Entrevista a Milton Juica Arancibia

El terremoto en la víspera de la inauguración del año judicial obligó a suspender esta tradicional ceremonia. El nuevo presidente de la Corte Suprema, Milton Juica Arancibia, junto a otros ministros, optó por verificar en terreno los daños sufridos por los tribunales de justicia, entre las regiones Metropolitana y del Biobío, y ver cómo se enfrentaba la contingencia. Los daños materiales son cuantiosos, pero está orgulloso de cómo han actuado magistrados y funcionarios judiciales. Audiencias en comisarías y al aire libre fueron algunas soluciones que se impusieron tras el sismo. Incluso, recuerda a una jueza que llegó barazada a abrir su tribunal, en una zona devastada.

Destaca que “nunca se suspendió la actividad de los juzgados de garantía. Los jueces de garan-?tía, conjuntamente con los fiscales y la defensoría penal, conformaron equipos y se instalaron en comisarías y ahí atendieron.

Era la mejor fórmula, porque el traslado de los presos era difícil”.

Pero la actividad judicial, como otras, ha presentado dificultades, en especial, los juzgados civiles de Santiago, que sólo reciben escritos y proveen demandas, en espera de la ley que prorrogue los plazos, recientemente promulgada.

“Como Corte Suprema dimos instrucciones en el sentido de que los jueces adoptaran la norma general del entorpecimiento. Seguramente, todos los que tengan plazo fatal se van a considerar como entorpecimiento todo el tiempo del terremoto”.

-¿No se están viendo causas en la Corte Suprema que vienen de las zonas afectadas?

“Cada sala va a determinar. Si la causa de la zona afectada está en la Corte Suprema y han designado abogado de Santiago, esa causa se ve, porque no hay inconveniente. Si es una causa del sur, en que no aparece el letrado, evidentemente, esa no se va a ver y cada vez que se presente un escrito de uspensión también se le va a proveer. En la presidencia, estamos viendo el tema de la comparecencia y estimar todo el período como suspendido, si llega la comparecencia fuera de plazo, la aceptamos”.

-¿Tienen una estimación de los daños para el Poder Judicial?

“Esta Corte está en campaña desde el día sábado después del terremoto y partimos todos los que pudimos a la zona afectada. Yo estuve en Concepción.

Tenemos un trabajo serio y una cifra estimativa para reparar el Poder Judicial, tenemos todos los tribunales involucrados con el terremoto. Son $11 mil 832 millones 581. Esto incluye sólo a los tribunales de justicia. Nuestro presupuesto es sólo para los tribunales de justicia. No tenemos asignado presupuesto para los servicios auxiliares de la administración de justicia, como son los notarios, conservadores, receptores y defensores públicos. Ellos están consideradores como empresas privadas, desde el punto de vista de la relación laboral con los trabajadores. Espero reunirme con la Asociación de Notarios para que ellos nos digan cuál es la situación de habitabilidad. Esta estimación comprende desde la Región de Valparaíso hasta Temuco y Valdivia. También tenemos la estimación para edificios del Poder Judicial de las cortes y abogados en Valparaíso, Santiago, Talca, Chillán, Concepción y Temuco. Valdivia no tuvo mayores problemas.

Tenemos estimaciones de hasta $40 millones para daños menores, que trataremos de solucionar con nuestros recursos. Después tenemos una estimación de daños media de hasta $200 millones y corresponde a daños de algunos elementos estructurales, pero que no comprometen la estabilidad general del edificio.

Después tenemos una estimación de daños superiores a los $200 millones,en que está comprometida la estabilidad del edificio, lo que implicará sostenerlo o simplemente demolerlo.En gastos para daños menores, nos significan $2 mil 200 millones, que pueden ser reasignados recursos del Poder Judicial.

En daños y reparaciones medias, son aproximadamente $1.914 millones y para reparaciones materiales de envergadura son $7 mil 717 millones proximadamente de gastos. Por cortes, la más afectada es la jurisdicción de Talca, que nos significa casi $3 mil 550 millones, después Concepción y luego Santiago.

Menor es Chillán. Desde el punto de vista de la habitabilidad de los edificios, 7% es baja, 20% es media y 72% es alta. En cuanto a la cantidad de edificios involucrados, Temuco tiene 28, Concepción 32, Chillán 13, Talca 23, Rancagua 22, San Miguel 24, Santiago 16, Valparaíso 42”.

