Entrevista a Ramiro Mendoza Zúñiga

junio 12, 2011 Sin comentarios

A las siete de la tarde hay silencio en la Contraloría. Es martes y llueve en Santiago, hace frío, y en la soledad el ambiente de esta repartición se siente todavía más solemne y formal. Pero allí está Ramiro Mendoza (47 años), como siempre al pie del cañón, trabajólico, enamorado del derecho, citando leyes, números, artículos, reformas y modificaciones como quien recita poemas de amor. Cálido y cercano, joven para un cargo de esta naturaleza, habla despacito, con voz suave y relajada, con un impresionante dominio de las materias que le competen. Parece que hubiera estado desde hace años en este cargo que recién comenzó a ocupar en abril, luego que el hábil muñequeo del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, consiguió aunar criterios para abrirle paso en la Contraloría, no obstante los cuestionamientos que su nombre concitó por su cercanía con la Alianza.

“Si hubiera logrado unanimidad, sería un santo”, se defendió el propio Mendoza cuando le preguntaron por los treinta votos a favor, cinco en contra y una abstención que su nominación logró en el Senado. Pero sin duda en su designación pesó un mérito innegable para moros y cristianos: es calificado como un buen especialista en Derecho Administrativo.

Aficionado al café, a la ópera, a las motos que son su pasión -, es católico y cercano al Opus Dei, aunque es separado y padre de 3 hijos. Reconocido por su capacidad y experiencia, trabaja incluso los domingos, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, hora en que recién suele irse a su casa los días de semana. Abogado de la Universidad de Chile, fue profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile y actualmente en la Católica y miembro del Comité de Magíster de la Universidad del Desarrollo. Ha escrito más de 20 publicaciones sobre Derecho Público y ha sido asesor y consultor de una amplia gama de empresas e instituciones públicas, desde Conama hasta la Comisión Nacional de Energía, pasando por Chilecompras, el Gobierno de Chile en los Tratados de Libre Comercio, Cencosud y el grupo Enjoy. También asesoró a Joaquín Lavín en la venta de los derechos de agua de la Municipalidad de Santiago.

A la Contraloría se vino desde el estudio jurídico Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner y aunque todavía no se ha traído su colección de búhos, que le gustan porque simbolizan la paciencia y la sabiduría, ya se está acostumbrando o resignando a algunas características propias del cargo, como andar en auto con chofer en vez de en moto y tener guardaespaldas. Dice que con este último tiene “una regla de convivencia que debiera darse en las parejas: él me deja tranquilo”.

¿También le pide a los demás que se queden hasta las 11 de la noche?

No, de ninguna manera. A lo mejor yo trabajo más que mucha gente, porque me gusta hacerlo. ¡Es que el derecho es realmente muy entretenido, cuando logras entender el sentido de las normas y hacia dónde van! Entonces, de ser un trabajo se transforma en una afición. Además he tenido mucha colaboración aquí adentro.

¿Cómo es el equipo con que le toca trabajar?

Me he encontrado con mucha gente que tiene ganas de hacer las cosas bien. Cuando se estaba estudiando mi nominación y fui a la Comisión del Senado, un periodista me preguntó: “¿Usted cuando llegue va a cambiar la Contraloría?” Pero yo creo que uno tiene que tirar la carreta con los bueyes que se tienen. Los promedios de edad de la Contraloría están entre 40 y 45 años, lo que quiere decir que hay muchos que están cerca de los 70, y muy pocos cerca de los 25. Pero en esa gente hay una gran capacidad de trabajo, en latencia, y de verdad hay personas con una tremenda disposición profesional.

Uno de sus desafíos importantes es modernizar la gestión de la Contraloría. De hecho, existe gran esperanza en que usted lo haga.

Sería una petulancia de mi parte afirmar eso, porque la Contraloría está desde hace cinco años en un proyecto de modernización, para lo cual recibió aportes considerables del Banco Interamericano de Desarrollo. Creo, entonces, que uno de los aportes míos debe ser concretar la modernización, acelerar ese proyecto. Por ejemplo, el día de nuestra cuenta pública, el 6 de junio, se liberó un acceso a lo que se llama la tramitación en línea. Hoy quienes tienen alguna referencia pendiente o una resolución en Contraloría, basta que accedan a la página web, con el número de su referencia y su resolución, para que sepan la fecha estimada en que ésta va a salir.

¿Y ha sido utilizada por la gente esta opción?

