Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Con la resolución aprobada en el seno del Consejo Directivo, el pasado 8 de febrero del corriente año, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha ingresado a una nueva etapa en el lapso de su corta vida institucional que cuenta apenas 22 años. El organismo, ha decidido incorporar la prestación de un servicio educativo con titulación oficial brindado a sus matriculados.

Naturaleza del proyecto aprobado

Consiste en la creación de una escuela para el dictado de carreras de posgrado arancelado cuya titulación universitaria sea emitida por Universidades de Gestión Pública o de Gestión Privada habilitadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), e inclusive, del Exterior.
Con tal finalidad, se han comenzado a suscribir los convenios respectivos con universidades para la concreción de alianzas estratégicas.

Justificación

En nuestra profesión, el sistema educativo está estructurado en dos etapas sucesivas e interdependientes:

  • la formación de grado: que abarca el período comprendido desde la incorporación del alumno a la carrera de Derecho y hasta su egreso con el título de abogado y;
  • el perfeccionamiento o formación de posgrado: que comprende el lapso desde la titulación de grado y la prestación de sus servicios profesionales a la comunidad, previa inscripción ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que tiene delegada la potestad estatal para la organización y el control de la matrícula respectiva.
  • En ambas etapas, resulta de buena vocación formativa que se busque la capacitación integral del alumno para que ejerza la abogacía en carácter de protagonista creador, crítico y transformador de la sociedad en que vive, dentro de un marco de respeto a los valores comunitarios. Con la creación de la Escuela de Posgrado nuestra Institución habrá de prever el futuro de la profesión de abogado y desarrollará los métodos y establecerá las operaciones necesarias para alcanzar el perfeccionamiento técnico mediante la formación de posgrado.
  • Pero lo primero a tener en cuenta es que debe tratarse de una visión compartida por todos los miembros del organismo y no una visión personal de quienes aprobaron el proyecto.

Sólo así, la nueva dependencia tendrá el andamiaje resolutorio que la convertirá en una política institucional que deberá ser continuada y sostenida con prescindencia de resultados electorales que generen cambios en los elencos de gobierno, convirtiéndose en una guía para la buena marcha de la evolución de la Institución de cara al siglo XXI, cuya primera década ingresa en sus tramos finales.

En este contexto, a la educación de posgrado le corresponde contribuir más que nunca con la realización de los proyectos institucionales que canalicen la máxima concentración de nuestras fuerzas y recursos, para diseñar y poner en práctica una propuesta alternativa creativa que nos proyecte como protagonistas de un orden social en materia de Abogacía. No sólo más libre y democrático, sino más justo y solidario para el acceso del abogado a la formación dentro del nivel educativo de posgrado.

Inclusive, puede verse que el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y las comunicaciones nos permitirá salvar -en el futuro del campo educativo- las progresivas restricciones de espacio y tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La característica de este nuevo período que la Sociedad global ha denominado “era del conocimiento”, consiste en que la educación pasa a ocupar una posición central donde el verdadero poder lo tendrá no quien acumule más divisas sino quien tenga el mayor reservorio del saber.

En nuestro caso en particular, la reserva de la calidad y el futuro de la profesión se han ubicado en dirección al plano educativo en cuanto atañe al perfeccionamiento de los abogados y -con ellos- en la generación de cultura, conocimiento y ciencia.

La educación tiene asignado el rol social de gran eslabón. Se le atribuye un papel fundamental como dinamizadora del desarrollo económico por la influencia que puede desempeñar en la creación de empresas; innovación tecnológica; formación de profesionales que atiendan la demanda del mercado proporcionándoles un mayor reconocimiento y, como factor clave de competitividad, proyección social y calidad de vida.

Si la globalización actual es el resultado de poderosos intereses neoeconómicos y geopolíticos, la producción, internacionalización y actualización del conocimiento -como hecho incuestionable- nos exige contar con un área académica propia y específica para ofrecer institucionalmente a los matriculados la posibilidad de acceso a las carreras de posgrado, junto con la cooperación interinstitucional creciente con otros Colegios de Abogados del país y Universidades. En ambos casos tanto de nuestro país o del extranjero, perfilando un proyecto racional integral planificado a largo plazo y alejado de las inestabilidades coyunturales dentro del plano de la vida política interna de la institución.