-¿Hay seguros?
“No. Con los edificios nuevos, tenemos boletas de garantía con las constructoras que hicieron los trabajos de los edificios que hace el Poder Judicial,porque hay muchos edificios que tienenotro sistema de garantía”.

El terremoto de 1985

El presidente del máximo tribunal recuerda el terremoto de 1985 en el Palacio de Tribunales, cuando él era relator de la Corte Suprema, resaltando que el daño en esa oportunidad fue mucho mayor al actual en ese edificio.

“Quedó casi imposibilitado de trabajar. ¿Por qué esta vez no sufrió tanto daño? Porque cuando se produjo el terremoto de 1985, que casi se vino abajo este edificio, se tuvo que arreglar y se arregló muy bien, porque esta Corte tiene una historia de construcción muy reciente. Esta Corte era hasta la mitad (ala de Morandé), era un edificio viejo de albañilería y años después se hizo esta segunda parte (ala de Bandera) de material sólido, concreto armado. Por tanto, cuando hay terremoto siempre se recomienda que se vayan para el lado de Bandera y fue un desastre. Entonces, se dispuso el arreglo. Ya existían calculistas en esa época, porque aquí no tenemos planos de cálculo estructurales, tenemos el plano del constructor o del arquitecto, pero no hay un trabajo de calculista, de ingeniero. Y cuando vinieron los calculistas, dijeron que el edificio se podía arreglar, pero hay que hacer tal inversión y en ese tiempo era enorme, unos $3 mil millones o $4 mil millones, y se hizo de tal forma que el edificio se sujetó sobre la base de dos muros, de más o menos dos metros de ancho de concreto armado, que va varios metros de abajo hacia arriba y entre los dos metros se colocaron vigas de acero en cruz, de tal manera que quedó muy firme. Sin embargo, tuvimos daños. En este momento, tenemos en situación de
clausura en el salón de actos del pleno, porque se puede haber caído una losa y eso es grave, y el lado de calle Morandé y el medio (del edificio) que son completamente reparables”.

Los tribunales civiles

Milton Juica señala que “el problema más grave en Santiago es el edificio de los juzgados civiles, que tiene arreglo. Tenemos considerado, de acuerdo a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, arreglar la placa, luego, dos o tres meses, de tal manera que ahí puedan trabajar 20 juzgados civiles. En la torre, hay un problema en los pisos 8 y 9, donde hay sospecha de colapso de alguna columna que no es básica y que presenta problemas de fisura. Ya se ha demostrado que se puede fortalecer y eso nos va a tomar unos 150 días más para que se puedan restablecer los diez juzgados.

Mientras tanto, estamos viendo el edificio de Avenida España, el de los viejos juzgados del crimen, donde se están haciendo trabajos para rehabilitarlo, porque también tuvimos un problema de una viga peligrosa, que se arregla rápidamente y ahí pensamos instalar los otros juzgados civiles”.

-¿Con traslado de expedientes y documentos?

“La idea es trasladar los menos documentos y que los jueces empiecen a trabajar en la medida que lo esté pidiendo el abogado, no llevar todos los expedientes, sino que el juez se instale en un juzgado con las cosas que necesita para dictar sentencias y cuando se presenten escritos se vayan trasladando los expedientes y vayan quedandoallá. Seguramente, muchos expedientes no se van a mover en mucho tiempo y sería un gran esfuerzo trasladarlos”.

-¿Cuándo va a funcionar el Centro de Justicia a plena capacidad?

“Desde antes del terremoto no estaba funcionando a plena capacidad, porque no se ha entregado el edificio.El entonces ministro señor (Sergio) Bitar vino a hablar personalmente conmigo y me aseguró, antes del terremoto, que estaban concluidos todos los trabajos para que se entregara este año. Yo creo que se va a entregar este año, porque no tiene un problema de construcción, sino que de climatización. Desde el punto de vista del terremoto, los daños son menores y sólo son de cielo”.

Examen de rehabilitación

 -¿Cree que el juramento de los abogados debe seguir siendo una labor de la Corte Suprema?

“En mi discurso (de inauguración del año judicial), hago referencia a la preocupación de la Corte, que hemos manifestado al Consejo del Colegio de Abogados. Nos encontramos con que cada día, cada año, el aumento de los juramentos es mayor. En 2008, eran menos de dos mil y en 2009, fueron 2 mil 860, casi el doble, y la tendencia es que siempre irá doblando. Nos preocupa que esta ceremonia que habilita, se realiza para la única profesión en que se da el título por un órgano fuera de la universidad, la Corte Suprema, y que ha perdido la significación que tenía en su tiempo. Uno ni siquiera hace el papel de un validador, sino que simplemente constata que una persona es licenciado y se le extiende el título y se hace un juramento, un discurso.

