Políticas públicas relativas a la cuestión indígena

La Constitución de la Nación Argentina asumió –en su reforma de 1994- el reconocimiento hecho en 1985 por la ley 23.302 al asignarle al Congreso de la Nación la facultad/ deber de “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos…” con el claro objetivo de promover el desarrollo cultural y económico de una franja postergada de la sociedad nacional. Sin embargo, la Carta Magna modificó sustancialmente la norma legal anterior, dándole a sus derechos un titular institucional: los Pueblos indígenas, a quienes otorga una presencia pública diversa a la de otros sujetos de derecho y formas jurídicas establecidas, y un derecho de propiedad comunitario, así caracterizado por el carácter colectivo en la percepción de sus beneficios.

Se superó así a la ley 23.302 que por ser de rango inferior (y anterior) no resulta de aplicación pertinente, todo ello sin negarle a esta norma (y a sus legisladores) el gran valor que su sanción significó para la sociedad republicana y democrática de nuestro país, su importancia única y ejemplar, que sin duda jalonó y posibilitó la madurez alcanzada en la sanción Constituyente de 1994.

Algo más que una cuestión semántica

A pesar de los emprendimientos exitosos de tipo local y familiar que en algunos casos comprendieron a un grupo más o menos extenso de familias, los derechos a los que la norma constitucional se refiere quedaron sin titular legal posible para su asignación registral.

Ello puede ser explicado por la deficiencia y limitación con la que fue interpretado jurídicamente el término “comunidad” (ajeno a la tradición indígena, aunque de uso extendido en la literatura antropológica y política), vocablo al que fue subsumido el de “Pueblos”, que es en realidad el destinatario de la norma y excede con mucho la estrechez de aquel otro concepto.

En la aplicación práctica, las comunidades reconocidas no comprendieron legalmente a todo un Pueblo Indígena sino a las agrupaciones de algunos de sus miembros emparentados (familias primarias y secundarias) o vecinos, que debieron adoptar la estructura de asociaciones civiles y someterse a la inscripción previa como tales ante los organismos generales pertinentes. Nada de esto configuraría una innovación jurídica, ni necesitaría de las citadas normas legal y constitucional específicas, pues todo habitante de la República gozaba ya del derecho “…de asociarse con fines utiles; de profesar libremente su culto…”, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución de la Nación. Hoy, a pesar de un remedo que parecería ser emergente de una “resolución” (nótese el impropio rango normativo) 4811/1996, la pseudo personería “engaña” por sus magros alcances y efectos, justamente por no dimanar de un reconocimiento legislativo, que ordene su incorporación al artículo 33 del Código Civil (sin ello, ¿qué es esa personería?… nada).

El reconocimiento de sus derechos sobre tierras quedó, en los hechos, circunscrito a los de carácter real: la tenencia de tierras –más o menos tradicionales- desperdigadas en un territorio extenso y yuxtapuesto con el habitado por otros núcleos poblacionales.

Panorama real

En definitiva, poco se avanzó hacia el desarrollo de los derechos sobre sus recursos naturales (a pesar de estar expresamente mencionados por la norma constitucional), tampoco hubo adelantos en materia de derechos culturales (no obstante la ratificación del Convenio con Bolivia sobre la materia de integración cultural, ley 25.034) ni intelectuales (a pesar de la responsabilidad asumida por la ratificación del Convenio de la Diversidad biológica Art. 8 j, ley 24.375).

Queda mucho por hacer

Si el objetivo es cumplir con lo prometido y posibilitar el ejercicio de los derechos de propiedad sobre sus recursos a cada Pueblo Indígena, es prioritario e ineludible:

  • Otorgar “existencia” jurídica a cada Pueblo (de carácter público no estatal) e identidad legal a sus miembros de acuerdo con las propias tradiciones y realidad actual, desplazando los vagos e inciertos indicadores de “autopercepción” y “reconocimiento de los otros” (ley 23.302)
  • Delimitar la cuestión de competencia, ¿será el Congreso de la Nación o las Provincias? Algunas ya han avanzado en el tema y podrían suscitarse contradicciones federales.
    Así, las tierras otorgadas a las comunidades indígenas lo serían a favor de su Pueblo, y su uso y ocupación quedaría regulado por los códigos de sus respectivos usos y costumbres.

Este derecho sobre las tierras:

  • no se agotaría ni caducaría, en tanto sus miembros y sus autoridades habitasen en territorio de la República Argentina;
  • la aptitud y extensión de las tierras debería garantizar el desarrollo de los modos de vida tradicional y actual de cada Pueblo, según el caso.

Todo ello a condición de que cada Pueblo Indígena de la República Argentina diera a conocer (legislativamente):

  1. El modo de reconocimiento o adquisición de la identidad indígena.
  2. Los derechos y deberes que tal identidad conlleva.
  3. La organización de la educación en el idioma, historia y tradiciones propios que se deberá impartir conjunta y
    armónicamente con los programas oficiales de educación obligatoria.
  4. La atención sanitaria de sus miembros, en lo que pudiera incumbir al resguardo de su integridad e intimidad (salvaguarda del uso comercial de sus datos genéticos).
  5. La organización de sus instituciones de decisión sobre las cuestiones propias del Pueblo, modos de convocatoria, competencias y participación.
  6. Los órganos que lo representen, modo de su designación y alcances de su legitimación.
  7. El sistema de participación de sus miembros y comunidades en la gestión y usufructo del patrimonio común.

Nos preguntamos si para resolver esta cuestión la Corte Suprema de la Nación tiene hoy la oportunidad de dar un paso adelante.




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