La actualización pretendida con la realización de los programas respectivos; la profundización emergente de las Especializaciones, Maestrías y Doctorados, conlleva a una acumulación del conocimiento lo cual constituye un imperativo ético estratégico para el presente y el futuro de la profesión. Además, representa un compromiso de la Abogacía con la Sociedad de nuestro tiempo pues se trata de un deber irrenunciable del sistema de Colegiación Obligatoria, en tanto generador del hecho de mantener constante la capacidad técnica de sus matriculados.

Visión en perspectiva

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal proyecta su futuro, teniendo en cuenta como punto de partida su realidad interna y las fuerzas externas que gravitan en el presente.

Las condiciones del futuro de la Abogacía, que en estas líneas se pretenden formular, afirman la misión del Colegio de Abogados siendo expresión de sus finalidades, funciones y aspiraciones tanto en el presente como a mediano y largo plazo.
Se tiene la pretensión de hacer que la vida académica del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sea un verdadero foco del saber superior, de primer orden, al servicio del abogado, de la familia y la Sociedad. Y, sin estar al margen de los condicionamientos y de la realidad en la que se insertará, se considerarán las posibilidades económicas de los postulantes facilitando así su acceso a la educación de posgrado a ofrecer.

Está presente el deseo de que los profesionales de la abogacía tengan aquí un ambiente propicio para la reflexión serena que les permita alcanzar el nivel de calidad pretendido en sus aspiraciones académicas a la hora de inscribirse en las carreras o cursos.
Para ello, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal deberá vincularlos con profesores de la mayor idoneidad posible y ofrecerles los medios -las carreras- que les permitan adquirir los recursos técnicos mediante la continua formación en posgrado, todo lo cual permitirá ver realizada nuestra misión en lo atinente al área educativa y en el tiempo que nos ha tocado desarrollar labores en la Institución.

Se pretende una Escuela de Posgrado abierta a todo abogado que desee acudir a ella para prepararse con competencia profesional; valorando la rectitud de criterio y la coherencia de vida, con decisión de servicio responsable a los demás y que sea capaz de estimular mediante su trabajo, la configuración de una Sociedad más justa y más humana. Un centro de estudios en el cual sea apreciada profundamente la persona del abogado, sus necesidades y aspiraciones de desarrollo en todos los órdenes.

En síntesis, la visión en perspectiva del proyecto educativo institucional (PEI) consiste en una imagen poderosa del área educativa que se desea dejar planteada en los términos de lograr una comunidad académica de excelencia, culta, con espíritu crítico, generadora de líderes de conocimientos y en la formación de posgrado de abogados de alto nivel, comprometida con el desarrollo de la profesión, difusora de valores dirigidos a la consolidación de una Sociedad más justa, adaptable a los cambios educativos y pedagógicos, es decir, un área académica institucional abierta al futuro.

Conclusión

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en conjunto con Universidades, brindarán el soporte académico exigido por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) para el otorgamiento de los títulos universitarios de posgrado oficiales, incluso, del Exterior.

Para llevar a cabo esta tarea se dotó al CPACF de una herramienta estructural cuya definición consiste, a modo de resumen, en una dependencia institucional flexible, adecuada y funcional en cuanto a la definición de su estructura organizativa. Flexibilidad para establecer una organización que pueda reformularse a medida que sea necesario, a fin que la distribución de responsabilidades no suponga compartimentación y aislamiento del resto de la vida institucional. Adecuación, para garantizar que la estructura construida -pequeña y ágil- no esté por delante de los objetivos que se persiguen, derivando ello en la necesaria búsqueda de una alineación que sea funcional según los perfiles de acción que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal esté desarrollando. No obstante, en todos los casos se sostendrá una política educativa de Estado institucional común cuya característica será la de ser sustentable en el tiempo, lo cual es pretensión de todos los abogados para la vida institucional del Colegio, casi al final de la primera década del siglo XXI.

Con la creación de la Escuela de Posgrado, nuestra Institución ingresa al campo educativo efectivizando la vinculación con Universidades e Institutos de primer nivel mediante la suscripción de alianzas estratégicas que garantizarán la entrada a la educación de nivel de posgrado con aranceles accesibles para toda la matrícula, cuyos integrantes actualmente superan los 62.000 abogados activos.

El gobierno institucional actual, contemporáneo e innovador, seguirá generando un modelo de entidad política, gremial y académica que esté comprometida con el ejercicio de la abogacía, brindando todos los medios posibles de desarrollo para que sus integrantes pueden tener la posibilidad de proyectarse socialmente, y –en paralelo- poder ofrecer a la Sociedad servicios profesionales dentro de un plano de permanente calidad como el que la gente espera y merece.




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