Entrevista a María Teresa Infante

Con dedicación exclusiva a la preparación de los argumentos de Chile para enfrentar la de- manda de Perú sobre el límite marítimo, está desde hace unas semanas María Teresa Infante Caffi, quien ha tenido una destacada trayectoria en la Cancillería. Antes de asumir por completo la tarea ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la abogada estaba al frente de la Dirección de Fronteras y Límites.

Su vasto conocimiento sobre los temas limítrofes, la instaló como coagente ante la instancia internacional y coordinadora del equipo de expertos que asesora a Chile en la demanda peruana, que reúne a abogados, di
plomáticos, historiadores y geógrafos.

A ellos se suman, los especialistas extranjeros en casos internacionales, asuntos procesales y derecho del mar, que ya están trabajando en la preparación de la Contramemoria de Chile para responder a la Memoria peruana.

-¿La demanda peruana se veía venir o fue una sorpresa?

“Los antecedentes que se conocen a partir de las notas que presenta Perú en esta década, indican una línea de argumentación que niega la existencia de un límite marítimo. Si esa negación iba o no a ser presentada al Tribunal Internacional, pudo haber sido una hipótesis de trabajo. Chile tenía que estar preparado para poder responder jurídicamente ante esta tendencia, teniendo en cuenta además la relación diplomática y política con el Perú, la que es en sí misma muy importante. Sí teníamos la confianza de contar con antecedentes y fundamentos para poder dar una respuesta seria, lo que debía trabajarse en el nivel de preparación adecuado. Un país notificado de una demanda intensificará siempre su trabajo, sumará otros esfuerzos a la investigación y al análisis, constituirá grupos de trabajo más especializados, mirando a la demanda en toda su dimensión.
Antes de ese momento, fue conocida la entrega de una nota por el Perú, en 2004, donde planteaba un plazo para negociar. El Gobierno de Chile no se sumó a ese enfoque e hizo saber que no había una materia susceptible de negociación, por cuanto regían los tratados vigentes”.

-¿Para Chile existe propiamente una controversia con Perú?

“Ese es un enfoque que Chile no ha seguido y que merece ser comprendido. El Gobierno ha dicho que el Perú ha hecho un cuestionamiento a un tratado vigente y si recurrimos a las normas generales de los tratados y a las que aplica la Corte Internacional de Justicia, éste es un tema que no correspondería discutirse en el nivel en que se está planteando actualmente. Por lo tanto, nuestro país no podía ser parte de una definición de controversia por el simple hecho de que otra parte sostuviera que la delimitación era un tema controvertible. En notas se ha hecho presente está posición, que además coincide con la propia posición histórica peruana respecto del valor de los tratados internacionales sobre fronteras y territorio.
Lo que nuestro país ha sostenido, es que no existe un fundamento para controvertir lo que ahora se quiere controvertir. En las notas intercambiadas sobre materias como mapas o respecto de leyes adoptadas en el Perú, se ha hecho presente ese principio y se ha reiterado la vigencia de tratados sobre la frontera marítima. Con el mismo fundamento, Chile ejerce una soberanía y una jurisdicción legalmente fundada, y es legítima su acción en sus espacios marítimos. Por lo tanto, creemos que, con fundamento en el Derecho Internacional, no debería haberse buscado abrir una controversia sobre esa materia”.

-¿Cómo se desarrolla el procedimiento ante la Corte Internacional?

“En este caso, ha comenzado con la demanda peruana, documento sucinto, acompañado de documentos de apoyo. Perú y Chile designaron sus agentes ante la Corte. Ella consultó a los países respecto de los plazos a seguir para la fase escrita siguiente. Esa consulta se hizo casi dos meses después de presentada la demanda de Perú y la Corte determinó pos- teriormente, que Perú tendría hasta el día 20 de marzo de 2009 o para presentar su memoria –Perú lo hizo el día 19 de marzo- y Chile tiene hasta el 9 de marzo de 2010 para entregar la contramemoria.
El reglamento de la Corte establece algunos procedimientos relacionados con eventuales cuestiones incidentales. Después de la etapa de Memoria y Contramemoria, puede seguir la fase escrita de réplica y dúplica, en plazos que determinará la Corte. Normalmente, se ha decidido un plazo inferior al que se otorgó para la Memoria y la Contramemoria, lo que sería menos de un año. Después viene una etapa de alegatos orales, que se programa para un tiempo posterior a la dúplica.
También los países han postulado cada uno un juez ad hoc al no contar con un juez de su nacionalidad”.

