La Exclusión de los Acreedores Disidentes en Quiebras y Convenios

La ley de Quiebras, versión de 1929, en su artículo 82, estableció la posibilidad de excluir de la quiebra, por otros acreedores, a quienes se oponían a la continuación efectiva del giro del fallido, exigiendo que se consintiera por la unanimidad de los acreedores.
Para tales fines, se permitía que los acreedores que opinaren por la continuación del giro podrían excluir a los disidentes, pagándoles la cuota que les correspondiere, atendido el importe del activo de la quiebra o asegurándoles su pago, para lo cual era menester oír al síndico -funcionario del Estado- y a los acreedores disidentes, en forma incidental.

Dicha norma en lo que respecta al instituto de la exclusión, fue reproducida por la Ley N° 18.175 sin variaciones, conservándose hasta el día de hoy.

Posteriormente, en la reforma a la Ley N° 20.073, sobre Convenios Concursales, de 2005, el instituto de la exclusión fue precisado y acotado, siguiendo la misma línea que inspiró al legislador de 1982, en la Ley N° 18.175. En efecto, la facultad de excluir al acreedor disidente de un convenio judicial preventivo o simplemente judicial, de alzamiento de la quiebra, permite a cualquier acreedor llevar a efecto el acto de exclusión.

Así, el acreedor que desee excluir a otro acreedor debe acompañar, mediante vale vista, el valor que el síndico del convenio indique como monto mínimo que pueda corresponder a cada acreedor valista en la quiebra. De ahí, entre otras materias, la importancia que reviste el informe del síndico, exigido por la ley antes de efectuarse la junta para deliberar sobre el convenio propuesto.

El monto fijado por el síndico no es definitivo, pues el acreedor disidente puede objetar el valor que se le pretende pagar, lo que da lugar a un incidente.

La norma otorga un plazo de 5 días para consignar el importe mínimo al acreedor excluyente. Naturalmente, si se determina a posteriori que el valor es superior al señalado por el síndico, deberá abonársele al acreedor excluido la diferencia correspondiente.

La ley se coloca en el caso de que ello no ocurra y los efectos que se producen, materia que puede ser consultada en la misma ley, sobre la cual dada la naturaleza de este artículo, no nos explayaremos. Interesa destacar que la fórmula escogida por el legislador de 2005, no es diferente de aquella establecida con anterioridad, sino que permite, siguiendo la filosofía que inspiró esta legislación, proveer los medios para mantener aquellas empresas que los acreedores consideraban viables, motivando la aprobación de convenios preventivos o alzatorios de una quiebra.

Claramente, las ideas que inspiraron las reformas a la legislación concursal, en 2005, tenían por objeto incentivar la reorganización de empresas en crisis, sujetándolas a los criterios y posibilidades de los acreedores, con el objeto de conservar las unidades productivas enfrentadas a crisis de insolvencia.

El debate legislativo

El mensaje presidencial mediante el cual se acompañó el proyecto de ley, que en definitiva se convirtió en la Ley N° 20.073, exponía sobre la materia de este análisis lo siguiente:

“Un ámbito especial de regulación lo ha constituido la exclusión de los acreedores renuentes a la aprobación del convenio. Esta exclusión a veces resulta necesaria para los efectos de conseguir las mayorías legales.” En el análisis de la disposición, el Senador Jo-vino Novoa propuso una indicación para redactar en diferente forma el inciso correspondiente del artículo 190, proposición que formuló de la si-guiente forma:

“Para obtener las mayorías necesarias para acordar el convenio, un acreedor con derecho a votar que estuviere por aprobarlo podrá excluir a otro que estuviere por rechazarlo acompañando vale vista a la orden de éste último por a lo menos la suma mínima que corresponderá conforme a la letra c) del número 2 del artículo 174, dentro del plazo de cinco días contado desde la celebración de la junta. Con todo, el acreedor que se intente excluir emitirá igualmente su voto de rechazo, sujeto a la condición de que el vale vista no fuere acompañado dentro del plazo citado. Transcurrido ese plazo sin que se haya consignado dicha cantidad, se considerará emitido el voto del acreedor que se hubiere intentado excluir”.

Ante dicha indicación, el Superintendente de Quiebras, Diego Lira, manifestó que concordan-do con la finalidad de la misma, sería innecesario contemplarlo expresamente en el texto, agregando que “complica la comprensión del mismo”.

En tanto, el profesor Raúl Varela, asistente en la Comisión de Economía del Senado como asesor de la Superintendencia, agregó:
“Que resulta innecesario explicitar que, en el caso que no se consigne dentro del plazo la cantidad debida por el acreedor que quiere la exclusión, se considerará emitido el voto de rechazo, pues no es más que una aplicación de las normas civiles sobre el plazo”.
En este debate, el senador Jaime Orpis precisó que “en el evento de la exclusión, el convenio puede ser aprobado por esta vía, sin necesidad de una nueva votación”.

Finalmente, intervino el senador José García Ruminot, quien manifestó conveniente mantener la primera parte de la indicación, específicamente, la frase: “Para obtener las mayorías necesarias para aprobar el convenio”. El entonces senador Marco Cariola propuso una indicación relacionada con el pago de la cantidad necesaria para llevar a cabo la exclusión que está recogida íntegramente en el inciso tercero del artículo 190.

Ante esta indicación el Superintendente de Quiebras, Diego Lira, manifestó su conformidad. La exclusión, en consecuencia, esta diseñada para obtener la aprobación de un convenio por los acreedores a quienes interese la propuesta formulada por el deudor o con las modificaciones que se acuerden durante el desarrollo de la junta destinada a acordar el convenio.

A su vez, los acreedores que estén en contra de la propuesta de un convenio deberán considerar la alternativa de ser excluidos por la cantidad que señale el síndico, pues bastará que el acreedor excluyente indique su interés, asumiendo la obligación de pagarla para que el voto sea alterado.

Se aprecia así que el legislador insta por el convenio como fórmula para resolver los conflictos derivados de la insolvencia al interior de la masa de acreedores. El acreedor disidente tiene como alternativa la eventual liquidación y realización de los bienes del fallido en la quiebra, derecho que está limitado frente al derecho de otros acreedores que no concuerdan con dicho propósito, sino que por el contrario prefieren la aprobación del convenio.

En suma, la masa de acreedores debe comportarse de una manera tal, previendo estos efectos aún antes de que el deudor proponga un convenio o que algún acreedor exija al deudor la proposición de tal alternativa, conforme lo establece el artículo 172. La legislación ha adoptado el camino de exigir a los acreedores un comportamiento que mire al interés colectivo por sobre el interés individual de cada uno de ellos.

La tutela individual del crédito se transforma en una tutela colectiva del crédito de todos los acreedores afectados por el fenómeno de la insolvencia del deudor y es dentro de dicha colectividad en donde deben resolverse los intereses contrapuestos de los acreedores, cuando estos existen.




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