Las reformas que hacen falta en Chile

¿Es nuestra institucionalidad jurídica acorde con la de un país desarrollado? ¿Dónde se necesitan cambios? ¿Qué sucede con el acceso a la justicia de los más pobres? A sólo tres años del Bicentenario, quisimos reflexionar sobre las modificaciones legales que se requieren para avanzar hacia el país que queremos.

Una nación todavía joven, pero ya crecidita. Así se muestra Chile de cara al 2010, fecha emblemática en que celebrará sus 200 años de vida independiente. Y como según dicen en soñar no hay engaño, este significativo cumpleaños ha dado pie a reflexiones, opiniones y discusiones sobre el país con que deseamos llegar a esa fecha.

¿Qué Chile nos gustaría tener? ¿Cómo quisiéramos ser? ¿Qué necesitamos para cumplir nuestros sueños colectivos? ¿Podremos convertirnos en un país desarrollado? Son éstas preguntas que plantean grandes desafíos, en cuyo logro sin duda el derecho y la justicia tienen un importante papel, ya que de ellos dependerá el establecimiento de una institucionalidad jurídica acorde con un país desarrollado.

Pero ¿qué reformas se necesitan para llegar al Bicentenario del modo que deseamos? Con el fin de ahondar en las diferentes facetas de este tema tan relevante para nuestro futuro, reunimos a un grupo de destacados abogados, quienes analizaron un amplio espectro de materias, desde enseñanza del derecho, alternativas laborales y reforma del procedimiento civil, hasta arbitraje, tribunales especiales y acceso de los más pobres a la justicia.
Como explica Arturo Fermandois, Magíster en Políticas Públicas y Derecho y profesor de la Universidad Católica, “la modernización de la justicia es necesaria para entregar certeza jurídica, favorecer el crecimiento económico y disminuir el “malestar en la civilización”. Pero es también un imperativo moral de nuestra sociedad y especialmente de nuestros gobernantes para con los miles de chilenos que día a día sufren las consecuencias de una estructura judicial más propia del siglo XVIII que de un país que se acerca al Bicentenario”.

En este contexto, y principalmente a partir la última década, una prioridad ha sido la adecuación de la justicia a las nuevas realidades que vive Chile, lo que ha impulsado importantes modernizaciones institucionales y de procedimiento. Sin embargo, como advierte Arturo Irarrázabal, Doctor en Derecho y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, “no todas las reformas se han puesto en práctica con el mismo éxito. Un ejemplo de ello son los tribunales de familia”:

“De aquí al año 2010, se necesita corregir los errores e imprevisiones que se han cometido en algunas de estas reformas, ya que de lo contrario se corre el riesgo de perder la legitimidad ciudadana que ha sustentado estos cambios. Pero también es necesario que para esa fecha el país tenga una política de Estado en materia de justicia que incluya una propuesta realista, pero con metas precisas en el mediano plazo. Ese plan maestro o programa debiera incorporar, al menos, las reformas al procedimiento civil, a la justicia tributaria y a lo que se suele llamar justicia orgánica”.

Oralidad y transparencia

Existe consenso en que el desarrollo de la institucionalidad jurídica de Chile debe considerar una Reforma Procesal Civil. Pero, como afirma el abogado Ciro Colombara, profesor de la Universidad de Chile y Director de Fundación Pro Bono, “es necesario implementar un nuevo sistema procesal civil y no reformas simplemente cosméticas”. En este sentido, un gran número de expertos propone la creación de un sistema oral para el procedimiento civil, lo que permitiría aumentaría la transparencia y rapidez de los procesos, gracias a la inmediatez del conocimiento del Tribunal de los conflictos sometidos a su competencia.

A juicio de José Tomás Errázuriz Grez, con estudios de Derecho en Harvard y Columbia y profesor de las universidades Finis Terrae y de Chile, “probablemente ello deba ir de la mano con la creación de nuevos juzgados y de algunas instituciones similares a las creadas en la Reforma Procesal Penal. Por ejemplo, el establecimiento de tribunales tributarios y contenciosos-administrativos es una antigua aspiración gremial. También es deseable la creación de instituciones jurisdiccionales que resuelvan materias técnicas específicas, como ha sido la exitosa experiencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ello abriría campos de trabajo para muchos abogados con vocación por lo jurisdiccional, permitiendo a su vez que más litigantes actúen en estrados, y además permitiría dictar resoluciones generadas con la debida independencia, más acabadas y de mejor calidad técnica”.

Como uno de los pilares de la modernización de la gestión, la transparencia implica que el Poder Judicial, al igual que el resto de los órganos del Estado, debe rendir cuenta periódica a la ciudadanía de la eficiencia con la que está cumpliendo su labor. Según explica Arturo Fermandois, “desde una mirada moderna, ello precisa innovaciones como una página web que contenga toda la información relevante que deban saber los usuarios, lo que además permitiría litigar on line. Un segundo ejemplo es contar con indicadores judiciales y estadísticas periódicas sobre el trabajo de los tribunales superiores de justicia y el resto de éstos. La Reforma Procesal Penal ha avanzado en esta área, pero no las otras jurisdicciones”.

