Práctica profesional obligatoria ¿vientos de cambio?

Demoras en la asignación de los lugares de destino, infraestructura insuficiente y problemas de seguridad, entre otros, inquietan a los egresados de Derecho, a la hora de cumplir con un requisito que sólo se exige a los abogados para su titulación.

Las voces que piden cambios a la práctica profesional de los egresados de Derecho en la Corporación de Asistencia Judicial, vuelven a tomar impulso. Ya el año pasado el Consejo General del Colegio de Abogados ofició a la repartición pública para transmitir la preocupación de los postulantes al servicio por las largas esperas para acceder a un cupo y por lo que consideraba discriminaciones y falta de transparencia para asignar las destinaciones.

Si bien el Consejo General recibió una respuesta oportuna de la entonces directora de la Corporación de la Región Metropolitana, Paula Correa, reemplazada en diciembre pasado por Alejandra Krauss, ex consejera de la Orden, lamentablemente, es poco lo que se ha avanzado en resolver las inquietudes de los egresados de Derecho, los únicos a los que se les exige por ley el requisito de la práctica profesional gratuita de seis meses para poder acceder al título de abogado que otorga la Corte Suprema.

Actualmente, hay 739 postulantes en la CAJ-Metropolitana, creada en 1981, junto a otras dos en Valparaíso y Concepción.

Estos centros sucedieron en esta tarea precisamente al Colegio de Abogados, al que en 1934, se le agregó una nueva función en su ley orgánica, en la letra ñ en su artículo 12, que ordenaba: “Crear y mantener consultorios jurídicos gratuitos para pobres y vigilar la correcta actuación de los abogados llamados por la ley a asistir a las personas que gozan de privilegio de pobreza”.

Y es que en esa época la educación universitaria gratuita tenía como contrapartida esta labor social, que probablemente muchos recuerdan con el romanticismo que transporta a la juventud.

Hoy, en cambio, los aranceles universitarios oscilan entre los $3 millones a $3 millones 200 mil al año, por lo que derechamente se le considera como una carga no exigida en otras profesiones para la titulación.

Los problemas

El primer inconveniente que enfrentan los egresados al postular a la práctica es la demora en la asignación de cupos. La primera prioridad la tienen los licenciados, pudiendo llegar a esperar uno a dos meses, mientras que los egresados deben aguardar hasta cinco meses.

En tanto, la comuna en que se asigna la práctica no es susceptible de ser rechazada, ya que la Corporación no admite una nueva solicitud sino hasta tres meses después.

Las ausencias, incluso las justificadas de los postulantes, se deben pagar en razón de un día por dos de trabajo extra, y los atrasos también son descontados.

Una vez concluido el período de seis meses, otra demora tienen las calificaciones. Al menos, un mes tardan los abogados tramitadores de los consultorios en preparar el informe de práctica, que en definitiva es sólo una preevaluación, porque la evaluación final se hace en las oficinas centrales de la Corporación y toma otros dos meses, aproximadamente. Muchas veces, además, se dice que las notas finales bajan.

Otro tema es la infraestructura. Algunos consultorios, como el de La Florida, se llueven, hay escasos teléfonos y un tercio de los computadores conectados a internet y no tienen puertos USB. La climatización tampoco existe. Apenas unas estufas y ventiladores que suelen comprar los abogados.

Poco espacio para recibir a los postulantes y atender a los patrocinados, de 14 a 17.30 horas. Los escritorios se usan por turnos en algunos consultorios.

La seguridad para los postulantes también es un aspecto pendiente, ya que en comunas peligrosas se les recomienda no ir en auto ni llevar sus computadores personales para suplir la carencia en la Corporación. El riesgo de robo es real. De las oficinas han sustraído carteras y se les sugiere llevarlas, al igual que los celulares y otras cosas personales, cuando se va al baño, para evitar inconvenientes.

Los futuros postulantes

Un crudo diagnóstico de la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial han hecho también los centros de alumnos de Derecho de las universidades de Chile y Católica. Derechamente, califican el sistema como perjudicial. Pero los perjudicados no son sólo los egresados, dicen, sino también las personas que recurren a ese servicio en busca de asesoría y defensa jurídica.

Los presidentes de los centros estudiantiles de la U. de Chile, José Luis Corvalán, y de la U. Católica, Sebastián Rioseco, se reunieron en enero pasado y comenzaron a dar forma a una minuta con sus inquietudes, la que se expondrá ante el Consejo General del Colegio de Abogados. Corvalán, egresado, explica que más allá de la carga que representa la práctica, a su juicio, el tema de fondo es que en Chile no existe un servicio público profesional y especializado a cargo de la asesoría y defensa jurídica de las personas de escasos recursos, como existe en otros países.