Disponemos todas las semanas de una audiencia. Antes se hacía una vez al mes, en mi época, cada dos o tres meses. Ahora tenemos una presión enorme de muchachos y pelean porque se haga luego su juramento. Pero nos dimos cuenta de que el estándar de calidad y de idoneidad es distinto. No quiero hacer un juicio de valor respecto de que la calidad sea mala. A lo mejor, la filosofía de esa facultad de derecho mire a tener abogados para una cierta actividad en el país, pero a nosotros nos interesa el abogado que litiga, que va a los tribunales, y creemos que en esa parte algunas universidades no preparan bien a los abogados. Uno conversa con los ministros de la Corte de Apelaciones sobre cómo encuentran la calidad y es muy negativa. ¿Es un aporte el alegato, en que uno realmente se da cuenta que el abogado tiene el conocimiento, la calidad, la personalidad para defender a un cliente? Los ministros de la Corte de Apelaciones dicen que hay poco aporte. Muchas veces son muy lamentables los alegatos, hay mucho desconocimiento jurídico y eso lo puedo decir con propiedad en la Corte Suprema. Presidí la Sala Penal, he estado en todas la salas, menos la laboral. Para mí
el alegato es fundamental, siempre ha significado que es el momento en que el tribunal realmente entra a conocer el asunto, cuando el alegato es profundo y 100% profesional.

Estuve casi 10 años de relator en la Corte Suprema y aprecié mucho eso. El relator tiene un punto de vista, el ministro tiene un punto de vista determinado por la manera como percibe el caso jurídico. Yo relataba con una convicción de juez de que el asunto miraba para un lado y no para otro, y los ministros también tenían una percepción, y qué hacía cambiar esa percepción. En la Corte Suprema, un abogado se anota para alegar 30 minutos, una hora, y a los diez minutos no tiene nada que decir, se pierde. No todos, pero un porcentaje mayor. Y uno dice, este señor tiene la personalidad de venir a la Corte Suprema a decir algo que él mismo casi no entiende. ¿Entonces, qué nivel de preparación tiene? Eso más que dejarnos en tinieblas a nosotros, en realidad, afecta a los litigantes. Un litigante se entrega a las manos de un abogado que no tiene la experticia suficiente y pierde el juicio porque el abogado no lo hizo bien”.

“Se ha dicho –continúa- que por qué se mete la Corte Suprema con la colegiatura obligatoria, que quiere volver a eso. Nunca hemos pensado en eso. Quisimos abrir un debate serio del asunto y que hagan algo por mejorar y dignificar la profesión de abogado. Para nosotros, lo ideal sería en cuanto a un examen de validación, que aquel abogado que quiere ir a los tribunales de justicia a defender los intereses de una parte tenga una habilitación especial. ¿Quién se la dé?, no interesa. Que se junten las universidades, que sea el Colegio de Abogados, que sean los jueces que digan que este señor ya está capacitado para litigar ante los tribunales por su experiencia como procurador después de tanto tiempo. El abogado que ya tiene cierta experiencia y está probado que puede defender en las Cortes de Apelaciones, tenga una habilitación, y así en la Corte Suprema. Eso no sólo lo miro en el interés de los tribunales, sino también en cuanto a los derechos que están en juego en un juicio, porque le aseguramos a la parte que va a elegir a un abogado habilitado para actuar ante un tribunal de justicia. No sabe cuántos juicios se pierden porque un abogado no fue a un comparendo, porque no llevó los testigos, porque no apeló.

Miles de juicios

 -¿Cómo ve la ética tanto en materia judicial como en los abogados?

“La veo muy debilitada, porque no hay un control ético. Queremos que se haga algo, que alguien reaccione y diga que no puede ser que estemos en una tierra de nadie, una selva en que cualquier abogado hace lo que quiere. El Colegio de Abogados tiene una sanción simbólica, todo es simbolismo, sanciona casos graves de sus colegiados”.

 -Ahora ha habido casos que son directamente delitos.

“Y nadie reacciona. ¿Cuál es el castigo que tiene? Perder sus derechos como colegiado ¿Pero ante la sociedad, ante el cliente? Eso es muy delicado.

