Entrevista a Ricardo Escobar
Teatinos 120 es una dirección bien conocida y probablemente temida por un gran número de chilenos. Es aquí, en las dependencias centrales del Servicio de Impuestos Internos, donde se toman las implacables decisiones que marcan a fuego la vida profesional y comercial del país. Al mando de este buque, el abogado y académico de la Universidad de Chile, Master en Derecho de la Universidad de California en Berkeley y ex miembro de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados, Ricardo Escobar Calderón, rompe todos los esquemas.
Porque es joven, llano y sencillo, porque viene del mundo privado y ahora posiblemente le toca fiscalizar a ex clientes del estudio profesional con quienes ayer trabajaba. Y no deja de ser una paradoja que desde marzo de este año dirija una institución a la cual él muchas veces criticó en un pasado reciente. Además, le tocó asumir el cargo de director en un periodo especialmente conflictivo, como fue el del alza de las contribuciones de bienes raíces.
Vestido con ropa casual, con un pantalón negro y una camisa de finas rayas verdes hoy son los viernes informales, que él ha instaurado en el Servicio , cuando le preguntamos por qué dejó su oficina anterior, de la cual era socio, para meterse en la pata de los caballos, dice que «si te invitan a ayudar en el Gobierno y a hacer algo por el país, es difícil decir que no». Pero además hubo otro argumento poderoso que lo impulsó a aceptar: la oportunidad de continuar una labor que ya venía realizando desde el año 90, como asesor en legislación tributaria de los sucesivos gobiernos de la Concertación.
Sobrino del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, casado y padre de dos hijos adolescentes, cuenta que su horario de trabajo es bastante largo. Llega todos los días a las 8 de la mañana y normalmente se va cerca de las 9 de la noche. Al preguntarle qué opinan en su casa de esa extendida jornada, entre risas cuenta que el comentario es «irreproducible». Pero se le nota contento y dice que el trabajo ha sido incluso más intenso y entretenido de lo que él esperaba.
No deja de sorprenderme la diversidad de asuntos sobre los que se le pide opinión al Servicio de Impuestos Internos, desde situaciones como la contingencia actual en Chiledeportes hasta unas empresas que querían donar dinero para arreglar algunos caminos en el sur. O apoyar al Ministerio de Educación entregándole los datos que le permitan hacer las asignaciones de becas para las pruebas de selección universitaria, que se dan según el nivel de ingresos de las familias. Y nadie tiene el grado de detalle de ingresos familiares que puede tener el SII.
Una información muy confidencial, por lo demás.
Sí, en esta labor hay grandes desafíos, cómo hacer todo eso sin pasar a llevar los derechos de privacidad de los interesados. A usted que viene del mundo privado ¿no le agobia de repente la lentitud de la burocracia?
No, porque no es tanta. Este Servicio es extremadamente ágil, salvo donde hay restricciones legales, como por ejemplo los concursos para reemplazar a una persona. Pero yo tengo a mi lado un equipo de ingenieros, abogados y auditores de muy buen nivel, que tiene harta experiencia, que ha pasado ya por varios gobiernos y por lo menos un par de directores, con Javier Etcheverry, con Juan Toro. Es gente muy dedicada, que sabe su trabajo y lo hace bien.
Es curioso que hoy dirija el Servicio de Impuestos Internos un abogado y no un ingeniero.
Creo que eso le ha servido al equipo para tener una discusión más rica, por el hecho de que ahora hay una persona con la que se pueden debatir temas de impuestos desde un punto de vista jurídico. También, por la experiencia que tengo, en las discusiones yo hago ver otros puntos de vista, porque hay que ponerse en los zapatos del contribuyente.
Mejorar la atención
Dentro de las prioridades del SII está una circular que busca facilitarle la vida a los contribuyentes, incluso pide un trato amable y cortés.
¡La famosa Circular 41! Una función muy importante es ayudar a que los contribuyentes paguen sus impuestos bien y a tiempo. Esa función es la que tiene la mayor clientela, porque en Chile y en la mayor parte de los países, la gente en general paga correctamente los impuestos. El 99% de las personas cancelan el IVA bien calculado y lo entregan a tiempo. Con el impuesto a la renta sucede la misma cosa. Entonces hay toda una labor que destacar: el SII ayudando a los contribuyentes a que cumplan. Esa es una labor que requiere mejorar el servicio de atención.