“En Chile, se ha sostenido durante mucho tiempo este sistema medio anacrónico de recurrir a los estudiantes, que encontramos ya no se condice con el nivel socioeconómico del país, que tiene recursos como para prestar un servicio profesional”, plantea Corvalán.

En tanto, Rioseco, alumno de 5º año, advierte que todas las reformas constitucionales y el espíritu del accionar del gobierno apunta a que los derechos no sólo sean accesibles, sino que además sean de calidad.

“Buscamos educación de calidad, salud de calidad, entonces por qué no aplicar este mismo criterio a la justicia. Y, en ese sentido, consideramos que debiéramos caminar hacia una profesionalización de la entrega del acceso a la justicia de los más necesitados”, dice.

Consultados si estiman que los egresados debieran ser excluidos completamente de esta asistencia judicial, Corvalán estima que una defensa de calidad supone que los defensores sean abogados titulados y con una mínima experiencia, como se exige en Brasil y Argentina.

En tanto, Rioseco argumenta que eso no excluye a que en las universidades continúen los planes de práctica profesional en las clínicas jurídicas.

Tanto en la Chile como en la Católica estos cursos tienen una duración de un año y ambos dirigentes estudiantiles coinciden en que no sería necesario ampliar los cursos.

Acerca de las condiciones en que se realiza la práctica, el dirigente UC opina que, de acuerdo a lo que han estudiado del tema, se advierte “un desorden que complica el buen desempeño del fin último que es dar una buena atención a los usuarios. El número de postulantes es muy alto, la distribución en general es muy tardía. Todo eso merma la asistencia y se traspasa el costo de la práctica no sólo a nosotros, sino que a la gente”.

Corvalán relata que en la CAJ-Metropolitana, el promedio de causas que se asignan para ser tramitadas por postulante está entre 80 a 120. “Uno se pregunta cómo un practicante puede rendir adecuadamente. La práctica ocupa gran parte del día durante los seis meses y eso impide acceder a un trabajo para mantenerse”, advierte.

Otro elemento a revisar, según Rioseco, se refiere a los abogados guía de las prácticas profesionales, que también enfrentan una gran recarga de trabajo. “Muchos egresados dicen que la práctica les ayudó mucho, pero porque tenían un muy buen abogado que los guiaba, que cumplía plenamente su rol de enseñar y guiar el conocimiento teórico que traen los alumnos. Hay que revisar el número de abogados que existen. Si cada postulante tiene 80 a 120 causas, cada abogado tiene esa cantidad por el número de postulantes que tiene”, remarca.

En todo caso, la conclusión de ambos es optimista en cuanto a que llegue pronto una gran reforma a la asistencia judicial y que deje de estar parcelada en distintas materias, como ocurre con las defensorías penal y laboral, y en familia.

Las universidades

Las facultades de Derecho de la Chile y la Católica fueron consultadas sobre la necesidad de introducir cambios a la práctica profesional. El decano de Derecho de la U. de Chile, Roberto Nahum, está a favor de una modificación, pero con matices. “Evidentemente, todas las cosas, a medida que pasa el tiempo y cambia el contexto en el que se desenvuelve la sociedad, deben ir cambiando, de manera de entregar soluciones efectivas y acordes a las nuevas realidades. En ese sentido, debiese estudiarse una variación convocando a todos los actores involucrados”, plantea.

Sin perjuicio de ello, estima que, “siendo el abogado un auxiliar de la administración de justicia, creo que la práctica sigue siendo un vehículo de sensibilización y compromiso social de los egresados de Derecho para con la sociedad. Pero, obviamente, hoy en que la enseñanza universitaria es pagada, no es lógico gravar integralmente a los egresados con el sostenimiento de esta función pública, más aún cuando el Estado ha subsidiado el ejercicio de las prácticas laborales en las carreras técnicas, pues, de lo contrario, podría llegar a configurar una obligación cívica discriminatoria carente de causa”.