Una aspiración compartida por muchos es la creación de más tribunales de jurisdicción civil de primera instancia, compuestos por mayor número de abogados, y de más salas de Cortes de Apelaciones. En opinión de Jorge Carey, Master en Derecho y consejero del Consejo Nacional de Televisión, es conveniente “extender los procesos orales aplicables a todas las materias que sea posible”. Esto debe complementarse con la “creación de una organización remunerada para la defensa en causas civiles: la equivalente de la defensoría penal pero en el ámbito civil, poniéndose término a la práctica gratuita de los egresados de derecho y al sistema de turno de abogados”.

En tanto, como observa Raimundo Labarca, ex profesor de la Universidad de los Andes, el desarrollo económico del país hace necesario capacitar a los jueces en materias económicas y técnicas: “Más que tribunales especiales, se debieran especializar los tribunales ordinarios. Podrían existir jueces de letras que conocieran de temas regulatorios, sin que por ello dejaran de atender los asuntos propios de su jurisdicción. Por ejemplo, en las Cortes de Apelaciones podrían haber Salas dedicadas especialmente al conocimiento de temas técnico económicos. De esta forma se propiciaría la convergencia de dos factores que resultan esenciales para resolver en justicia: el conocimiento específico de la materia económica en cuestión, complementado con la experiencia y criterio que se adquiere a través de la carrera judicial”.

Espacios sin aprovechar

Un efecto relevante de las modificaciones que se requieren hacia el 2010, se relaciona con un desafío de primera magnitud: el acceso a la justicia de los más pobres. Juan Enrique Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, señala que “en el contexto de una reforma a la justicia civil, deberá avanzarse en un sistema de justicia de pequeñas causas, simple y desformalizado, que asegure una respuesta rápida frente a los conflictos y que descanse fuertemente en el uso de la tecnología, por ejemplo litigación a través internet. Naturalmente, cambios como los descritos deberán ir acompañados de nuevos modelos de gestión y de los recursos necesarios. Para que ello sea posible, el Estado deberá focalizar su gasto en justicia en los más pobres, lo que implica desjudicializar algunos asuntos que sin justificación hoy llegan a los tribunales, alentar fuertemente el arbitraje, sobre todo el institucional, y cobrar tasas a los más pudientes por el uso de los servicios de justicia”.

Poco empleados aún en Chile, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos se caracterizan por los bajos costos que implican, la agilidad con que se desarrollan y los positivos efectos que producen, especialmente en materias como derecho de familia, laboral y medioambiente.

Por otra parte, los expertos que consultamos coinciden en que se debe racionalizar el trabajo de la Corte Suprema, mediante un esquema que le permita dedicarse a materias efectivamente relevantes, facilitando la uniformidad del derecho y la existencia de fallos de calidad. “Lo anterior se vería potenciado con la introducción del respeto a los precedentes judiciales, institución jurídica que muchos invocan como necesaria, pero en que lamentablemente los esfuerzos por aplicarla en Chile han sido tímidos”, resume José Tomás Errázuriz.

Entre las reformas que precisa la Corte Suprema, se menciona que ésta debería estar compuesta mayoritariamente por abogados distinguidos en su profesión o en las labores académicas. “Profesionales que ingresen a ella sin haber sido antes miembros del Poder Judicial, además deben suprimirse los abogados integrantes”, afirma el destacado abogado Juan Carlos Varela, quien además es partidario de que la carrera funcionaria termine en la Corte de Apelaciones: “La Corte Suprema debería ser ajena a la calificación funcionaria de los miembros del Poder Judicial”.

También existe consenso en que uno de los principales pilares de la futura justicia civil y comercial será el arbitraje. Como observa Juan Carlos Dorr, profesor de la Universidad Católica, “una reforma muy importante es la ampliación de las materias de arbitraje forzoso, ya que no siempre tiene justificación la gratuidad de la justicia. También es significativo el reconocimiento legal de los “cuerpos de árbitros”, organizados por entidades gremiales o sin fines de lucro y regidos por normas que aseguren la independencia del árbitro y el debido proceso”.

Si bien en Chile el arbitraje ha gozado de una regulación y prestigio razonable, su ámbito de aplicación ha estado principalmente reservado a empresas y grandes transacciones, por lo que una de las primeras tareas debe ser crear las estructuras, públicas y privadas, que permitan ampliarlo a todo tipo de asuntos civiles y comerciales. Francisco Javier Leturia I., profesor de la Facultad de Derecho UC y secretario general del Centro Nacional de Arbitrajes, comenta que “quizá en parte por la asimilación que nuestra ley hace entre juez y árbitro, todavía no hemos utilizado del todo los espacios institucionales que existen para modernizar el sistema arbitral. Si miramos al futuro, podemos considerar esto como una buena noticia, porque es posible dar grandes pasos para el desarrollo y modernización del arbitraje en cuanto a calidad de servicios, institucionalidad, independencia y profesionalismo”.

