Entrevista al Dr. Carlos Campolongo

¿En qué circunstancias surge la idea de crear un Ente Único?

Las deliberaciones comienzan durante la presidencia del Dr. Carlos Menem, cuando las cuestiones vinculadas a la corrupción y su contrapartida, la transparencia en la administración pública, ocupaban un espacio considerable dentro de la agenda política.

Nace por mandato de la Constitución de 1996, que es la que otorga el todavía polémico estatus de Ciudad Autónoma a Buenos Aires, con el objetivo de generar un sistema integral e integrado de control. A su vez, la ley 210 lo organiza y especifica las competencias sobre los servicios públicos.
Luego de diversos ajustes, su puesta en marcha se produjo en el año 2000.

¿Qué funciones cumple?

Podríamos denominarlo un “superente”, o sea que no está singularizado en un servicio público sino que tiene vastas competencias: recolección de residuos domiciliarios; traslado de residuos patológicos; en relación al transporte comprende subtes, colectivos, taxis y nos han agregado el escolar; el alumbrado público; los semáforos; las autopistas concesionadas por el Estado; la transmisión de datos o televisión por cable -no en el contenido sino en el posteo- y las multas fotográficas -respecto a la calibración de los equipos-. El universo de incumbencia es diverso.

No obstante, no tiene representación en los servicios interjuridiccionales o nacionales, por ejemplo, electricidad, gas, entre otros, aunque en mi opinión debería tenerla por la gran población que habita en la Ciudad.

En la práctica, ¿la esfera de acción del organismo se encuentra restringida?

Sí, continúa siendo acotada más allá de las experiencias que hemos tenido para ampliarla. Si bien en la concepción más pura de un ente regulador está la intervención en el diseño de las políticas, aquí no hemos logrado esa posibilidad, aunque sí pudimos figurar en los pliegos de licitación del contrato más oneroso que tiene la ciudad que es la recolección de la basura. Y, en este sentido, nuestra herramienta normativa más elemental para hacer cumplir cierta calidad de los servicios públicos es el contrato.
Sólo en algunos casos tenemos potestad para sancionar. A su vez, nuestros informes relativos a las audiencias públicas no son vinculantes. Entonces, no tenemos potestades judiciales, pero sí cuasi judiciales, cuasi ejecutivas y cuasi legislativas.

¿Se producen conflictos entre los controles de servicios nacionales y los de la Ciudad?

En algunos casos. En efecto, nosotros hemos abierto una jurisprudencia muy interesante en convenio con el ministerio de Medio Ambiente porteño y el de Defensa de la Nación porque había un hospital militar donde se incineraban residuos patológicos y de acuerdo a la ley de la cuidad -que es mucho más estricta que la nacional- no se puede hacer. Ahí teníamos una controversia, ellos sostenían que al ser establecimiento militar la jurisdicción era nacional. Tuvimos varias entrevistas y finalmente se hizo una readecuación de todos los institutos de sanidad militar que están emplazados en la Capital Federal, con el compromiso de hacer cumplir la norma local. Este tema lamentablemente no tuvo demasiada trascendencia en la prensa pero muestra como aun con las limitaciones de la denominada Ley Cafiero, que por supuesto debe ser reformada, se puede avanzar en la autonomía de la Ciudad.

¿Cómo se integra el Ente?

El gobierno es un cuerpo colegiado compuesto por un presidente propuesto por el jefe de gobierno y cuatro directores vocales, de los cuales tres son el resultado del sistema de acuerdos políticos de la legislatura y uno debe ser, según la Constitución, representativo de organismos no gubernamentales de defensa de usuarios y consumidores. No obstante, todos deben pasar por audiencia pública y ser nominados por el plenario de la legislatura. Los mandatos son por cuatro años.

Una de las primeras cuestiones que pusimos en práctica al llegar fue instrumentar un sistema de gerenciamiento. Antes, todo pasaba por el directorio como órgano de gobierno y tenían que analizar desde sanciones, cuestiones operativas hasta la licencia que pedía un agente. Entonces, implementamos un sistema clásico piramidal con un gerente general y cuatro áreas –control, planeamiento, administración y atención al público-, también contamos con una secretaría jurídica.

¿Considera que la institución se encuentra emplazada en el imaginario social como organismo que defiende y protege derechos de usuarios de servicios de la Ciudad?

Cuando llegamos aquí realizamos una encuesta de conocimiento de la institución y arrojó que 9 de cada 10 porteños ignoraban su existencia. En la etapa de Ibarra tuvimos la posibilidad de hacer una campaña de afiches y lanzamos el 0800 pero no tenemos presupuesto para comunicación masiva.

