lugar más pequeño, pero tiene luz natural y una vista directa hacia La Moneda. Es aquí donde muestra una mesita lateral, en la que -¡cómo no! – hay un pequeño cuadro: “Estamos bien en el refugio los 33”, que el Presidente Piñera regaló a cada uno de sus ministros.

Casado, padre de un hijo de siete años, el ministro Bulnes combina una gran capacidad de trabajo con un buen conocimiento de cultura de farándula, que sin embargo, con cierto pesar, reconoce que ha ido perdiendo. “No busco compasión, pero de verdad este cargo consume tiempo. Es un compromiso total y familiarmente representa un costo muy fuerte. Por lejos la parte más dura no es lo que algunas personas decían, dejar la profesión, vender tu oficina, el sacrificio económico; eso da lo mismo, el costo familiar, y hablo por mí, es lo único que uno no logra resolver y conciliar bien”, explica.
Respecto al “cuero duro” que los hombres públicos deben ir desarrollando para enfrentar las críticas, explica que “uno se va acostumbrando, la primera crítica molesta más que la segunda, y al final uno entiende que es parte del paisaje. La habilidad está en quitarle carga emocional a la crítica, no enojarse ni tomárselo en términos personales, ya que de no ser así uno empieza a hacer lecturas incorrectas de las cosas”.

-¿Y qué pasa con el ego?

-He llegado a la conclusión de que estos cargos son incompatibles con la soberbia o el amor propio muy desarrollados, que finalmente te van a hacer fracasar. Una condición básica es asumir que te puedes equivocar o que el de al lado, por muchas ganas que tengas de avanzar, puede tener un comentario relevante o que tal opinión vale la pena escucharla. Además hay que decir que uno siempre se siente mucho mejor ministro el día siguiente que el día anterior.

-Si comparamos los enfoques y prioridades en justicia de este Gobierno respecto de los de la Concertación ¿qué diferencias existen?

-Trato siempre de ser respetuoso cuando se trata de comentar la gestión anterior. Uno siempre lo quiere hacer mejor de cómo se estaba haciendo antes, pero con esto no quiero dar la idea de que todo estaba haciéndose mal hacia atrás y ahora todo va a ser extraordinario. El Ministerio de Justicia tiene muchos servicios a cargo, muchos desafíos; estando aquí uno logra entender que muchas veces no se puede avanzar a la velocidad que uno quisiera.

-Pero habrá algunos temas prioritarios.

-Más que con un afán comparativo, voy a decir en qué estamos concentrados, que es en ponerle un impulso decidido a la reforma procesal civil, para que vea la luz, y en abordar en forma más consciente el tema carcelario, que sí creo viene con una especie de inercia de años, una desatención de décadas y en donde hay un déficit importante. Hubo algún impulso en los gobiernos anteriores por tratar de arreglar la situación a través del sistema de cárceles concesionadas, pero en su momento se tomó una decisión y nunca más se le hizo un seguimiento en cuanto a la racionalidad de lo que se estaba desarrollando ni se repensó el modelo. Más que haber una experiencia acumulada de años, hubo una sola experiencia que después se siguió replicando varias veces.

Cárceles concesionadas: ¿Un sistema eficiente?

-¿Qué crítica hace usted al sistema de cárceles concesionadas?

-Existe un problema porque faltan cárceles, pero el tema es mucho más profundo. Hay que repensar el modelo respecto a las cárceles concesionadas, cuál es el estándar que estamos desarrollando y la velocidad a que estamos avanzando. Reviso la carta de navegación que se traía y tengo la impresión de que más allá de tener decidido construir las cárceles que estaban en un programa a una velocidad x, no había una mirada que permitiera de verdad empezar a abordar el tema en serio.

-¿A qué se refiere?

-Hoy día tenemos una población penal de 54 mil personas, que es una tasa muy alta, aproximadamente el 0,35% de la población nacional está presa. Chile se ubica dentro de Sudamérica con uno de los estándares más elevados, tenemos una política criminal que se ha traducido en tasas de encarcelamiento muy altas. Hay, por supuesto, países que tienen una tasa de encarcelamiento mucho más dramática, como Estados Unidos, que va llegando al 1 %, es decir, cerca de 1 millón y medio de personas presas. En Chile, el 20% de esta población penal, cerca de 11 mil personas, está hoy día en cárceles concesionadas, con otra estructura, otro estándar de servicios y de dignidad. Pero el 80% restante, cerca de 42 o 43 mil personas, se encuentran en penales del siglo pasado y en condiciones indignas e inhumanas.