¿Es algo nuevo en el país?
No, ya se venía haciendo desde hace algún tiempo. Chile es un ejemplo, el modelo del cual todos hablan. No hay ninguna nación en el mundo que tenga la penetración que ha logrado nuestro sistema en las declaraciones de impuesto a la renta por Internet, que alcanza un 97%, y de esa cifra, más del 60% declara utilizando completa o parcialmente la información que le preparamos en el Servicio a través de los formularios que vienen hechos.
¿Qué sucede con los derechos de los contribuyentes?
Existe un proyecto de ley que está patrocinado por los senadores Baldo Prokurica y Guillermo Vásquez sobre establecer derechos de los contribuyentes. Una buena parte de ello ya existe en las leyes. En la circular quisimos explicitarlos, ponerlos en una especie de decálogo de manera que los funcionarios del servicio así como los contribuyentes tomen conciencia respecto de ellos.
¿Cuál es el grado de avance de los tribunales tributarios?
Esta misma semana se presentó en el Congreso una indicación sustitutiva, que no va por el lado de un arbitraje, sino por que todo el personal del Tribunal, desde el juez hasta el auxiliar, sea independiente del SII. Van a tener su propio estatuto, estarán en un régimen de un servicio separado del Ministerio de Hacienda y con una supervigilancia correccional y técnica de las cortes Suprema y de Apelaciones. A esa propuesta se agregó el área tributaria completa, no solamente una tributación interna, relacionada con impuestos internos, sino también la aduanera. Ese es el gran avance, que fue inesperado y que nadie había pensado. Los mismos jueces van a resolver las dos cosas.
¿Cómo será en el caso de aduanas?
El grueso de todos sus litigios se concentra en tres direcciones regionales, Iquique, Valparaíso y Santiago. Se ha previsto que en esos tres lugares el tribunal tendrá dos secretarios, uno con especialización en materia de tributación interna, y otro en materia aduanera. Habrá un solo juez, pero se espera que el secretario respectivo sea quien ayude al juez en la preparación de los casos y en el análisis de cada litigio, con el fin de ilustrarlo mejor en esas materias, que son bastante técnicas. Además, en todos los casos se está pidiendo para los jueces y los secretarios, como parte de los elementos que deben cumplir para calificar para estos cargos, que tengan algún conocimiento que pueda ser demostrado ya sea en materia tributaria o aduanera.
Se ha establecido una gradualidad de cuatro años para este proyecto. ¿No es excesiva?
Integrar aduanas agregó una complejidad adicional, es el precio que se está pagando por hacer esto un poco más inclusivo. Es un proyecto más complejo que el originalmente concebido y requiere más trabajo. Recién ingresó al Congreso y probablemente allí va a ser materia de mayor análisis. Espero que se tramite de la manera más rápida posible y ojalá durante el primer semestre del próximo año ya podamos tener la ley aprobada.
¿Se han pensado en este proyecto vías alternativas de resolución?
Se prevé que puede haber en forma voluntaria una reconsideración administrativa por el contribuyente, que está regulada y tiene un plazo de 50 días para ser resuelta. Para las actuaciones del Servicio, el plazo de reclamo judicial se extiende desde 60 a 90 días, precisamente para permitir que exista la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de hacer una reconsideración administrativa. Esperamos producir los cambios suficientes dentro de nuestra organización para que exista un grupo de gente especializada que haga estas revisiones de manera práctica, eficaz, y que cuando corresponda se tomen las medidas para corregir.
¿Y en aquellos casos en que haya rechazo?
De todas maneras le quedará al contribuyente un plazo razonable para presentar un reclamo y pasar al tribunal si es que lo desea. El proyecto además incluye una norma de acuerdo para que si transcurre el plazo sin que nosotros nos pronunciemos sobre la reconsideración, ésta se entenderá rechazada, de forma que en caso de silencio la respuesta es rechazo. Así el contribuyente quedará habilitado para reclamar desde ya. Y obviamente, si en cualquier minuto él reclama, ya no tiene mucho sentido la reconsideración administrativa.
