Entrevista a urbano Marín

La transparencia, las calificaciones, los nombramientos, las reformas, las causas de derechos humanos y, desde luego, lo recursos que hoy tensionan las relaciones del Poder Judicial con el Ejecutivo, son abordados por el nuevo titular del máximo tribunal.

Un estreno complicado ha tenido Urbano Marín Vallejos como presidente de la Corte Suprema. Dos by pass coronarios y el agudo conflicto que mantiene el Poder Judicial con el Ejecutivo por la falta de recursos para implementar la reforma laboral, han marcado sus primeros meses en el cargo.

Sin embargo, los genes judiciales heredados de su padre y de su abuelo parecen ayudarle a este coleccionista de chunchos -tiene más de 500- a enfrentar con una combinación de alerta y paciencia el desarrollo de los acontecimientos con el Gobierno.

• ¿Sólo bastarían los recursos para arreglar la situación con el Ejecutivo?

Los recursos no son un asunto nuestro, los necesitamos para cumplir nuestra función, como cualquiera organización pública o privada, de lo contrario simplemente no se puede hacer y eso afecta a la ciudadanía que tiene derecho a recibir la justicia que se merece: eficiente, oportuna y proba, desde el punto de vista de la corrección. No entendemos por qué no puede haber el financiamiento que requiere una reforma que, además, ha sido impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el legislador, a propuesta del Ejecutivo.

•  ¿Qué pasos está dando el Poder Judicial en función de la transparencia, como la votación pública de las quinas en el pleno y procesos de evaluación más abiertos?

Mientras más transparencia mejor, en la medida en que eso conduce a mayor probidad. La transparencia es un instrumento y no vale nada si no prueba eficiencia o probidad. Esos son los objetivos de la transparencia. Y en ese sentido nos encantaría ser lo más transparente posible, pero el problema es que estamos sujetos a normativas legales que establecen la reserva de determinadas materias, entre ellas, los acuerdos del tribunal.

Hemos logrado incorporar mayor información a nuestra página web, porque parece que los organismos que controlan la transparencia no les interesa tanto qué es lo que se puede decir, sino la facilidad para llegar a ello. Que usted no necesite venir acá y revisar libros, sino que basta tocar una tecla y que aparezca el dato. Así lo hicimos con nuestra declaración de intereses y la declaración patrimonial.

En eso somos relativamente excepcionales, en cuanto a entregar toda la información posible. De hecho, aunque hay datos que son facultativos, la mayoría de nosotros optó por entregar toda la información.

•  ¿Pero se puede instar a que los acuerdos del pleno sean más públicos?

Sí, pero eso habría que legislarlo y no tenemos iniciativa legal. Sólo informamos sobre proyectos de ley que afectan a nuestra organización.

• En España, eso ha llevado a que existan supracontroles del Poder Judicial, como es el Consejo Nacional de la Magistratura.

Aquí circuló en los años 90, uno de los proyectos Cumplido, pero a mi juicio afortunadamente se descartó. Aunque en principio eso llevaría a una mayor independencia judicial, a la larga creo que es un riesgo muy cierto de politización y de manejo distinto a la función independiente que la ciudadanía espera de los tribunales.

• Y por eso de la politización, preocupa que las designaciones para la Corte Suprema prácticamente se han hecho una para el oficialismo y una para la oposición.

Pero no es asunto nuestro. Nosotros no trabajamos en función de preparar las quinas según las necesidades o voluntades de nadie. Eso se lo puedo asegurar. De hecho, aquí una buena idea podría ser hacer una votación no en serio a la primera para ver qué candidatos tienen mayoría y después votar por quienes realmente tienen peso y no perder votos aislados simplemente porque hay alguien que cree que es su deber ayudar a alguien o darle un votito. Eso desgraciadamente no hemos podido lograrlo.

Lo estamos haciendo en otro campo que son las calificaciones. El año pasado se hizo un esfuerzo serio de mejorarlas, como primer paso, y que sean un poco más realistas, y logramos hasta ahora, según hemos podido analizar, bajar la nota promedio de los ministros de corte de 6,85 a 6,50. Se parte de la base de que casi todos los jueces son buenos o muy buenos, pero hay unos pocos que son excelentes y unos pocos que son menos buenos. La calificación tiene que conducir a detectar esas dos situaciones.