-¿Qué reflexión ha hecho frente a esa situación?

-Mi conclusión final es que más allá de haber hecho las cárceles concesionadas como un hito, falta una mirada nueva. Uno se pregunta ¿qué política se estaba desarrollando? Cada cárcel nueva alcanzaba para 1800 a 2000 personas y demoraba cuatro años en ser construida. Entonces ¿cuál es la mirada de largo plazo que estábamos desarrollando? Se iban a acumular las décadas, e íbamos a seguir teniendo esta esquizofrenia de dos sistemas completamente disímiles y que nunca logran ponerse al día con la población que está remitida. Por otra parte, en la lógica de las cárceles nuevas, ¿por qué estamos construyendo sólo cárceles de alta seguridad, en circunstancias que no toda la población penal tiene que responder a esos niveles de alta seguridad? Por ejemplo, ¿por qué estamos poniendo un interno por celda y no dos internos? Cabrían perfectamente y además superarían una situación de angustia que es pasar muchas horas encerrado solo, lo que incluso algunas veces explica tasas de suicidio.

-¿Qué soluciones pueden adoptarse para lograr cambios sustanciales?

-Suscribí un contrato de asesoría con una de las firmas más importantes del mundo, con sede en Nueva York, que veno a revisar el plan maestro de cómo seguimos desarrollando la estructura carcelaria en Chile. A través de este plan de largo plazo, queremos dejar instalada una matriz a través de la cual desarrollarnos. También estamos incrementando la planta de Gendarmería en orden de un 50% de la cantidad de funcionarios, que es un punto clave. Me entregaron la cárcel de Talca, para 1.800 personas, y junto al ministro de Obras Públicas la llevamos a 3.200, básicamente al mismo costo, pero con mayor eficiencia en el uso de los recursos fiscales.

Posibilidades de rehabilitación

– Usted ha visitado personalmente distintas cárceles. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

– He visto harta cárcel. Por ejemplo, una concesionada que tiene un estándar muy bueno, parece una cárcel americana, sorprende. Pero cuando uno empieza a conocer las cárceles tradicionales, y fundamentalmente la más emblemática, la Penitenciaría, y se mete a las calles de la galería, que es donde están los internos de verdad, a ver sus baños, las piezas donde están arrumadas 16 personas en 5 o 6 metros cuadrados, cúbicos, porque se ponen en dos pisos, uno no sale la misma persona. Alguien me lo dijo alguna vez, “la persona que entra y la persona que sale son distintas”. Uno queda francamente choqueado, no puede creer que en Chile esté pasando eso, que mientras nos acercamos al país del siglo XXI que siempre soñamos, todavía esté escondida esta realidad. Esta es la cárcel más grande de Chile, que tiene 7.200 personas, donde con una visión optimista caben dos mil.

– ¿Cómo le impactó en lo personal esa situación?

– Ver las condiciones en que viven los internos es muy fuerte. Durante cuatro noches me despertaba a las cuatro de la mañana, no por un exceso o desborde de emocionalidad, sino porque es muy duro conocer esa realidad. Algunos gendarmes me decían “aquí nunca ha entrado un ministro de Justicia”. Yo se lo conté al Presidente, me interesaba que él también lo conociera, tener su apoyo político, porque es incluso más relevante que un Presidente de la República se meta entre los internos, y finalmente fuimos el viernes 15 de octubre a hacer el recorrido.

– ¿Qué posibilidades de rehabilitación hay en esas condiciones?

– Cuando la persona entra a la cárcel, por supuesto se debe intentar la rehabilitación, pero el trabajo se vuelve muy difícil, por el contacto criminógeno y por las condiciones de vida que hay allí dentro.

– Usted anunció en octubre un conjunto de 11 medidas carcelarias, tendientes a mejorar las condiciones en que viven los internos.

– Es importante señalar que estas medidas no pretenden resolver el problema carcelario, son una inyección de dignidad básica, un intento de mejorar las condiciones de habitabilidad. Hay 18 mil personas que no tienen colchones ni frazadas, tampoco condiciones de alimentación, viven con compromiso básico de su dignidad.