En aproximadamente 15 días han habido 25 mil consultas en la página, lo que produjo una tremenda descongestión física en nuestras oficinas. En el piso 8, que es donde está la atención al usuario, ya prácticamente no se ve gente. Ahora las personas están esperando las fechas de salida de sus actos, lo que está sucediendo bastante más rápido, porque se están cumpliendo estrictamente los plazos legales. No están pasando más de 15 días en la toma de razón de una cosa sencilla.

¿Mérito suyo?

No, ya se estaba trabajando en eso, el único mérito mío es que tengo cierta cercanía con la informática, quizás porque soy un poco más joven. Trabajar con la computación me gusta mucho, es extremadamente útil, de hecho hoy día los funcionarios me envían mails, me comentan situaciones y yo les respondo. Hay cadenas en el caso de temas en discusión, y el asunto le llega de inmediato a los jefes, se hace todo más fácil.

Antedecentes: de verdad disponibles

¿Cuáles son pilares de la modernización de la Contraloría?

Los aspectos más importantes son fundamentalmente la transparencia y la probidad. La transparencia desde el punto de vista de lo que hacemos y lo que tenemos, y también desde los procedimientos que evacuamos. La Contraloría tenía una especie de identidad cultural de sigilo. Por ejemplo, cuando llegaba alguna petición de dictamen, la verdad es que no era muy colaboradora con la información que se tenía. Pero a mi juicio el Artículo 8avo de la Constitución, después de la reforma de la Ley 20.050, tiene que traducir de verdad un cambio cultural en la documentación que la administración tiene, los procesos que lleva a cabo y la cultura de sus organizaciones. Eso significa que de verdad los antecedentes están disponibles, que de verdad las entrevistas administrativas y la comunicación de los datos que nos toca resolver estén a la vista de todos. Las decisiones que debemos tomar en la Contraloría no pueden apartarnos del debido proceso.

¿Qué significa en la práctica?

Si hay una decisión en relación a un dictamen que va a afectar a un tercero, ese tercero tiene que ser notificado antes de la decisión o el dictamen, para los efectos de que alegue conforme a sus derechos. Porque muchas veces las decisiones de la Contraloría se relacionan con el fin de beneficios y el cese de concesiones, y a la persona le llega de repente una decisión del Servicio donde se le dice “vamos a tener que invalidar su concesión porque la Contraloría nos está ordenando que invalide”. A mí me parece que la transparencia no es sólo un tema de mostrar papeles, sino que es un tema cultural de hacernos cargo de procesos durante la tramitación. Así de verdad va a haber más comprensión desde el punto de vista de lo contencioso. Creo que en el mediano plazo se va a producir un involucramiento mucho más activo de la Contraloría. No todo debería llegar a los tribunales. Hay muchos ámbitos decisionarios que si están bien motivados, bien decididos, debieran terminar en la Contraloría.

Decía recién que la probidad es otro de los pilares de la modernización.

La probidad está relacionada con el núcleo de lo que hace la Contraloría. Desde el punto de vista jurídico se vincula con una norma, que es la materialización de la Ley orgánica. En el año 2002, cuando ésta se modifica, se le pone a la Contraloría un tremendo peso desde el punto de vista de las auditorías que debe realizar, que deben velar por una serie de cosas, como la eficiencia. Y además se le otorga al contralor la potestad reglamentaria de que norme las auditorías administrativas, cuyo fin esencial es resguardar el patrimonio público y velar por que el ingreso y la inversión de los fondos públicos esté en el lugar que corresponde.

¿También le corresponde opinar sobre la idoneidad de las decisiones tomadas?

No, no entra a cuestionar si la decisión de fondo fue buena o mala. Por ejemplo, la Contraloría no se pronuncia sobre si el puente debió haberse construido en el hito 18 o en el hito 25, pero sí analiza que la calidad de ese puente y los recursos del contrato de construcción que se gastaron en él, sean reflejo de la obra pública que fue contratada.

¿Cómo se logra eficiencia en la gestión?

A través de herramientas auxiliares, como instrumentos tecnológicos, de gestión de personal y medición del trabajo, que hoy no están aquí. De hecho, la Contraloría es una institución que tiene la más tradicional de las calificaciones anuales, donde el 98% de nuestros profesionales y administrativos poseen nota máxima. Cuando existen curvas así, quiere decir que las calificaciones no están midiendo el resultado.

¿Entonces?

