Entrevista a Pablo Mosca Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación

¿Pensaba antes de asumir que llegaría a la Presidencia del Consejo de la Magistratura?

No, no lo pensaba ni tampoco era una cuestión que encerrase interés personal. Sí en un plano institucional considerábamos que la Presidencia, atento a las potestades legales y reglamentarias que detenta era importante para reivindicar la posición de la abogacía que por aplicación de la ley 26.080 había visto disminuido enormemente su representación y nos lo imponíamos como una medida para paliar el desequilibrio que se había generado producto de la ley. Más allá de lo que podía significar un campo de actuación importante, para asumir la Presidencia, no admitimos ningún tipo de condicionamiento.

¿Qué responsabilidad tenemos los abogados presidiendo el Consejo de la Magistratura?

Las responsabilidades son muchísimas en virtud de que luego de la reforma del reglamento la Presidencia reasume una cantidad de funciones que habían sido delegadas en Secretaría General y en la Administración General del Poder Judicial. Entre ellas todo lo que eran oficinas delegadas, como, subasta, archivo, oficina de mandamientos y notificaciones, entre otras, que nuestra oficina articula con los tres órganos esenciales de la organización del Consejo: Secretaría General, Administración General y el Cuerpo de Auditores.

Eso trae aparejado un cúmulo de trabajo enorme, máxime que la Presidencia del Consejo con anterioridad estaba en cabeza del Presidente de la Corte que tenía una estructura importante para asistirlo. Luego de la reforma legal la infraestructura necesaria para desempeñar la función no existe. Hemos logrado incorporar únicamente un cargo de Secretario Privado de Presidencia para que colabore con todas estas oficinas y las funciones que hacen al esquema organizacional con la Secretaría General, Administración General y el Cuerpo de Auditores. Importa organizar también las órdenes del día, la Comisión de Labor, etc.

¿Para que sirve el Consejo de la Magistratura?

Yo creo que la función esencial del Consejo de la Magistratura es seleccionar los mejores jueces, remover a los que son malos –para hablar mal y pronto, y la otra función es la de administrar el Poder Judicial de manera tal de descomprimir de estas tareas o funciones técnicopolíticas o técnicoorganizacionales a la propia Justicia. Dejando en cabeza de la Corte y de los tribunales inferiores la función técnico jurisdiccional, es decir, que se definan claramente las dos órbitas de actuación.

¿Cree que esto se está logrando?

Yo creo que la reforma de la ley generó un desequilibrio muy grande en la composición del órgano con una preeminencia muy grande del poder político que indudablemente impacta en el proceso de selección. Creo que la reforma también puso en órbita del oficialismo un número que le otorga un derecho de veto para los procesos de remoción, y en lo que hace a la administración y gobierno del Consejo estamos frente a una zona gris en donde no queda claro cuál es el rol que tiene la Corte y cuál es el rol del Consejo. Hay una confusión de funciones.

¿Se supone que en la ley está muy claro pero no se dá en la práctica?

En la práctica hoy estamos en una situación donde yo digo que necesariamente se requiere armonizar la ley de autarquía financiera y la de administración financiera con las pautas que establece la Constitución para la organización del Consejo.

¿Cual es su relación con el CPACF y con su Presidente el Dr. Jorge Rizzo?

Es una excelente relación. El primer día que conocí al Dr. Rizzo realmente me abrió las puertas del Colegio Público, de toda su infraestructura, de todas sus comisiones para facilitar la tarea. Como él siempre dice: esta es la casa de todos los abogados. Así que realmente me sentí muy acompañado en esta gestión, sobretodo siendo del interior donde mi participación siempre giró en torno a la Federación Argentina de Colegios de Abogados –FACA, pero el Dr. Rizzo me ha abierto las puertas del Colegio sin pertenecer al proceso eleccionario de Capital Federal.

Claro, Ud. es de Pergamino ¿extraña?

Y… se extraña mucho…. el ritmo de la Ciudad de Buenos Aires es totalmente diferente al interior, los tiempos, las distancias realmente establecen un sistema de trabajo totalmente distinto al que uno viene acostumbrado.
Paso la mayor parte de la semana en Buenos Aires, estoy viniendo de lunes a viernes y a veces hasta me voy los sábados. Además, tengo la familia en Pergamino, cuatro hijos. Dos hijas estudiando acá en Capital, otro estudiando en Rosario y la más chiquitita que viaja con nosotros. Todo un tema personal… el desarraigo se siente, se siente mucho.