– ¿Cómo financiará la implementación de estas medidas?

– Existe un financiamiento de 12 millones de dólares para comprar 23 mil colchones, 42 mil frazadas y pocillos para que cada interno pueda alimentarse con su propia ración y reciba sus comidas calientes. Pero no todo es plata, también se aumentarán las horas de desencierro. En las cárceles concesionadas hay un tema de angustia, ya que se está en una celda chica entre 15 y 16 horas al día encerrado. Una de las medidas es aumentar las horas de desencierro en una hora y media a nivel nacional, lo que ya cumplimos; en otras partes será dos; y en otras una hora y cuarto, según la cantidad de personal. Son cosas pequeñas, pero que para los internos son vitales.

-¿Qué sucede con las personas que en la actualidad cumplen penas?

-Hay aproximadamente 54 mil presos detrás de las rejas y 53 mil personas que están en libertad bajo un régimen de pena remitida. Esa es la gente con la que uno puede hacer rehabilitación con más fuerza, porque se está jugando el partido entre reincidir o no. Este universo de 53 mil personas tenemos que atacarlo de manera urgente, de modo que no se vuelvan los futuros condenados a penas reales. Presentamos ya un proyecto de ley complejo, largo, denominado Medidas Alternativas a las Penas Privativas de Libertad, donde estamos buscando evitar que estas penas que se cumplen en libertad sean vistas como impunidad, cayendo en un desprestigio, porque no tenían control y no había verdaderos seguimientos de rehabilitación y control. Ahí estamos incorporando la tecnología del brazalete electrónico, que es como una cárcel virtual.

-¿En qué casos se podrá usar el brazalete?

-Solamente aplica a cierto tipo de ofensor, porque es un dispositivo vulnerable, tiene que ser para alguien que tenga un compromiso delictual bajo. No se le puede poner a un violador en serie, a una persona con un compromiso delictual alto, porque esa persona va a delinquir. Se lo va a sorprender con el brazalete y será un desprestigio. Tiene que ser básicamente para violencia intrafamiliar y para ofensores sexuales, en la medida que todavía no estén muy contaminados. Ya estamos tramitando la ley y espero que en algún momento del 2011 estemos desarrollando la implementación y la licitación del brazalete.

-Hasta este momento hemos hablado de los delincuentes. Sin embargo, ¿qué preocupación hay por las víctimas? Una de las promesas del Presidente Piñera fue “aplicar mano dura contra la delincuencia”.

-Ya existe un cambio de actitud, que las personas están apreciando. Hay que aplicar mano dura, hacer cumplir las condenas, proteger a las personas honestas, esto está fuera de discusión, pero hay que hacerlo con reflexión y ponderación. Por supuesto, nuestra primera preocupación es la víctima. Pero hay que entender que preocuparse de los presos, es preocuparse de las víctimas. Cada año sale una cantidad monumental de presos que cumplen condenas. Si uno no se preocupa de rehabilitarlos, al final quienes sufren ese efecto son los propios ciudadanos. El principal esfuerzo de rehabilitación lo vamos a hacer con las personas que están cumpliendo sus penas en libertad. Hay que generar un cambio de mentalidad y explicarle a la gente que la reinserción no es un tema de simplemente ser caritativo con los presos y perdonarles sus faltas, sino que es proteger a la sociedad. Tenemos que abrirnos a entender causales de la delincuencia. La composición socioeconómica de las cárceles es bastante predecible, está muy asociada a un fenómeno de marginalidad, personas a quienes muchas veces el desafío no es reinsertar, sino insertarlas, porque nunca han estado insertas, tienen historias fragmentadas que van quedando en el camino.

Juicios rápidos y transparentes

-¿Qué grado de avance tiene la anhelada Reforma Procesal Civil?

-La mayor parte de las causas que se ingresan son civiles, por lo tanto la gran reforma pendiente es la que no sólo debe preocupar de perseguir delincuentes, sino de los problemas de la gente honesta. Tenemos un código que se gestó en el Siglo XIX, se promulgó a principios del XX y claramente no está a las alturas del XXI. En los gobiernos anteriores se hizo un trabajo bastante importante respecto a generar consenso de que se debía realizar una reforma a la justicia civil, pero a través del foro se hizo un despacho apurado de un proyecto, como para marcar paternidad, el cual al final no resultó. No tenía una mirada orgánica y tenía defectos producto de la urgencia con que se realizó. Entonces, la política que tomamos al asumir el Ministerio, fue reconocer que ya había un trabajo hecho, sin despreciarlo porque había sido elaborado en un gobierno anterior, puesto que las buenas ideas no tienen domicilio, pero continuar haciéndolo bien.

