La experiencia chilena: tecnología y eficacia al servicio de la Justicia

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (C.E.J.A.) organizó la jornada sobre “La Gestión del Nuevo Sistema de Justicia Criminal Chileno. Análisis y observación práctica”, que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, del 20 al 23 de agosto de 2007, a la que asistió el Dr. Guillermo Jesús Fanego en representación del Consejo Directivo de nuestro Colegio. La misma fue una reiteración de la realizada entre los días 26 y 29 de marzo de la que participó la Dra. Gabriela Ardanaz, integrante del equipo del Dr. Eugenio Cozzi en aquel Consejo.

Ambas invitaciones fueron efectuadas a nuestra entidad por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de afianzar los vínculos institucionales y promover acciones conjuntas en la implementación del nuevo sistema procesal penal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La intensa actividad llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile, nos permitió compartir un modelo de gestión judicial sostenido en la eficiencia y satisfacción a las partes, con los Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Dres. Gustavo Letner y Ricardo Baldomar, la Sra. Jueza del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Ana María Conde, el Fiscal General Dr. Germán Garavano, la Defensora Gral. Adjunta Dra. Betina Castorino, la Asesora Tutelar Dra. Laura Musa, juezas y jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Correccional y de Faltas y de Juzgados de Primera Instancia, Defensores, Fiscales, funcionarios de la Defensoría General y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las reuniones se llevaron a cabo en la sede del C.E.J.A., Tribunales de Garantías, Tribunales Orales, Fiscalía Regional, Defensoría Regional, Departamento de Coordinación de la Reforma Procesal Penal y Policía de Investigaciones, entre otros organismos involucrados en el sistema penal allende los Andes.

Una profunda transformación involucra diversas aristas

Esta reforma comenzó con un intenso cambio cultural al entrar en vigencia el nuevo código procesal penal en el año 2000, ya que pasó de tener uno de los sistemas inquisitivos más ortodoxos de la región a un modelo acusatorio con juicio oral muy adversarial y cuyos principios pueden ser sintetizados en: sistema acusatorio, oralidad en todas las etapas, reconocimiento amplio de los derechos del imputado y la víctima y racionalización de la persecución penal separando muy claramente las funciones de cada operador del proceso (tribunal de control de garantías, tribunal de juicio oral, fiscalía y defensa).

Para hacer efectiva esta realidad, contaron con una importante decisión política que no quedó solamente en el dictado de las normas jurídicas, al permitir incrementar el presupuesto asignado a la justicia del 0,9% al 2,5%. Les insumió un costo de inversión de u$ds. 350.000.000 y se estima un costo operativo anual de u$ds. 250.000.000, contra u$ds. 50.000.000 del régimen anterior, sin contar con la construcción del Centro de Justicia de Santiago de 115.000 m2 de superficie que alberga a 152 jueces de garantías, 150 jueces de tribunales orales en lo penal, 52 defensores públicos, 77 fiscales adjuntos y una alcaidía de tránsito con holgada capacidad de recepción de detenidos.

Si se analiza que, hasta la implementación de este nuevo modelo, en la República de Chile la Justicia penal se ejercía uno de los sistema procesales más inquisitivos y atrasados de nuestro continente, sin un organismo acusatorio (Ministerio Público Fiscal), ni defensa pública provista orgánicamente por el estado, es doblemente admirable el resultado obtenido hasta el presente.

El sistema no ha sido solamente un cambio legislativo, sino que implicó una transformación cultural profunda al implementarse controles permanentes en la utilización de los recursos, racionalización de los mismos, diferenciación de las actividades jurisdiccionales y administrativas, utilización de herramientas y sistemas informáticos en los procesos con el concepto del expediente virtual.

Un proyecto multidisciplinario

En la organización de los tribunales, defensorías y fiscalías se dividen claramente las actividades jurisdiccionales de las administrativas, asignando a los magistrados y funcionarios exclusivamente las actividades propias de su cargo. Toda actividad administrativa y de apoyo (incluso la asignación de causas, fijación de audiencias, relación con el personal, etc.) se encuentra a cargo de profesionales no abogados, con formación en administración (ingenieros, licenciados en administración, contadores), lo que les permitió una optimización del tiempo y racionalización de los recursos en unidades de apoyo común. Según sus principios: “La clave del éxito está en la implementación”.