Esta sociedad no reacciona ante estos problemas, que ya llevamos reclamando desde hace unos tres años, cuando inició la presidencia Urbano Marín. Después de tanto tiempo, salvo una ley que anda por ahí, que no sé qué destino va a tener finalmente, para establecer un tribunal de ética más sancionatorio, pero no veo nada más, y a nivel de universidades tampoco. En ética judicial, hemos avanzado una barbaridad, basta ver todo lo que tenemos en transparencia. Estamos ubicados en el primer lugar, a nivel de OEA, en cuanto a transparencia y en mi discurso hago las referencias a cuántos casos disciplinarios conocimos y cuántos sancionamos. Creo que estamos bien y estamos con diez mil personas”.

La reforma procesal civil

 -¿Cómo ve el proyecto para la reforma procesal civil?

“Desde el punto de vista de la idea, me parece extraordinaria. Desde el punto de vista de la formulación, tengo muchas dudas. En la reforma procesal civil, lo menos traumático es el código; o más traumático es implementar la reforma sobre la base de establecer el número de tribunales suficiente, la capacidad administrativa suficiente, el diseño computacional, el sistema de carpeta electrónica y que queden dilucidados los temas de los asuntos judiciales no contenciosos, del juicio ejecutivo y los juicios de arbitraje”.

 -Está la experiencia portuguesa con los tribunales cero papel.

“La mejor experiencia de tribunales sin papel la tenemos en los procedimientos ejecutivos laborales y previsionales. Todo se hace sobre la vía digital, pero eso requiere una inversión enorme. Pero tenemos una gran experiencia con la reforma procesal penal para aplicarla en materia civil. Lo que interesa es que esté tan financiada como estuvo la reforma procesal penal. No hubo tanto financiamiento para familia ni para laboral, pero de alguna manera conseguimos las platas para hacerlas aplicable”.

 -¿En la justicia de familia, cree que ya están superados los problemas?

“No, nunca va estar superado el tema de familia, porque es un tema social grave en Chile, en la medida en que existan problemas de desigualdades sociales y de pobreza. Mientras se superen esos estándares de pobreza y desigualdad social, por supuesto que podría mejorar también la operatividad de los tribunales de familia. Tenemos una carga enorme de presión de gente que quiere soluciones no mañana, sino que para ayer”.

La puerta giratoria

 -En materia de delincuencia, ¿creeque la opinión pública responsabiliza sólo al Poder Judicial de la denominada “puerta giratoria”?

“Siempre he sostenido que la ‘puerta giratoria’ es un eslogan político y hasido muy bien utilizado como tal. Pero incluir el tema de la ‘puerta giratoria’ con el tema de fondo y serio de la seguridad, es equívoco. No tienen ninguna relación. La seguridad pública es un problema del gobierno, pero no pasa por cómo actúan los tribunales de justicia, que tienen una posición de resolución de carácter netamente represiva, no en el sentido de castigar por castigar, sino de juzgar de acuerdo a un debido proceso, de considerar que nadie es culpable o inocente al momento del juicio y eso la gente no lo ha asumido. El derecho a la defensa parecen también normas programática constitucionales, la presunción de inocencia. Todos estamos de acuerdo con eso, pero al momento de aplicarlo en los tribunales de justicia, se enojan.

¿En qué quedamos? ¿Hay presunción de inocencia o no hay? ¿La libertad provisional es un derecho constitucional o no? Si la Constitución nos dice que la regla general es que la persona tiene que pasar por el proceso en libertad y lo excepcional es que esté preso. Todo esto se arregla modificándolo.

Presumamos que la persona que está detenida es culpable, sincerémonos en eso y digamos que la regla general es la prisión preventiva y lo excepcional es que la persona esté libre. Si así es la ley, nosotros como tribunal tendremos que aplicarla. Pero nuestra conciencia y nuestro sentido libertario nos indica que esto no es así. Es un error.

Este concepto, además, es falso, porque estadísticamente con el Código Procesal Penal, que es más garantista que el sistema procesal penal antiguo, inquisitivo, secreto, de facultades omnímodas del juez, el actual sistema arroja más presos que el antiguo. El (ex) director de Gendarmería, que lleva diez años en la institución, ve que la cifra de presos va hacia arriba, no hay cárceles para llenar. Y nos piden a los jueces que echemos más gente a las cárceles. No tenemos capacidad.

Si tuviéramos mala leche en este aspecto, le podría decir a los jueces que metan presos a todos los que lleguen, a ver cuánto dura el sistema. ¿Qué pasaría? ¿Quiénes van a ser los responsables? Los jueces. Siempre van a ser los jueces los responsables”.