Soluciones caso a caso
Otro tema que también requiere mayor análisis es el de los intereses en materia tributaria.
Estamos conversando con los senadores Prokurica y Vásquez un cambio a la norma que regula estos intereses. La idea es buscar alguna fórmula en la que el interés vaya siguiendo la tendencia del mercado, pero debe ser más alto y con una penalidad especial. En la práctica lo que está ocurriendo hoy día es que hay soluciones caso a caso. Es bien frecuente que algunos contribuyentes se acerquen al SII y decidan buscar una forma de terminar el conflicto, entonces es común que existan condonaciones importantes en materia de intereses. Al contribuyente le conviene porque logra certeza respecto de su situación tributaria, y al fisco también, porque puede cobrar hoy día un impuesto que no está seguro que vaya a ganar.
¿Somos buenos los chilenos para pagar nuestros impuestos?
Aproximadamente un 60% de la población está compuesta por contribuyentes que están «al aguaite». Si se da la ocasión de no pagar impuestos, no los pagan, pero si perciben que no hacerlo es riesgoso, los cancelan. Hay otro grupo, cerca de un 20% o 25%, que por convicción siempre paga todos sus impuestos. Y cerca de un 9% o 10% es definitivamente reticente, cada vez que pueda va a dejar de pagar. Esos son los duros y es bien importante la presión que se ejerce sobre ellos, porque así la percepción de riesgo sube respecto de todo el grupo. Y los que están entre que sí y que no, más bien se inclinan porque es mejor pagar.
¿Cuál es la diferencia entre elusión y evasión?
Esta es una discusión muy interesante, doctrinaria y académica, pero muy práctica al final, sobre dónde está la frontera entre lo que es lícito y lo que no lo es en materia de dejar de pagar impuestos. Mi impresión es que dentro de lo que la ley permite, nadie está obligado a usar el camino que le resulte en el mayor pago de impuestos. Lo que sí es un tema delicado y probablemente va a requerir en Chile una mayor legislación, es el caso de aquellas operaciones que no tienen ninguna razón, sentido ni realidad económica, más que dejar de pagar impuestos o reducir una carga tributaria.
¿Por ejemplo?
Es el caso de «productos» en que se le ofrece a una empresa realizar una operación que en ausencia de la consideración tributaria nunca haría, porque no tiene una utilidad económica ni es parte de su giro. Esa es el área donde está la frontera difícil y no estoy seguro si con los elementos que hoy tiene nuestra legislación está totalmente claro cuándo se puede y cuándo no. Pero esto hay que verlo caso a caso, y hay ocasiones en que uno puede decir perfectamente dejó de ser elusión y se transformó en evasión.
¿Es el secreto bancario otra de las áreas que se debe revisar?
En esto hay que considerar dos cosas. Una es la resolución 120, que está pendiente en tribunales y aún no tiene una decisión. Y otro es el tema general, que de verdad hay que mirar, que es hasta dónde Chile puede seguir manteniendo la norma que hoy tenemos en materia de secreto bancario, cuando la mayor parte de las economías desarrolladas se ha alejado de este tipo de normas. La tendencia mundial, por la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, ha ido más bien en el sentido contrario: ya no es socialmente aceptable que el amparo del principio de la información privada llegue a tal nivel que exponga a la sociedad a daño o a perjuicio.
Es decir ¿ha ido primando el interés común en las legislaciones?
Sí, y eso se está traduciendo en cuestiones muy prácticas para nosotros, como por ejemplo que en las negociaciones con Australia o Estados Unidos, parte de las razones por las que todavía no nos hemos puesto de acuerdo y no logramos tener un convenio para evitar doble tributación, es porque nos están diciendo «señores, necesitamos que ustedes bajo tales y cuales circunstancias nos provean datos que incluyan información bancaria sobre contribuyentes». Información que en la legislación interna de muchos países desarrollados ya está disponible. Y nosotros no la podemos ofrecer porque nuestra legislación no lo permite. Esto ya está empezando a generar consecuencias políticas y económicas prácticas. Como parte de nuestro proceso de madurez y desarrollo, esa es una conversación que deberemos generar.
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