Eso creo que lo estamos logrando en un proceso que pasa por culturas distintas y se logró sobre la base de que las calificaciones sean preparadas por una comisión evaluadora y en los plenos de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema tomen acuerdo sobre la calificación. Entonces dejó de ser tan individual como era antes y que permitía algún grado mayor de arbitrariedad.

• ¿Cuál sería el sistema ideal para los nombramientos de los miembros de la Corte Suprema?

Creo que el sistema nuestro es bueno, lo que ha pasado es que se desvirtuó un poco por este juego, que además no creo que sea tan definido entre dos posiciones tan distintas. En general, los magistrados son ante todo magistrados. Uno juzga y falla de acuerdo con su conciencia, no porque le guste un determinado equipo de fútbol u otro, por dar un ejemplo tonto.

• ¿Pero no cree que este sistema politiza los nombramientos?

– Claro… Lo que no nos gustaría es que la integración de las salas la defina un organismo externo. Por eso hemos tratado de que no haya cambios en las salas mientras estén pendientes las quinas.

•  ¿Y en la desginación de los ministros de Cortes de Apelaciones tampoco?

Diría que no, porque en esos intervienen menos poderes, intervienen dos poderes del Estado y no tres. Así es que no hay ese juego, dentro de lo relativo de las cosas. Nada es absoluto. Eso es una cosa que aprendemos los abogados, de que hay varias verdades y que no siempre la de uno es la auténtica.

• ¿Cree que hay politización en la selección de los abogados integrantes?

Creo que no. Por lo menos, mi experiencia, no sólo la personal, sino lo que he visto, no. Creo que una vez que uno está trabajando como juez, se pone la toga. Además, el sistema de integrantes es siempre en tribunales colegiados, de modo que el voto individual no pesa tanto. No le veo riesgo alguno que sea inclinado a ninguna tendencia del integrante. Eso también es un problema de imagen, más que sustantivo de verdad.

•  La senadora Evelyn Matthei planteó que había muchos masones en la Corte Suprema. ¿Qué piensa usted?

Yo no soy masón, de verdad. Para mí eso no tiene mayor significación, yo nunca lo he sido, porque creo -muchos años antes de entrar la Poder Judicial-que mientras más independencia tenga uno, mientras menos pertenezca a nada, mejor juez puede ser uno. Pero es una opinión mía, respeto mucho a quienes creen otra cosa. No sé cuántos son muchos. Creo además que el tema hoy no tiene mayor trascendencia. Esta división pudo ser importante hace muchos años, pero no ahora. Yo tuve un abuelo masón, tremendamente masón. Hoy creo que estaría fuera de foco en esta sociedad que es mucho más tolerante, mucho más abierta a aceptar ideas distintas. Y lo mismo creo que pasa con los católicos.

Titulación de abogados

• ¿Qué le parece la idea de una habilitación a los abogados para comparecer ante las cortes? ¿No debiera haber una prueba nacional para todos?

El problema surgió porque entre 1997 y 2007 se titularon 14 mil colegas en la Corte Suprema. Para algunos puede estar saturándose el mercado, para otros -según ha salido en los diarios- nunca son suficientes los abogados. Nos preocupa que haya aproximadamente 60 escuelas de Derecho. Más que el número, nos interesa la idoneidad o la calidad de los colegas a los que les entregamos el título. Si bien puede que en Chile haya juventud que requiera estudiar, no tengo muy claro que haya suficientes docentes para preparar bien a estos estudiantes. Eso lo tienen los médicos ahora. Pero no distinguiría tanto como lo hace don Pablo Rodríguez, entre el abogado forense y el consultor o asesor. Creo que ambas especialidades o matices de la profesión requieren de la misma idoneidad. Incluso, podría decirse que ante los tribunales el colega está mejor controlado que el abogado que asesora a un cliente lego. Acá por lo menos tiene una contraparte y un tribunal, que a lo mejor evita o compensa la menor capacidad de un colega o sus menores conocimientos. Con un cliente particular, no hay nadie que le sirva de contraparte.