El mecanismo que utilizamos para informar es a través de la divulgación de acciones (tales como obligarle al poder ejecutivo a llamar a audiencias públicas para la modificación de los cuadros tarifarios, la interposición de un recurso de amparo cuando los pliegos de alguna licitación no nos contempla). Así, los medios van instalándonos en su agenda y nuestras opiniones no solamente son reflejadas en las crónicas diarias sino en las editoriales propias de los diarios.

¿Tuvieron resistencias políticas en el desarrollo de la tarea institucional?

Hubo una doble oposición. Una interna dentro de la propia Ciudad, pero -tanto durante la gestión del Dr. Ibarra como la del Sr. Tellerman- yo hice todos los esfuerzos para que comprendieran que nuestras posiciones eran aquellas a las que nos obligaba la ley, que si no las cumplíamos podíamos faltar al deber de funcionario público. La otra renitencia es con la administración nacional y se hace muy patente en el caso particular del transporte, puntualmente el de los subtes y los colectivos. En el primer caso, Metrovías, cuyo contrato sufrió constantes reformulaciones, se negaba sistemáticamente a reconocer la competencia del Ente. Sin embargo, en algunas situaciones pudimos imponer jurídicamente nuestro punto de vista.

Siempre hay barreras, a veces por pujas de poder, otras por desconocimiento. Pero también hay ministerios con los que trabajamos muy bien: el de Medio Ambiente, el de Espacio Público, en algunos casos hasta con el de Obras Públicas y la legislatura. Todos ellos fueron comprendiendo la misión que nos impulsaba y se fue jerarquizando la institución, lo que repercutió en una mayor posibilidad de despliegue de las funciones.

¿Qué factores disparan la intervención?

Existen dos vías. Una es a través de la denuncia que el vecino radica por teléfono o personalmente. Además, alguna quejas llegan derivadas de, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. La otra senda que incita la acción se promovió en la gestión que presido: se trata de una planificación anual de rutinas de inspecciones. En la Ciudad hay alrededor de 55.000 cuadras, es imposible hacer el control sobre todas, entonces hay que proceder por muestreo. Esta metodología postula que cada servicio tenga unas codificaciones fijas y nosotros constatamos su funcionamiento al finalizar el primer y segundo semestre. Los resultados conforman parte del informe anual que rendimos a la legislatura.

¿Se alcanzó el objetivo que se buscaba al momento de la formación del organismo de control?

En mi opinión, no se ha podido conseguir rápidamente la jerarquización que debería tener. Hay que reflexionar para formular una revisión y seguir escribiendo la nueva arquitectura o diseño institucional del Estado. Y allí aparece la cuestión de lo que se llama los derechos difusos, en los que se va alineando la figura del “usuario-consumidor”, que es una realidad, pero a la que yo trato de no desvincularla del concepto de ciudadanía. La gente además de usuario y consumidor –denominaciones propias del mercado- es ante todo ciudadana.

Se deben efectivizar relevantes procesos de transformación de la cultura cívica. Los ciudadanos deberíamos mejorar muchísimo nuestra actitud, comportamiento, el aspecto no solamente de los derechos sino de las obligaciones. No tenemos que tener un pensamiento mágico de que con una única medida se modifica la realidad, lleva tiempo cambiarla y básicamente educación desde los niveles iniciales.

¿Existe un modelo a escala internacional que se acerque a lo que se quiere lograr en esta institución?

Podría ser el de Inglaterra que funciona con un sistema presidencialista controlado por una comisión del parlamento. Considero que el modo de ejecución debería ser en algunos aspectos más presidencialista, así se conseguiría una mayor eficacia administrativa.

En la actualidad, ¿cuál es la mayor meta que persigue su gestión?

El empeño hoy está en clarificar los objetivos, sumar instrumentos, tecnologías, presupuesto y con relación a los servicios específicos necesitamos compatibilizar normas.

Un ente regulador no es una policía municipal, debería ser básicamente un control de controles que periódicamente informe a los vecinos sobre la calidad de la prestación de todos los servicios. Para ello es imperiosa tanto una investigación cuantitativa como cualitativa muy rigurosa, mayor capacitación, aumentar las especializaciones. De hecho los últimos convenios que hemos firmado fueron con la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) porque queremos ir elaborando manuales de procedimientos que objetivicen la acción para así restringir la discrecionalidad. La institución debe ser equidistante de todos los intereses y resguardar al usuario.