Desde su perspectiva ¿el CPACF ha mejorado su imagen institucional desde la asunción del Presidente Dr. Jorge Rizzo?

El Colegio, indudablemente es el más importante del país, es una entidad cuya actividad institucional impacta en todo el resto de los colegios de abogados. Yo veo a esta nueva Comisión Directiva muy comprometida con el problema de la abogacía y del ejercicio profesional, como así también muy preocupada por toda la problemática previsional. Uno de los ejes que más se destaca en esta nueva composición es su oposición al régimen de CASSABA, pero yo rescato la seriedad del planteo en cuanto a que ellos no se oponen un régimen previsional para los abogados. Sí, hay objeciones muy claras en la forma en la cual fue creada y se puso en marcha el sistema de CASSABA y que consideran que esa puesta en marcha afecta a los abogados.

Así como con el Dr. Rizzo, en reiteradas oportunidades, conversé temas que hacen a problemáticas del Consejo de la Magistratura, como el paro y movilización del gremio, en el que me mostró su preocupación, su interés en participar como tercero imparcial para la resolución del conflicto.

¿Le parece bueno que siga existiendo este diálogo entre el Colegio y el Consejo?

Es fundamental el diálogo, de hecho fíjese si nos sentiremos acompañados por el Colegio que hace poco hemos formulado un acta acuerdo entre el Colegio y el Consejo para facilitar la estructura áulica del Colegio para todo lo que es Escuela Judicial y proceso de selección que antes estaba en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Creemos que ahora el ámbito es el adecuado y lo ha facilitado la gestión del Dr. Rizzo.

¿Cómo se lleva con el otro representante del estamento de los abogados, Dr. Santiago Montaña?

Tenemos una relación muy buena, un diálogo muy sincero, reflexivo y frontal en todos los temas. Tratamos casi siempre de fijar una posición acorde a las necesidades de la abogacía. Indudablemente estamos en franca minoría con el Dr. Montaña en esta gestión, lo que nos lleva a que tratemos de aunar la mayor cantidad de esfuerzos, estrategia y tácticas para ver desde este pequeño espacio de poder que nos quedó, cómo imprimimos el pensamiento, la ideología y la filosofía de la abogacía en las decisiones del Consejo.

¿Cómo quedó la relación entre la Corte Suprema y el Consejo?

Desde que el Dr. Ricardo Lorenzetti y yo asumimos la Presidencia en ambos organismos, marcamos la necesidad de fijar políticas comunes para ir resolviendo en primer lugar los problemas de la gente, de la sociedad, de la justicia, de los abogados, para asegurar que ese valor justicia se pueda realmente consolidar a través de la efectiva prestación del servicio de justicia.

Yo creo que este es el único camino que existe entre los dos órganos que integran el Poder Judicial de la Nación, el camino del diálogo, del consenso, de armonizar aquellas cuestiones que muchas veces no son claras, producto de que puede haber contradicciones o normas que no definan claramente cuál es el ámbito de actuación de un órgano y de otro.

Sin embargo, los último sucesos entre ambos órganos no parecen los mejores para establecer ese diálogo….

Yo creo que pudo haber una mala interpretación con respecto al desistimiento de la acción judicial frente al decreto de necesidad y urgencia 557/05 que ponía en vigencia la Ley de Autarquía Financiera y Administración Financiera anteriores a la vigencia del Consejo.

¿Estaba de acuerdo con ese desistimiento?

Yo estaba de acuerdo en hacerlo como establece el art. 308, primera parte, consensuando con el Poder Ejecutivo que era la contraparte del juicio, estableciendo la necesidad de armonizar la legislación vigente. Esto es, la ley de autarquía, la de administración financiera y las propias mandas constitucionales, fijando pautas para un futuro. Coincidía plenamente con el Presidente de la Corte en que no podíamos tener inmovilizadas esas sumas de dinero cercanas a los 500 millones de pesos frente a las necesidades de la sociedad y las del Poder Judicial.

La discrepancia se generó en el seno del Consejo en donde se obtuvo una mayoría para que el desistimiento fuera de característica simple, sin intervención o sin avanzar en una política de diálogo con el Ejecutivo tendiente a buscar esta armonización legislativa.