-¿Chile tenía previsto discutir la competencia de la Corte?

“Es un tema que las reglas de la Corte permiten plantear. No siempre los Estados levantan el tema de la competencia como una cuestión exclusivamente previa. El Gobierno de Chile manifestó hace algunas semanas que en la Contramemoria presentará “todos los antecedentes de hecho y de derecho que comprueban la existencia del límite marítimo entre Chile y el Perú, así como los argumentos relativos a la jurisdicción de la Corte, reservando su derecho a invocarlos, fundado en la plena confianza en la solidez y legitimidad de sus títulos”. Esa es la posición oficial”.

-¿La Corte revisa su competencia, independientemente de que los Estados no se lo planteen?

“La Corte tiene la facultad de examinar su competencia. A veces, es un examen que resulta simple, porque son claros los fundamentos de la competencia y jurisdicción. En otros casos, puede haber un elemento de mayor complejidad, que requiera de precisiones e interpretaciones de distintos cuerpos jurídicos, tratados, declaraciones unilaterales de los países, en qué medida son coincidentes, entre otros. El carácter voluntario de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia agrega complejidad a esta materia”.

-En cuanto al fondo, Chile ha ejercido soberanía sobre la zona marítima, ¿ese es el punto de partida de la estrategia ante la Corte?

“Es un punto muy sustantivo, porque desde que se crean las 200 millas de zona marítima, en 1947, cualquiera sea la denominación que los países con el tiempo adoptan en su ámbito interno, se ha actuado en forma concordante con Perú. A este acuerdo, se suma en un tratado internacional de alcance histórico, Ecuador. Las 200 millas fueron aceptadas como norma general por los países del Pacífico Sudeste, sumándose Colombia como miembro del Sistema, a fines de los años setenta.

Desde su creación, el ejercicio de los derechos de Chile en esa zona ha sido irrebatible, nunca ha habido controversia sobre ese ejercicio. Incluso, cuando ha habido detenciones pesqueras a embarcaciones peruanas, en aguas chilenas, jamás ellas fueron tratadas como motivo de controver-sia entre Estados, sino que se buscó fortalecer la capacidad preventiva y la coordinación entre autoridades marítimas fronterizas. En los años sesenta, cuando no se usaban posicionadores satelitales en las embarcaciones, hubo un activo intercambio de notas por las infracciones pesqueras de mayor alcance y ambos países acordaron medidas más eficaces y definitivas de cooperación para evitar que se traspasara el límite. En este contexto, se reafirmó sostenidamente la existencia del límite marítimo no sólo en notas, sino también en acuerdos que llevaron a la construcción de las torres de enfilación, para materializar el límite y señalizarlo.

Originalmente, algunas potencias marítimas se mostraron refractarias a las 200 millas, estimaban que no estaban consolidadas y que no les eran oponibles. Pero el proceso fue evolucionando con vigor y, al cabo de algunos años, muchos países se sumaron a las 200 millas. Entre los países del Pacífico Sudeste, nunca se objetó la existencia de las 200 millas y su límite marítimo entre ellas y se reconocieron sus regímenes de administración de recursos, políticas y medidas nacionales y el derecho a negociar nuevos acuerdos aplicables a las 200 millas, entre sí y con terceros. Es decir, había una frontera entre las 200 millas de Perú con Chile y de Perú con Ecuador que no fue obstáculo para profundizar un amplio sistema de cooperación. Eso nunca fue puesto en duda. En la práctica ade-más, Perú y Chile buscaron formas de materializar de un modo más visible ese límite para informar a quienes lo cruzaban por el mar.