-¿En lo concreto?

-Constituí una comisión intraministerial que está integrada por Cristián Maturana, José Pedro Silva y Raúl Tavolari, tres personas que tuvieron mucho protagonismo en el trabajo del foro procesal civil, y tomé la decisión de involucrarme directamente en el tema. Desde comienzos de abril nos reunimos todos los jueves, para mí es algo sagrado, no importa lo que tenga, y durante cuatro horas vamos analizando artículo por artículo del proyecto que venía del gobierno anterior, lo que ha significado eliminar algunos artículos y generar otros nuevos.

-¿Ya hay algún fruto de ese trabajo?

-Realizamos una primera entrega de 163 artículos, de tres entregas que haremos, a un consejo asesor de 14 personas, quienes no conversan entre sí. Cada uno, desde su visión de experto, tiene la misión de enviarle al Ministerio sus comentarios y yo me comprometí a respondérselos uno a uno. Además entregué estos primeros artículos a representantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que es donde vamos a empezar a tramitar el proyecto el próximo año, y al Poder Judicial, para que empiece a compenetrarse del proyecto por anticipado. Existe una práctica que debemos cambiar, que es mandar a última hora los proyectos relevantes al Poder Judicial, bajo la idea de que sus integrantes prácticamente no opinen. Para mí tiene un valor simbólico que lo hagan, como le expliqué al Pleno. Me parece que el Poder Judicial no puede ser mero receptor de una reforma judicial; sus miembros son finalmente quienes ponen la cara y tienen que implementarla.

-La forma en que eso se ha traspasado a la opinión pública ha sido muy mediática,“queremos juicios rápidos, transparentes, entendibles”, se ha dicho.

-Así es, la gente quiere juicios más rápidos y la reforma debiera ser capaz de producirlos. Las personas también necesitan entender mejor qué es lo que está ocurriendo durante el transcurso del juicio. Y además comprender en mayor medida las resoluciones judiciales. Estas cosas mediáticas son porque la política pública tiene que ser capaz de traducirse en beneficios sociales concretos. Lo curioso en esto es la paradoja de que por mucho que la gente critica a la justicia, aún así le sigue teniendo especial fe, ¡o no tiene donde más recurrir!, porque el número de ingreso de causas va creciendo de año en año.

-Otro tema importante es el traspaso de casos desde la justicia militar a la civil.

-En el Chile del SXXI los civiles no pueden ser juzgados por la justicia militar. Me siento muy orgulloso de que aun cuando haya sido en un contexto muy apurado de la huelga mapuche, sacamos definitivamente a los civiles de la justicia militar. Respecto a la cantidad de causas, quiero ser respetuoso de los fiscales, ellos están con una sobrecarga que es importante, pero la verdad es que el traspaso de causas desde la justicia militar no hace una gran diferencia. La cantidad de causas que se van a traspasar son del orden de 4.500, y el número de causas que ve la Fiscalía al año son 700 mil. Además estoy seguro de que muchas de esas 4.500 causas no están activas, sino con sobreseimientos temporales.

-Pero puede traer problemas importantes la diferencia que existe entre los procedimientos de la justicia militar y los de la civil, lo que podría derivar en una gran cantidad de absoluciones.

-En el proyecto de ley regulamos expresamente que las pruebas rendidas anteriormente ante la Justicia Militar iban a conservar su valor frente a la nueva justicia. Cuando sacamos a las personas de la justicia militar a la nueva justicia penal, queremos que la persona sea juzgada y condenada de acuerdo a estos nuevos estándares. Entendemos que a la justicia militar también hay que hacerle cambios, pero que los civiles deben estar sometidos a un estándar de juzgamiento que ya como país consensuamos y debe dar garantías de debido proceso. Yo espero que los fiscales pongan todo su empeño para trabajar bien y no porque tengan sobrecarga vayan a desatender causas como éstas, sobre todo si hay temas relevantes, más allá de que vamos a estar disponibles para ayudarles si producto de esto les falta personal.