Para que esto sea posible se requiere un cambio cultural, donde la ciudadanía recurra a los tribunales para la solución de sus conflictos sólo como última instancia. Cristián Maturana, director y profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, explica que “las personas deben tomar conciencia que a través de la negociación, o de salidas alternativas como la mediación y el arbitraje privado, son las primeras a quienes les corresponde lograr la justa composición del conflicto. Más aún, se requiere que la cultura de la solución del conflictos por los propios interesados se internalice en los diversos establecimientos de educación y en las principales organizaciones sociales del país”.

Es así como la opción de la justicia arbitral debiera ser abierta en forma amplia, de modo que cualquier persona natural o jurídica tenga derecho a recurrir a ella, salvo que la propia ley o el contrato haya excluido expresamente uno u otro tipo de justicia. Como explica Patricio Figueroa, docente de las universidades de Chile y del Desarrollo, “la ley excluirá de la justicia arbitral materias que afectan al interés general de la sociedad, como lo relativo a causas penales, de familia, de la libre competencia, de defensa del consumidor, etc. Por el contrario, las relaciones estrictamente patrimoniales superiores a una cierta cuantía podrían ir a la justicia arbitral, incluso la determinación de las obligaciones tributarias, ya que ellas afectan una relación de tipo patrimonial. Igualmente sería conveniente ampliar los casos de arbitraje forzoso. El dar pronta vida a estas reformas legales permitirá a Chile tener una institucionalidad acorde con un país desarrollado y dinámico para el Bicentenario”.

En la actualidad, entre los principales problemas que afectan al arbitraje se cuentan la utilización de procedimientos lentos y defectuosos, la ausencia de control ético y de normas de incompatibilidad específicas, la designación de árbitros no del todo capacitados -especialmente por parte de la justicia ordinaria -, y la fijación y cobro de honorarios realizados directamente por el árbitro. No obstante, existe unanimidad en que la introducción de reformas no debe ser radical; lo que importa es avanzar con confianza y credibilidad, evitando el riesgo de “caja de Pandora”. Francisco Ruiz Tagle, ex profesor de la Universidad Católica señala que “las materias de arbitraje obligatorio se podrían ampliar con mucha prudencia para ayudar a la expedita y acertada administración de justicia, pero sin olvidar que debemos velar por una administración de justicia sabia y prudente. La injusticia acarrea frustración en las personas y en la sociedad, y entraba el sano desarrollo del país. No conviene sacrificar la calidad de la justicia por la celeridad, es preferible un poco más de tiempo siempre que la justicia sea tal. La injusticia rápida es lo peor”.

¿Examen de admisión?

Qué duda cabe, es imposible mejorar la institucionalidad jurídica sin partir por el fundamento básico, esto es, la enseñanza del derecho. Tema, como asegura Arturo Fermandois, del que se ha hablado “hasta la saciedad, pero se avanza poco y nada”. A juicio de este profesional, “la enseñanza interdisciplinaria es esencial para que el aporte de los abogados se refleje en el desarrollo del país. Hoy nos encontramos “encapsulados”, disminuidos, refrenados en ese aporte. Por otra parte, nuestro sistema actual de clase lectiva enseña al Derecho como lo perfecto, lo sublime, lo imperfectible. Y ello daña por años, y quizá para siempre, la inteligencia de los abogados”.

Tanto o más importante que cualquier realidad normativa o institucional por sí misma, es la calidad de aquellos que están llamados a la práctica del Derecho, ya sea como abogados o jueces. “De nada vale el Derecho si no se cuenta con buenos jueces ni abogados idóneos”, dice Ramón Cifuentes, profesor de la Universidad de Chile, quien señala que el explosivo aumento de abogados de los últimos años, junto a la disímil y a veces muy insuficiente preparación que en muchos se advierte, hacen necesario instaurar un examen de admisión al ejercicio profesional. “Éste debe asegurar que todos los que practican la abogacía, independiente de sus particularidades de formación, cumplan al menos con un estándar mínimo de preparación.

En el caso específico de los jueces, resulta indispensable arbitrar las reformas necesarias para que en su selección y con prescindencia de cualquier otro criterio, se inste por la designación de los mejores. Unido a ello debieran realizarse las mejoras necesarias para que la carrera de la judicatura logre interesar a egresados lúcidos y dotados”.Finalmente, como concluye Roberto Nahum, decano, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el gran objetivo es “entregar a los futuros juristas y líderes del país una formación completa e integral, de manera que sean capaces de comprender y detectar las diversas formas de convivencia social, utilizando el Derecho como una herramienta para entregar competencias y habilidades a fin de lograr una convivencia armónica del grupo social. De esta forma, podremos influir en el cambio de tendencias y en el perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica”.




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