Patrocinio de Querellas (PROPAQUE)

Este programa para tornar efectivos los derechos de tutela judicial, defensa en juicio e igualdad, fue establecido mediante un convenio firmado el año pasado entre el ministro de Justicia de la Nación de ese momento (actual jefe de Gabinete), Aníbal Fernández, y el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo.

El CPACF fue el encargado de seleccionar y capacitar a los abogados de la matrícula que estarán en condiciones de integrar el cuerpo del patrocinio. A partir de su implementación el servicio se ofrecerá a personas de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad, prioritariamente en los casos de homicidio doloso, lesión grave dolosa, abuso sexual agravado o robo con violencia en las personas.

Durante el acto de lanzamiento, Fernández aseguró que le provocaba orgullo en su carácter de matriculado del Colegio que la entidad de abogados hubiera desarrollado y presentado una iniciativa tan interesante. En esa línea, el titular de la cartera de Justicia afirmó que siempre se tiene que trabajar con el objetivo de “dar soluciones a los que menos tienen” y remarcó el compromiso del Colegio Público con estos sectores. “Es una forma de militar a favor de los que la están pasando mal”, sostuvo al referirse a la iniciativa que fue pensada desde el CPACF, al tiempo que destacó que le fue imposible decir que no al proyecto a raíz de la utilidad que generará para toda la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que la conexión del Colegio con el Ministerio es muy importante para encaminar tareas conjuntas que faciliten el acceso a la Justicia de la población y adelantó que en breve, también, se avanzará en el seguimiento de la probation, otra de las ideas que surgieron desde la actual conducción de la entidad de abogados.

Objetivos

Por su parte, Rizzo apuntó que el PROPAQUE se convertirá en un gran avance para lograr el respeto de las garantías constitucionales de los ciudadanos. “Se debe ver esto como un servicio a la comunidad. Las organizaciones profesionales tenemos la obligación de generar los medios para el beneficio de toda la sociedad”, expresó.

Además, Rizzo opinó que se tienen que dejar de lado las “mezquindades” y al mismo tiempo ser “ejecutivos” para poder crear una república de verdad. También aclaró que se trata de un proyecto a futuro que escapa al marco coyuntural político. Y, por último, invitó a los gobiernos provinciales a que repliquen este convenio con los colegios profesionales que tienen sede en su provincia.

Para la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, es necesario que se comience a ver la justicia como un servicio público que tiene la obligación de escuchar siempre al ciudadano. “Nadie puede negar que para el carenciado hay barreras culturales, físicas, económicas, sociales para acceder a la justicia” sostuvo y relató que a raíz de ese panorama en marzo del año pasado los presidentes de tribunales supremos de Iberoamérica emitieron un documento titulado “Cien reglas de acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, en el que se reconoce que el sistema de administración de justicia no es asequible para todos. “Esa es una deuda que se está intentando saldar en este momento” remarcó Martínez.

Por último, el director del Instituto de Derecho Penal del CPACF, Joaquín Da Rocha, adelantó que ya están en condiciones de comenzar a trabajar un total de 40 abogados, y otros 70 lo estarán en breve. Y detalló que cada cinco nóveles abogados que presenten este servicio serán a su vez asesorados y auditados por un profesional de mayor experiencia, miembro del Instituto de Derecho Penal, que responderá a sus inquietudes y efectuará un control periódico de cómo se están llevando estas causas. “Creemos que mejor servicio no podemos darle a la gente y de esta manera estamos demostrando que estamos junto a ellos”, finalizó Da Rocha.