Por eso, a partir de los correspondientes acuerdos, se construyeron las torres de enfilación al norte de Arica. Dos torres enfiladas, que cuando un navegante miraba hacia la tierra y observaba un solo haz de luz, quería decir que estaba traspasando el paralelo”.

-¿Perú está consciente de que existían muchos actos ejecutivos chilenos?

“El ejercicio amplio, pacífico, no discutido, de la actividad soberana chilena en la zona es una cuestión fundamental. La opinión pública nacional está pendiente además de que transmitamos la experiencia relativa al ejercicio continuo de los derechos en la zona. Podemos tener en cuenta también que se ha conocido por varias décadas que Perú ejerce sus derechos y jurisdicción al norte del paralelo. Las evidencias y antecedentes deben ser expuestos, por lo tanto, en esta materia. Cuando observamos la industria pesquera y la actividad pesquera artesanal en la zona norte, ellas han sabido hasta dónde llegan la zona marítima frente a Arica y el límite por el paralelo. Siendo Perú una potencia pesquera mundial, es un antecedente interesante y conocido internacionalmente, así como lo ha sido el hecho de que cada país ha reconocido la exclusividad del otro en su propia zona, característica constante en la práctica de estos países”.

-¿La demanda peruana por el límite marítimo también discute el límite terrestre con Chile?

“La demanda del Perú sostiene que el límite marítimo debe partir de un punto llamado Concordia, que el documento identifica y sitúa en forma precisa con algunas coordenadas. Ese punto fue objetado por Chile en 2005, antes de la demanda, ya que se pretende sustentar en el Tratado de 1929, pero que, en realidad, con independencia del empleo del término Concordia, no se sustenta en el tratado. Es un punto que ha sido configurado para efectos de la demanda marítima. Este es un tema que tiene ángulos técnicos y jurídicos. En el Perú, se realizó un trabajo interno que se manifestó en la ley que estableció unas coordenadas en 2005, para desde allí dar inicio a una nueva delimitación marítima. Ese punto no coincide con la latitud del paralelo, ya que está situado varios segundos más al sur y no se conoce su relación con otro acuerdo chileno-peruano”.

BOLIVIA

-¿En la agenda de los 13 puntos entre Chile y Bolivia está incluida la salida al mar de Bolivia?

“La agenda incluye un punto titulado como tema marítimo. Se ha denominado así un concepto que abarca no sólo una visión específica, sino que debe comprender el sentido de un
diálogo con diversas esferas basadas en la confianza mutua y a partir de un conocimiento sincero y profundo del pensamiento de los países. El tema marítimo se incluyó en forma explícita en cuanto es una dimensión en la relación Chile-Bolivia, que no necesariamente involucra un enfoque a partir de la soberanía, de reintegración o cesión de derechos, tampoco de revisión de tratados internacionales. No prejuzga respecto de que nuestro país esté forzado a asumir que existen temas pendientes o materias no resueltas. Ha sido importante situar este tema en la perspectiva de la búsqueda de coin-cidencias políticas y de otro orden, en el ámbito bilateral, y en la del perfeccionamiento del acceso al mar, en un marco de integración. En todo caso, es una materia de responsabilidad de los vicecancilleres y no me corresponde entregar opiniones. Es el camino que los Gobiernos han decidido.
Es de interés que se comprenda que en una relación madura puede haber un intercambio de puntos e ideas, así como producir acercamientos en torno a materias esenciales, estando además presente que Bolivia ejerce un libre tránsito por puertos chilenos y que es parte de las relaciones internacionales actuales, que los países aspiren a mejorar sustantivamente su acceso a ultramar”.

-¿Chile está estudiando la posibilidad de una salida al mar a Bolivia o sólo va a ser receptivo a lo que Bolivia le plantee?

“El diálogo es entre dos Estados, Chile y Bolivia, y además está situado en un nivel de autoridades –vicecancilleres- de cada país. En las actas de Consultas Políticas, públicas por lo demás, se ha consignado la necesidad de contar con los respaldos internos y orientarse en un ambiente de confianza mutua; es un diálogo de dos”.

-¿Chile ha explorado alguna fórmula en particular para dar salida al mar a Bolivia?