En tanto, el decano de Derecho de la UC, Arturo Yrarrázaval, advierte que la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial se trata de una exigencia legal que se impuso a los abogados para la titulación y la razón por la que se estableció fue por los estudios gratuitos de los alumnos de Derecho, lo que en esta época se observa claramente como un tratamiento desigual con otras carreras universitarias.
A su juicio, para evaluar un eventual cambio en la práctica, ésta debe analizarse en forma global para determinar si esta situación se repite en otras profesiones, precisando que hoy parece un absurdo que Derecho sea la única carrera a la que se imponga este requisito.

Sobre la posibilidad de que se profundicen los cursos de clínica jurídica en las facultades, Nahum considera que “la enseñanza clínica del Derecho es parte de la formación profesional de nuestros alumnos, en la que confluye una visión integrada de todas las disciplinas como objetivo primordial, expresándose ellas en actuaciones administrativas y judiciales, de carácter asistencial todas ellas. Es así como la asistencia resulta consecuencia de la docencia integrada impartida a través de la enseñanza clínica del Derecho, a diferencia de la práctica profesional, cuyo objetivo en la realidad es fundamentalmente asistencial”.

Para Yrarrázaval, la clínica jurídica en la UC, que dura un año para los estudiantes de 5º de Derecho en consultorios, es suficiente para la formación de sus alumnos, de manera que resultaría una carga excesiva aumentarla y más aún con la práctica profesional sería doblemente gravoso.

  • ¿Cuántos postulantes están haciendo la práctica actualmente?

Actualmente se encuentran realizando su práctica profesional, en algunos de los Centro de Atención Jurídico Social o Centros especializados dependientes de esta Corporación, 739 postulantes. Es en este grupo de futuros abogados y a los que vendrán, en quienes concentraremos nuestros esfuerzos por proveerlos de una práctica profesional más moderna, que se oriente a las actividades y destrezas con que deben contar los abogados hoy y en el futuro, en una actividad en permanente cambio y expansión, conservando y fortaleciendo, desde luego, el sentido social de las prácticas profesionales realizadas en un servicio público.

  • ¿Hay lista de espera para loe egresados que aún no están licenciados?

Efectivamente, debido a la prioridad establecida por el Reglamento de Práctica Profesional para Postulantes al Título de Abogado, que establece que tienen preferencia los postulantes que invistan la calidad de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales.

  • ¿Cuánto tiempo toma la lista de espera?

En promedio el tiempo de espera entre la postulación y la asignación de la práctica, va desde el mes y medio hasta los cuatro meses y medio. Este margen de espera obedece a diferentes factores como lo son una oferta limitada de Centros de Atención Jurídico Social y el escaso espacio en cada uno de ellos. El número creciente de solicitantes de práctica y la escasa movilidad de los factores antes mencionados, nos dificulta la labor de asignar prontamente las prácticas profesionales. Es también necesario mencionar que los solicitantes de práctica tienden a concentrar sus solicitudes en determinados Centros por diferentes consideraciones y dado que esta Corporación no asigna prácticas profesionales en centros no solicitados por los postulantes, estamos frente a otro elemento que rigidiza el proceso de asignación de práctica.

  • ¿Qué pasa si un egresado no acepta la práctica en una determinada comuna?

El postulante que no acepta la práctica asignada, deberá expresarlo en una carta de renuncia remitida a la unidad de postulantes y no podrá volver a solicitar su práctica dentro de los tres meses siguientes.

  • ¿Cómo se califica la práctica?

De acuerdo al Reglamento de Práctica Profesional, ésta es calificada tomando en consideración los siguientes factores: conocimiento y criterio jurídico, responsabilidad, iniciativa, sentido social y de colaboración, conducta, honorabilidad, asistencia y puntualidad. Dichos conceptos son evaluados en forma individual, no obteniéndose un promedio final único. El mismo artículo señala que las calificaciones serán: sobresaliente, buena, regular y mala. Estos conceptos han sido trabajados incorporando parámetros para su evaluación por parte de la Corporación de Asistencia Judicial R.M.

El concepto sobresaliente tiene por objeto destacar a los postulantes cuyo desempeño ha sido superior al que deber ser, y además, enfocado a dar una solución rápida, eficiente y creativa a la problemática planteada por el usuario. Lo anterior con el fin de dar un servicio de excelente calidad.

Se debe hacer presente que los abogados de los Centros de Atención Jurídico Social realizan una pre-evaluación, en relación a los factores antes señalados con notas de 1 a 7, informe que posteriormente es analizado y evaluado por parte de la Dirección General, traspasando luego dichas notas a conceptos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de Práctica Profesional, los que se enmarcan dentro de los siguientes rangos:

  1. Nota 7,0: Sobresaliente
  2. Notas desde 5,0 hasta 6,9: Bueno
  3. Notas desde 4,0 hasta 4,9: Regular
  4. Notas inferiores a 4,0: Mala

Cabe señalar que para aquellos postulantes que realizan su práctica profesional logrando obtener una calificación final con sobresaliente en todos los factores señalados, se realiza una ceremonia todos los años con el fin de premiar su gestión.

