La mercantilización universitaria: ¿visión pesimista o realista?

La complejidad de la problemática

Wiseman pregunta si una vez que la universidad se convierta en una empresa más, ¿perderá su carácter especial, algunos de sus privilegios sociales, su autoridad y su fuerza moral, su vinculación con la sociedad civil, como depositaria de la verdad y el conocimiento? ¿Puede una universidad ser a un tiempo una empresa y cumplir su potencial como institución de propósito noble y transformador?

Para Abeles la variación se asienta en el cambio de las universidades dependientes del Estado a las mercantilizadas/ globalizadas y observa dos niveles:

  • Las universidades megaglobales grandes.
  • Las altamente diversificadas y localizadas.

Las primeras no tardarán en ofrecer cursos nucleares a través de redes virtuales, mientras que las instituciones más pequeñas satisfarán necesidades locales específicas.

Inayatullah y Gidley piensan que, independientemente de las protestas, la tendencia a largo plazo parece ser la universidad cuya actividad viene determinada por el cliente-consumidor, de modo que la relación del estudiante con la entidad ya no será la de un miembro de la comunidad, por el contrario, el establecimiento será, simplemente, un lugar de transacciones en el que se obtiene alguna información para luego pasar al siguiente vendedor. La configuración más probable es la división de las universidades en tres espacios:

  1. Las que poseen nombre de marca y de carácter elitista, que se expandirán hacia el exterior, espoleadas por la globalización y la virtualización.
  2. Las megauniversidades de conveniencia, que captarán a la mayoría de los estudiantes del mundo gracias a su flexibilidad.
  3. Las pequeñas universidades nicho que centrarán su actividad en las preocupaciones regionales y locales.

Agregan que Harvard/Oxford y otras universidades de élite terminarán por comprar a largo plazo a destacadas universidades en todo el mundo, lo que –según dicen– supondrá la victoria de la visión empresarial multinacional. Y naturalmente, dada la cortesía imperante en los medios académicos tradicionales, eso no se hará toscamente.

Por su parte, Manicas opina:

  1. Las universidades con nombre de marca son lugares selectivos, de alto estatus, en las que el poder del mercado procede de su mismo estatus y selectividad.
  2. Junto a ellas describe a un grupo selecto de colegios universitarios más pequeños de carácter residencial, tradicional y elitista que no desaparecerán pero quedarán restringidos a quienes dispongan de los medios económicos para pagarlos.
  3. Que las universidades estatales más conocidas quedarán incluidas en una tercera categoría, la de instituciones proveedoras de educación de masas, dependiendo de los educadores y con la obligación de educar lo mejor que puedan a los ciudadanos de sus Estados.

Neubauer dice que las instituciones universitarias tradicionales se enfrentan a tres desafíos que presenta el cambiante escenario de la globalización:

  1. saber si pueden seguir definiendo un producto educativo capaz de resistir los desafíos planteados por las emergentes instituciones de conveniencia y por las fuerzas reguladoras del Estados;
  2. si pueden mantenerse a la altura de las instituciones dirigidas por el mercado en el negocio de compartir el conocimiento con valor añadido;
  3. dilucidar si pueden sobrevivir a niveles de costes aceptables, dados los actuales estándares del mercado. El autor nos afirma que estos desafíos serán abordados a partir de diversos modos y con variadas estrategias.
  • Por las instituciones con nombre de marca que tratarán de emparejar la percepción de calidad con el acceso restringido a la misma siendo casi insensible a los precios (pertenecer a ellas tendrá sus privilegios).
  • Por las instituciones proveedoras de educación de masas.

Rifkin, en una visión extrema, predice la hipótesis del 20–80. Indica que en un futuro no muy distante, el 20 por ciento de la población mundial será capaz de realizar el trabajo que ahora hace el 100 por ciento, de modo que el 80 por ciento restante quedará desempleado y que la mayor parte de las instituciones educativas superiores del mundo están en esas naciones. De esta hipótesis de Rifkin se desprende que las instituciones con nombre de marca se verán privilegiadas por un mercado más pequeño y selectivo. Es decir, que los ricos tendrán más y mejores oportunidades de realización.

Para Borón, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –que regula a escala planetaria impulsado por el gobierno de Estados Unidos–, considera a la educación en todos sus niveles como un servicio cuyas condiciones de producción y comercialización no pueden ser distintas de las establecidas por el neoliberalismo global para cualquier tipo de mercancía. El autor precisa que este hecho conllevaría a concebir a la educación como un negocio y que si se parte del supuesto de que los negocios están para dar ganancias, cualquier consideración en torno a temas tales como la excelencia académica, la responsabilidad del sistema educativo en la formación de la ciudadanía y los grupos dirigentes y la misión de la universidad como espejo crítico de la sociedad, están completamente fuera de lugar.

Da Sousa Santos, acompaña su postura argumentando que la transnacionalización neoliberal de la universidad ocurre bajo la égida del GATS para cuyas reglas: la educación es uno de los doce servicios comprendidos en este acuerdo y busca promover la liberalización del comercio de servicios a través de la eliminación, progresiva y sistemática, de las barreras en este campo.

Los Colegios de Profesionales como vías de acceso a la educación superior arancelada

Una vez analizadas estas perspectivas, que podrán considerarse pesimistas o realistas según el prisma con el cual se las lea, brindaremos nuestra opinión.