“En general, nuestro país tiene la memoria sobre los casos del pasado en que se ha conversado o negociado. A veces, algunas personas proponen nuevas “fórmulas” o crean entusiasmo en torno a ideas. Las experiencias hay que mirarlas integralmente, tanto en su auge, como en su declinar y término. Además, deben leerse los signos y realidades actuales, y la forma como las autoridades definen sus tiempos y generan confianzas y respaldos, sin perder de vista los tratados operativos. En todo caso, no puedo explayarme más sobre temas de fondo”.

-¿Hay algún avance respecto del río Silala?

En torno al río Silala o Siloli, se ha generado un acercamiento entre Chile y Bolivia desde el año pasado y en este período se ha logrado llegar a un esquema inicial, considerando los tiempos que Bolivia ha solicitado como punto de partida para después pasar a un acuerdo de largo plazo. En ese esquema, ambos países se reconocen mutuamente el derecho a disponer de parte del agua. Respecto del agua antes que transcurra por la frontera, se reconoce el derecho de Bolivia para que disponga de parte del caudal antes de dicho cruce, entre otras formas para que se capten aguas y sean conducidas a Chile. Este es un esquema razonable, que permite abordar un recurso hídrico que cruza naturalmente la frontera, de forma que ambos países se beneficien. Bolivia ha expuesto la necesidad de que este recurso sea una fuente de beneficio para su comunidad interna, punto de vista que nuestro país no ha discutido en el pasado, sino que ha dicho que la cuestión de fondo es que se trata de un curso natural de agua cuyo caudal pasa superficialmente a Chile y, por tanto, no ha habido un desvío artificial o un uso indebido de las aguas.

Se han estructurado estas ideas en el nivel de la negociación y se ha elevado un esquema a la aprobación de las autoridades políticas. Si Chile recibe naturalmente las aguas que cruzan por la frontera, ¿de qué forma Bolivia considera otorgar autorizaciones en su territorio? En el pasado, ambos países lo reconocieron como un río situado en una zona de frontera. A partir de la concesión que otorgó Bolivia a una empresa en 1908, se realizaron obras en territorio boliviano, que no cambiaron la naturaleza ni el origen de las aguas, sólo implicaron una forma de administración del recurso en Bolivia y de preservar el recurso hídrico.
Se espera concretar un acuerdo. Los países cuando negocian estas materias requieren respaldos internos importantes. La Cancillería está consciente de ello. El Silala o Siloli es un tema que se ha individualizado en la relación bilateral y hay esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo de mutua conveniencia”.

ARGENTINA

-¿Hay temas limítrofes pendientes con Argentina?

“Chile tiene varios tratados con Argentina, los que se están aplicando y se siguen aplicando en forma permanente. La última gran negociación se dio en la década pasada y antes, en el marco de la mediación papal. Lo que los países consideraron como puntos pendientes, según determinaron por acuerdo, fueron sometidos a diversas fórmulas, en 1991, 1994-95 y 1998. Entre ellas, está Campo de Hielo Sur, cuyo Acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el Monte Fitz Roy al Cerro Daudet, firmado en 1998, está vigente. Allí se establece un procedimiento que los países pueden seguir con la intensidad que acuerden, a fin de realizar el levantamiento cartográfico, a cargo de la Comisión Mixta de Límites y la demarcación en el terreno. Es un acuerdo que buscó reflejar equilibrios entre los países, resultó de una negociación constructiva con elementos transaccionales, lo que permitió superar el estancamiento del Acuerdo anterior de 1991, cuya aprobación interna se hacía menos probable.

El Acuerdo fue conocido por contener una traza mediante líneas rectas, que popularmente se llamó poligonal. Más allá de otras connotaciones, era un antecedente valioso y proporcionó una experiencia rica que sirvió, así como otras soluciones de 1991, para visualizar los términos de un nuevo Acuerdo. No hay una controversia con Argentina respecto de la vigencia del Acuerdo de 1998. Este contiene elementos sustantivos, agrega una imagen donde la traza acordada está dibujada, indica coordenadas, entre otros aspectos. Los tema antárticos siguen el curso que entrega el Tratado Antártico”.