  • ¿Cuánto tiempo toma la calificación de los postulantes?

El proceso completo de una práctica profesional normal, podría terminar en un plazo de ocho meses, ello debido a que a continuación de los seis meses que dura la práctica propiamente tal, sigue la calificación de la misma que tiene varias etapas. La práctica profesional tiene una duración -como sabrán- de 6 meses. Los postulantes cuentan con un plazo de 30 días como máximo para entregar su informe final. Además, una vez entregado el informe, éste pasa a revisión de los abogados del Centro de Atención, a la Dirección Zonal respectiva, para posteriormente ser remitida a la Dirección General, siendo calificada finalmente por la Directora.

  • ¿Hay computadores en todas las oficinas de la CAJ Metropolitana, acceso a internet y USB?

En la actualidad hay computadores en todas las oficinas, pero no para la totalidad de los profesionales ni postulantes que desarrollan tareas en los Centros de Atención. Alrededor de un 30% de los computadores asignados a los Centros cuentan con conexión a Internet y puertos USB. Esta Corporación ha hecho importantes esfuerzos financieros y de gestión, para mejorar la calidad y cantidad de computadores.

  • ¿Hay calefacción y aire acondicionado en las oficinas?

Los Centros de Atención ubicados en las comunas no cuentan con aire acondicionado. En la medida que nuestras posibilidades económicas lo han permitido, dotamos a los Centros de estufas para el invierno y ventiladores para el verano. Estamos conscientes de la modestia franciscana en que trabajan nuestros profesionales y hacemos permanentes esfuerzos para mejorar las condiciones en las que realizan su abnegada labor.

  • ¿Qué medidas de seguridad adopta la CAJ Metropolitana en las comunas que presentan mayor riesgo para los postulantes?

Institucionalmente la Corporación asume que los postulantes, si bien no son funcionarios, merecen la protección de su integridad, ante eventuales amenazas por parte de los usuarios o contrapartes con las que interactúan. Tanto es así que a nuestros usuarios se les hace presente que el patrocinio que la institución confiere está condicionado a la existencia de una relación respetuosa para con el postulante que lleva su caso.

Hemos experimentado situaciones lamentables en las cuales hemos debido revocar el patrocinio y hacer las denuncias respectivas frente a situaciones que pudieren haber afectado la integridad de los postulantes. Al margen del tema netamente institucional, se fomenta en nuestros equipos de trabajo una cultura de solidaridad entre los postulantes y abogados, de manera de prevenir situaciones que pudiesen resultar problemáticas.

  • ¿Hay planes de inversión en infraestructura en los próximos meses?

La Corporación de Asistencia Judicial R.M, es un servicio público, con un modesto presupuesto, que no nos ha permitido diseñar y ejecutar planes de inversión en materias de infraestructura. Este escenario nos impone la obligación de ser creativos en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. En este proceso, se han realizado gestiones en orden a participar de los procesos de financiamiento con fondos sectoriales a través del Ministerio de Justicia, para mejorar nuestra infraestructura.

  • ¿Está previsto que la CAJ Metropolitana perdure en el tiempo o es posible que concluya sus funciones, teniendo en cuenta las reformas a la justicia penal, familia, menores y laboral?

A través de las Corporaciones de Asistencia Judicial, el Estado cumple el mandato constitucional de otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden procurársela por sí mismos. Éste es un fin público permanente, más allá del servicio u organismo del Estado que lo cumpla. Las Corporaciones de Asistencia Judicial hemos cumplido 26 años prestando esos servicios y estamos preparados para continuar realizando esta labor.




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Un comentario en Práctica profesional obligatoria ¿vientos de cambio?

  1. Adriana Díaz Dice:

    El artículo es bastante bueno, quisiera que profundizaran en los criterios de evaluación, y en que medida los postulantes se encuentran sin protección frente a abogados tutores que estan constantemente con licencia.
    Ademas el procedimiento para que un postulante haga sus descargos es poco claro.
    Para quienes estan licenciados es un perjuicio económico ya que en todo este proceso evaluativo no puede ejercer como abogado

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