Pensamos, en defensa del colectivo social, que es factible forjar nuevos caminos de acceso a la educación superior no gratuita con aranceles razonables y, en tal sentido, consideramos dos nuevas y posibles sendas de ingreso:

  • Construir alianzas estratégicas entre las universidades y los Colegios de Profesionales, como el camino para un desarrollo conjunto con fines de bien común que hasta ahora ha tenido una mínima exploración.
  • Directamente, si desde la cultura organizacional de las universidades no se compartiera esta perspectiva de visión estratégica o no se pudiere o quisiere facilitar el acceso al servicio educativo ofrecido en nivel superior, utilizar en defensa de los intereses de todos a las poderosas herramientas jurídico-políticas depositadas, en delegación por los Estados, en sólidas instituciones. Por ejemplo, los Colegios de Profesionales. A las mismas, en su carácter de representantes de la sociedad ante el poder estatal y en la medida de cumplimentar los requisitos establecidos en la legislación, les resulta posible ser proveedoras de servicio educativo superior dirigido a la población.

Y junto al ingreso a la universidad y la continuidad de estudios en ella, es importante destacar la importancia del acceso a la educación de posgrado para los egresados matriculados, dado que cuando comiencen a ejercer encontrarán a través de este sistema facilidades para adquirir las verdaderas competencias profesionales.

Puntualmente, el posgrado es el nivel en el cual se ponen en rigor la adquisición de las verdaderas competencias relacionadas con la carrera. El profesional egresa de la universidad con el título habilitante e ingresa al mundo de la oferta y demanda de trabajo técnico, debiendo adquirir algo que no tiene y que en realidad es tan importante como el título: el oficio o las habilidades que surgen del hecho de trabajar la profesión. El abogado, en paralelo, tiene deberes ético-legales de seguir capacitándose (art. 10* inc. c del CE), pendiendo sobre su cabeza la posible aplicación de sanciones disciplinarias por falta de competencia (conf. Art. 44* inc. e ley 23.187).

El planteo es preciso y la realidad concreta. Hay que ir dejando atrás el permanente estado de reflexión y hacer las cosas. Hay que encontrar un camino de interacción junto con los Colegios de Profesionales. Así, la universidad podrá generar –con apoyo en una institución que tiene delegación estatal para el control de la matrícula– un futuro alternativo opuesto al racionalismo económico (con su penetrante lógica del mercado) y al avance del Estado (generador de estancamiento burocrático y manejo de poder a través del clientelismo político que permite el control de las estructuras y con ellos la asignación de salarios en naciones débiles, como son las nuestras).

En nuestro tiempo y mediante un proyecto inicial que no se agota en sí mismo, ubicamos que entre los pliegues de ambas formas de gestión universitaria (pública o privada), en el nivel de posgrado, existía la posibilidad de generar un nuevo espacio de elaboración de oportunidades para adquirir capacitación, y para eso se gestó una educación para profesionales con proyección social verdadera. Se hizo a partir obtener la provisión de servicio educativo con la emisión de títulos oficiales o con certificados emitidos por las organizaciones habilitadas y sin comprometer aportes económicos o financieros del tesoro institucional, fijando aranceles que facilitaran el ingreso.

El modelo, perfectible como todos, traído al servicio de nuestros matriculados es el de la alianza empresa-universidad y demostró, en su hora, que no se trató de una expresión discursiva de buena intención. Hoy, con rigurosa visión de estrategia política para el posicionamiento de la institución colegial y de política educativa para la defensa de incumbencias profesionales, el hecho de existencia de la Escuela de Posgrado y de su pertenencia al CPACF es un motivo de orgullo.

En una primera etapa, el Colegio brindará a los traductores el bagaje, la experiencia, las técnicas y los conocimientos adquiridos en la construcción de nuestra Escuela de Posgrado para que puedan iniciar su propia institución educativa.

“Espero que sea el comienzo de una productiva relación entre las dos entidades”, auguró la presidenta del Colegio de Traductores Públicos, Silvana Marchetti al momento de sellar la promesa de mutua cooperación. La acompañaban en el acto, que se realizó en una sesión del Consejo Directivo, la secretaria general Mirtha Federico y la tesorera Perla Klein.

El proyecto surgió merced al contacto que se estableció entre el director de la Escuela de Posgrado del Colegio, Héctor Muñoz, y las principales autoridades de los traductores. Marchetti, Federico y Klein se acercaron a la entidad con la inquietud de desarrollar una casa pos universitaria y Muñoz las asesoró y alentó.

El ejercicio de la profesión de traductor público se rige por la ley 20.305 de 1973, momento en que se crea el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, cuenta con 6500 matriculados en 34 idiomas. Es una organización autónoma, con independencia académica, institucional y económica, sin condicionamientos políticos, ideológicos ni religiosos. En sus 35 años de labor, ha llevado adelante una política de jerarquización y difusión de la tarea del traductor tanto como agente de trasmisión intercultural, como de auxiliar indispensable de la justicia.

“Deseamos que este sea el puntapié inicial de una relación que pueda durar muchísimos años y que se recojan los frutos que todos esperamos cuando tuvimos la intención de suscribir este convenio”, finalizó el presidente Rizzo.




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