En lo que respecta a la defensa pública, en el anterior sistema, era ejercida por estudiantes o colegas recién recibidos, sin una estructura orgánica dependiente de alguno de los poderes del Estado. En la actualidad, se estructuró bajo la órbita del Ministerio de Justicia en un sistema mixto ya que el 30% de las causas son atendidas por defensores públicos y las restantes por abogados seleccionados en licitaciones. Este novedoso sistema permite que se presenten empresas que, a su vez, contraten abogados para la realización de las tareas.

En un primer momento, ante el énfasis dado a la reforma por los principios de eficiencia, racionalización y producción en serie, privilegiaron los costos de contratación respecto de otros parámetros. Si bien no existe uniformidad en los honorarios que abonan a las empresas o estudios adjudicados, el importe promedio es del orden de u$ds. 150 por causa, que son abonados a su fin las que, en un porcentaje muy alto, culminan en la audiencia de “control de detención” que se lleva a cabo dentro de las  einticuatro horas de la aprehensión del imputado.

Agilidad en el proceso

Esta nueva cultura organizacional es permanentemente monitoreada logrando que, en promedio, entre los años 2000- 2006 las causas por robo finalicen en 108 días; las de hurtos en 58; delitos sexuales en 196 e infracciones a la ley de drogas en 144 días.

La racionalización del sistema de persecución penal logró la disminución del tiempo entre un 37% al 46%, según las regiones. Es posible observar que las tasas de condena en el anterior sistema procesal era del 1,1% a los quince meses de iniciado el proceso, contra 6,6% en el actual y, en los casos de causas con detenidos por el mismo lapso era del 6,9%, contra el 36,4% de condenas firmes en el actual sistema.

El balance de los resultados

La implementación de este sistema, es digno de admiración en lo que respecta a la utilización de herramientas e informatización, desburocratización, racionalización adecuada de los recursos, aplicación del principio de oportunidad, medios alternativos para la solución de conflictos, siempre que ello no conlleve un detrimento en el pleno ejercicio del derecho de defensa, convirtiéndose en un mecanismo para criminalizar a los sectores económicos más postergados o excluidos de la sociedad.

Esta metamorfosis pudo cristalizarse gracias a los amplios consensos de apoyo logrados en la decisión política y entre los operadores del sistema, mediante una coordinación y compromiso interinstitucional y un permanente monitoreo de sus resultados con continuas mediciones de eficacia y cumplimiento del tiempo previsto.

Los problemas que puede plantear el sistema, al ser monitoreados y evaluados son corregidos y modificados a fin de evitar los defectos del anterior modelo y poder alcanzar los estándares y objetivos previstos.

Las dudas o críticas que podemos efectuar al sistema radican en que el acento en la eficiencia y cumplimiento de metas, puede dar como resultado una alicaída defensa del imputado. La defensa penal, si bien en pleno desarrollo, puede ser uno de sus lados más débiles al carecer de independencia de los poderes del Estado y el cuestionable sistema de contrataciones a personas jurídicas integradas por legos que luego contratan a abogados y cuya finalidad exclusiva es el lucro.

También resulta, a nuestro criterio, anacrónico ante la transformación implementada que no cuenten con un Consejo de la Magistratura ni exista la colegiación de abogados. Entendemos que ello es una debilidad del sistema.

Hoy la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene ante sí un gran desafío en la implementación de un nuevo Código Procesal Penal (ley 2303). En la experiencia de nuestros hermanos chilenos -sin olvidarnos de las reformas procesales implementadas con muy buenos resultados, desde hace años, en base a modelos adversariales en las provincias de Buenos Aires y Chubut (por ejemplo)-, podemos abrevar para lograr una justicia eficiente pero respetuosa de las garantías constitucionales que permita la utilización del Derecho como herramienta para la construcción de la paz social.