• El Colegio de Abogados juega un papel bastante importante en eso.

Siempre que logre tener la cobertura sobre todos los abogados.

• ¿Usted es partidario de la colegiatura obligatoria?

Sería partidario y trabajamos en eso con Sergio Urrejola y otros colegas en el Colegio, de un tribunal de ética obligatorio independientemente que el abogado esté o no afiliado; organizar una instancia de control ético sobre toda la profesión, en la cual, por cierto, participa el Colegio. Pero que sea un organismo estatal.

• ¿Por qué no la colegiatura obligatoria?

Porque ahí entraríamos en un tema muy complicado, distinto, que no es el problema ético. Creo que es preferible, por ahora, entrar a una tuición ética de una entidad en la cual está representado el Colegio y otros organismos, los mismos tribunales, pero sin mezclarlo con el otro punto.

• ¿Qué pasa con el control ético de los miembros del Poder Judicial? Antes existía la Comisión de Ética.

El año pasado, en pro de la transparencia, se reguló el procedimiento disciplinario, que no existía dentro del Poder Judicial. Paradojalmente, los jueces no tenían reglamentación de cómo se instruyen las investigaciones disciplinarias. Cuando se aprobó esa normativa, la Corte Suprema estimó que no era necesario mantener esa comisión (de ética) sobre todo el Poder Judicial y la mantuvo sólo respecto de la Corte Suprema.

• ¿Tiene ingresos actualmente la Comisión de Ética?

Hay ingresos, pero la mayoría no tiene destino. Por ejemplo, acusan a un abogado o reclaman porque se perdió un juicio. Aproximadamente el 1 % de las denuncias tenían algún grado de destino, incluso, dentro de los términos de esta comisión. Si la Corte estimaba que el informe de la comisión daba lugar a la existencia de una situación disciplinaria, ahí se iniciaba el procedimiento disciplinario, antes no. Y se mantenía en reserva para evitar que un magistrado pudiera ser afectado por una denuncia infundada.

Y como pasa con muchas cosas, al principio, tuvo un gran ímpetu y desgraciadamente coincidió además con denuncias que tuvieron fundamento respecto de ministros de corte y de la Corte Suprema, que tuvieron connotación, que empezaron por denuncias periodísticas o acusaciones en la Cámara, y que llevaron a la Corte a aplicar sanciones. Hoy, afortunadamente, eso no ha sido así. Eso no quiere decir que nosotros, si detectamos una irregularidad, asumamos que ella existe y tratemos de corregirla.

Práctica y turno

• ¿Cree que debiera modificarse la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial?

Si uno lo mira como elemento de la formación de un abogado, no. Además, si uno lo mira también como tratar de hacer efectiva una garantía constitucional del derecho a la defensa y del acceso a la justicia, bienvenido que exista por lo menos una posibilidad de que la gente tenga asistencia profesional. Lo que le hace falta a las corporaciones es mayores recursos y mayor cobertura.

• ¿Y respecto del abogado de turno? El Tribunal Constitucional cuestionó la gratuidad del servicio.

La gratuidad es lo reprochable y eso es un problema del Estado, no es problema nuestro. Creemos que debe existir por la misma razón. Es una carga pública, pero yo la junto a este derecho a la asistencia jurídica, que es un derecho esencial, y a la idea de que por algo la Corte Suprema, en representación del Estado, otorga este título. A diferencia de lo que hacen las demás disciplinas y que son una función universitaria. Junto las tres cosas: la garantía constitucional, la idea de que el Estado es el que otorga esto y el abogado actúa ante un Poder del Estado. Es distinto, en ese sentido, a la Medicina o a la Ingeniería. Y ese Poder, a su vez, ejerce una función esencial, que es contribuir a la paz social. Que sea remunerada o no, es problema de que existan los recursos.

Las reformas

• ¿Va a pasar con la reforma laboral lo mismo que con los tribunales de familia?