Estamos analizando cómo rearmar de la mejor manera posible la gestión del personal. Hoy día los estímulos en la Contraloría están centrados en el grado, pero la igualdad produce injusticias, porque los sujetos que trabajan más no tienen una retribución económica justa. No existe ninguna herramienta que permitan premiar a los que trabajan más. Por eso estamos intentando visualizar instrumentos de medición de rendimiento del trabajo, cosa de poder premiar el desempeño. Pero, por otra parte, los servicios fiscalizadores tienen bonificaciones especiales en la medida en que sancionan más o tienen mayor fiscalización. Ese es un incentivo bien perverso y ahí es donde nos encontramos con una dificultad. Estoy estudiando los diversos modelos legales que existen y si se da la coyuntura de poder diseñar algo más afín a los negocios nuestros, plantearlo en el presupuesto y que nos den una flexibilidad al respecto.

La ley orgánica

¿La modernización de la Contraloría requiere de mayor presupuesto?

Primero redistribución, esa es la idea esencial. Y lo segundo es que en la medida que uno incorpore varios componentes medibles desde el punto de vista de la gestión y demuestre un rendimiento efectivo en la sociedad, más recursos puede pedir. Esta es una idea que siempre ha estado encima de la mesa, todas las veces que hemos conversado con la autoridad superior de la administración. Porque creo que uno no puede ir a pedir sin nada que ofrecer. Eso me lo enseñaron de chico.

Sin embargo ¿se necesitan más recursos para combatir la corrupción?

La forma de fiscalizar depende de cómo se entregue el recurso, y ahí estamos tratando de lograr una readecuación. Hace mucho tiempo, los recursos se discutían a través de la ley de presupuestos. Cada servicio peleaba sus platas, pero desde hace años la administración está transfiriendo recursos a través de programas. De modo que el manejo de las platas en Chile no es a través de los ministerios ni servicios, sino a través de los programas. Por eso el gran cambio que debemos tener en la fiscalización es ser capaces de seguir la ejecución de esos programas. Por ejemplo, cuando aparece en el programa general de empleo una factura falsa en San Antonio, hay dos posibilidades. O es la regional de la Quinta Región la que investiga, o esa conducta puede replicarse en cada parte donde hay entrega de recursos. Entonces uno tiene que seguir todas las platas hacia arriba, y es lo que estamos haciendo. Es bastante más sofisticado y está de la mano con el diseño de mapas de riesgo, que dan cuenta de una planificación operativa bastante más compleja.

¿En qué medida la fiscalización puede atentar contra el desarrollo económico?

Ese es un tema no menor, pero lo que más atenta contra el desarrollo económico es la incertidumbre. Por ejemplo, los dictámenes que producen dudas en la aplicación del derecho, como los que en el ámbito urbanístico son erráticos desde el punto de vista de la aplicación. Pero la fiscalización a través de auditorías bien hechas no es un impedimento para el desarrollo.

¿Cómo enfrentará el tema de los funcionarios de confianza de la Contraloría?

Por mandato de la ley orgánica, todos los funcionarios son de la confianza exclusiva del contralor, y eso es una cosa un poco anacrónica. Internamente tenemos reglas bien estrictas de ejercicio de la profesión, por ejemplo, los funcionarios de la Contraloría no pueden ejercer su profesión de abogado. Esas exigencias legales para el cese de un derecho constitucional, como es el ejercicio libre de una profesión, deben tener una retribución económica más seria. Es un tema que me preocupa. No veo que todos los funcionarios tengan el mismo manejo de información o participen en el mismo conjunto de funciones de la Contraloría, y sea necesario que no ejerzan. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y les retribuimos a todos de manera cabal y justa de modo que no puedan ejercer la profesión, o dejamos espacios legales para disponer quienes participan de la prohibición y quienes no participan. Es algo que hoy día estamos revisando.

¿Cuál es su posición respecto a la falta de aprobación de la nueva ley orgánica de la Contraloría, que pende hace once o doce años en el Congreso? ¿Insistirá en su aprobación o pretenderá proponer otra?

De verdad no me interesa hoy su aprobación, porque hay muchas otras urgencias relacionados con la reforma constitucional que afectan las atribuciones de la Contraloría. Por ejemplo, la forma de hacer las auditorías y la manera en que se pueden desarrollar nuestros trabajos en el mediano plazo. Sólo después de resolver esto yo estaría con ganas de meterme al tema de la ley orgánica. Claro, sería el ideal que bajo la égida de este contralor surgiera una ley orgánica, pero ese es como un sueño de despedida, la recompensa del trabajo bien hecho, pero no es la urgencia que tengo en este minuto.