Esto tenía el fin de poder definir los marcos de actuación de cada uno de los órganos que integran el Poder Judicial de los que hablábamos anteriormente, y en ambos casos a partir de estos conceptos definir cómo se gobernaba y administraban los fondos para el cumplimiento de los objetivos constitucionales.

Por un lado, creo que fue positivo en el sentido de poder disponer del dinero frente a las necesidades que tiene el país, y por otro, negativo porque no puso final a un debate y a una discusión que llevó a una fractura entre el Consejo y la Corte tendiente a definir los ámbitos de actuación. Creo que ese debate nos lo debemos para el futuro.

Yo tengo entendido que en un principio eran 500 millones de pesos, pero que se han acumulado partidas y que actualmente ese monto ascendería a 1.050 millones….

Si, yo no podría establecer la cifra exacta. Se que son más de 500 millones porque hubo remanentes presupuestarios posteriores al 2005, más los intereses que ha generado.

¿Para qué va a utilizarse ese dinero?

El destino que habría que darle al dinero, en lo que coincidí con el Presidente de la Corte, es disponer en gastos de infraestructura, esto es tecnología, informática, y en infraestructura edilicia inmobiliaria y mobiliaria.

¿Lo sorprendió el Fallo de la Corte Suprema sobre el tema de subrogancias? ¿ Cómo cree que se puede solucionar ?

Es un tema dificilísimo el de resolver las subrogancias porque nuestra Constitución exige que los jueces federales sean seleccionados por el Consejo, que se eleve la terna y el Poder Ejecutivo en su marco de discrecionalidad escoja a un postulante y lo remita al Senado para prestar el acuerdo. Indudablemente el reglamento que diseñó el Consejo para las subrogancias colisionaba frente a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y el necesario acuerdo del Senado.

El inconveniente que se advierte es el siguiente: es el cuento de la sábana corta. O sea, si yo utilizo un juez federal con acuerdo del senado para cubrir una vacancia, estoy generando una disfunción en el servicio de justicia del juzgado de actuación propia del juez al cual voy a encomendarle la función jurisdiccional de otro juzgado.

Una de las ideas que se nos ocurrió es trabajar en un listado de abogados de la matrícula que cumplan recaudos que la constitución exige, la antigüedad en la matrícula, la edad, que manifiesten su aceptación para subrogar, diseminados en todos los Colegios de Abogados del país; someterlos a la Comisión de Selección; eleve los listados al Poder Ejecutivo para que los remita al Senado y se les preste un acuerdo por un tiempo prudencial para subrogar.

Entonces habría que imprimirle un trámite más urgente que el actual trámite de selección?

Claro, nosotros advertimos que la Comisión de Selección demora en un trámite normal de un juez, aproximadamente ocho meses. Por lo tanto, si generada la vacante nosotros pudiésemos colocar un juez de estos listados, que tenga acuerdo del Senado, durante más o menos un año y medio para cumplir con el marco constitucional, nos daría el tiempo suficiente para obtener el juez natural.

Sin embargo, es sabido que el Consejo ha elevado más de 80 ternas al Poder Ejecutivo y que éste todavía no ha hecho la selección, entonces no es todo culpa del Consejo…

Si, nosotros elevamos 91 ternas al Ejecutivo que éste todavía no remitió al Senado y en el día de la fecha hay tres propuestas en el Senado a las cuales tampoco se les presta acuerdo. Es decir que, la cuestión de las subrogancias no es responsabilidad exclusiva y excluyente del Consejo de la Magistratura, hay responsabilidad de los otros dos poderes.

¿Le duele la mala relación entre las autoridades del CPACF y las de la FACA?

Hubo un momento de tensión…. Pero en mi gestión como Presidente de FACA tuve el honor de que el Colegio se integrase y de poder mostrar por primera vez a la abogacía argentina unida en el seno de la FACA.

Yo creo que hay problemas a veces de interpretación o coyunturales que son tal vez aislados, que seguramente van a ser superados y que nos van a llevar a presentar a una Federación realmente unida como lo requiere la abogacía de hoy. Una institución fuerte, consolidada integrada por todos los Colegios de Abogados del país. Indudablemente cuando uno ve algunos cortocircuitos, algunos posicionamientos institucionales encontrados…. lo primero que emerge como actitud personal es tratar de ver como se pueden superar, como se pueden amalgamar porque realmente la abogacía y la sociedad argentina de hoy necesitan una discusión sólida, fuerte y consolidada.