Familia partió con fallas de diseño, de estructura, de recursos, de número de jueces. Espero que se corrijan, una vez que se promulgue la ley de refuerzos tres años después.

En cambio la reforma laboral, que tiene una gradualidad relativamente breve, porque son casi dos años, resulta que la primera etapa está financiada, pero la segunda no y las que siguen, tampoco. Mientras más jueces se logró conseguir, más difícil se hace habilitar los locales, porque se necesitan más salas de audiencia, más personal de apoyo, más equipos informáticos, más software de trabajo y eso no lo tenemos.

La primera etapa partió, pero en dos zonas que son relativamente pacíficas en materia de jurisdicción laboral y está funcionando muy bien, no ha habido recarga excepcional de trabajo que la haga inmanejable. Pero ya en octubre va a ser complicado, porque ya deberíamos tener listos los locales. Además hay otro problema muy serio con familia y trabajo, no podemos ni construir ni adquirir inmuebles, sólo podemos arrendar y habilitar edificios.

• ¿Sabe usted cómo va la reforma procesal civil?

Hay un anteproyecto que prepararon los colegas de la facultad de Derecho de la U. de Chile y fueron convocados por el Ministerio de Justicia. Pero me tocó dar una charla sobre el tema en el cambio de decano de la facultad (de Derecho) de la U. Diego Portales y ahí hicimos valer algunos puntos de vista sobre este tema. No creemos que solo una reforma procesal civil sea la solución. Tiene que estar acompañado de reformas orgánicas y sustantivas, tenemos que poner la normativa chilena al nivel de las comunicaciones, de la informática, del manejo digital, de lo que es hoy el mundo más globalizado de lo que es el Código Civil de Andrés Bello. En la reforma procesal penal, se echa de menos las reformas sustantivas. También creemos que en este caso y sobre la base de aprovechar la misma experiencia, deberían ir de la mano ambas cosas. Para variar, es un tema de recursos. Sin más jueces, más edificios, más salas de audiencias orales, esto no va a funcionar.

• ¿Sería bueno ampliar el arbitraje? 

Hay que ampliarlo y regularlo. A lo mejor, un arbitraje corporativo como el que tiene el Centro de Arbitraje, el CAM, promovido por Sergio Urrejola, que ha sido una muy buena solución intermedia entre tribunales y árbitros. Pero el árbitro individual, por muy idóneo que éste sea, no siempre será un sustituto de la justicia. Aún reconociendo que en el campo privado, cada uno puede decidir sobre su patrimonio. Además, el imperio no es eficiente y lo llevará a la justicia, y se puede plantear otra instancia más complicada que el arbitraje mismo.

Derechos humanos

• Algunos abogados advierten sobre los procesos de derechos humanos que se arrastran por 34 años, no hay jurisprudencia uniforme, hay unas 600 personas en estas causas.

Estamos tratando de agilizar todos los procesos, entre ellos están los que se refieren a situaciones antiguas y esa ha sido la causa de la dificultad en la demora en su tramitación. Pero creo que los tribunales han cumplido su trabajo, en qué sentido: con estas dificultades, llegar a establecer los hechos, definir las responsabilidades y aplicar la ley a estas situaciones. Se puede entrar a discrepar de cuál es la norma o cómo se interpreta o se aplica la ley. Pero el resto lo han estado haciendo los jueces en estos procesos. Como una manera de hacer que avancen, no digo que se apuren, la Corte definió que todos los ministros visitadores revisen los informes que nos llegan mensualmente de los ministros que están con dedicación exclusiva a estos casos para controlar, no meterse a dirigirlos, sino que a ver por qué no avanzan. También estamos trabajando con todo el resto de los juicios que hay en Chile. Estamos haciendo un catastro de todo en las Cortes de Apelaciones y hacia abajo de cuántos juicios, en qué están y por qué no avanzan.

• ¿La Corte está más permeable a aplicar la legislación internacional?

No creo que esté ni más ni menos que antes. La Corte es más o menos la misma y cada caso se resuelve sin jurisprudencia vinculante, así es que no es que no crea, sino que no debo creer en nada.