Problemas de la defensa en el proceso penal

Del 19 al 21 de abril se realizaron las jornadas “Problemas de la defensa en el proceso penal”, organizadas por el CPACF y el INECIP. Durante tres días se discutió sobre los principales obstáculos que tienen que afrontar los abogados defensores en el actual procedimiento penal, apareciendo como indispensable una reforma instaurando un modelo adversarial y plenamente oral, que garantice el ejercicio pleno del derecho de defensa, muchas veces desconocido por nuestro actual modelo de enjuiciamiento penal.

Asimismo, se debatió sobre posibles cambios al sistema de defensa pública, donde el modelo mixto aparece como alternativa.
Desde esta perspectiva se encaró el análisis de las distintas etapas del proceso. Así, Alberto Binder, Marcelo Solimine y Daniel Pablosky remarcaron la elemental necesidad de eliminar la figura del juez de instrucción, en tanto resulta violatoria del principio de imparcialidad e impide a las partes en conflicto asumir su rol en el proceso.

En la misma línea se presentaron experiencias de oralización de la etapa preliminar, que muestran buenos resultados en la consagración efectiva de las garantías constitucionales. Así, Cristián Riego (del Centro de Estudios de Justicia de las Américas –CEJA-, dependiente de la OEA) explicó las características centrales de la reforma procesal penal de Chile, en tanto que Luciano Hazan y Ariel Ciano aportaron información y reflexiones sobre el “Plan Piloto para la profundización del sistema acusatorio” que se desarrolla en Mar del Plata. En ambos casos hubo coincidencia en evaluar que el sistema de audiencias permite una mayor amplitud para la discusión de las cuestiones atinentes a la sustanciación del proceso (incluyendo cuestiones como la procedencia de medidas cautelares, la suspensión del juicio a prueba o la elevación a juicio), así como que imprime notablemente mayor celeridad al procedimiento.

En cuanto a la etapa de juicio, Luis Chichizola reseñó las principales violaciones al principio acusatorio en la regulación del juicio oral en el CPPN y Pablo Farsa presentó los elementos clave que los abogados deben tener en cuenta en un debate netamente contradictorio y sin excepciones a la oralidad.

Asimismo, estos principios fueron discutidos también en torno a la etapa de ejecución, con la participación de Diego García Yomha y Daniel Neuman. Sobre las penas, Cristina Caamaño y Marcos Azerrard acercaron propuestas para la implementación alternativas a la prisión.

En cuanto al sistema de defensa pública, las jornadas contaron la participación de Gabriel Ignacio Anitua (en representación de la Defensoría General de la Nación) y Alfredo Pérez Galimberti (Defensor de Cámara de Trelew y Director del INECIP Patagonia). Anitua realizó una reseña histórica de los distintos modelos de defensa pública y remarcó las principales líneas de trabajo actuales desde la Defensoría General. A su vez, Pérez Galimberti hizo eje en las características del sistema de defensa pública mixta, que contempla la participación de los abogados de la matrícula en la litigación de casos del sistema público, y su impacto en la calidad de la defensa que se brinda a los imputados.

Con este antecedente, Juan Lewis y Raúl Salinas presentaron propuestas y experiencias de modernización de la defensa pública para la etapa de ejecución de la pena. Así, Lewis contó la experiencia del Colegio Público de Abogados de Rosario, donde se creó un sistema de pasantías por el medio del cual abogados comprometidos con el rol del Colegio Público y los derechos de las personas privadas de libertad patrocinan gratuitamente a éstas, recibiendo un dinero en concepto de viáticos por parte del Colegio, que a su vez organiza y centraliza la asistencia. Salinas, por su parte, reiteró la necesidad de modificar la actual ley de ejecución penal, avanzando en el principio de judicialización e implementando también en esta etapa el sistema de audiencias.

Finalmente, las conclusiones fueron presentadas por Gonzalo Rua (por el INECIP) y Guillermo Fanego y Oscar Pérez (por el CPACF). De acuerdo a lo discutido en los tres días de trabajo, hubo coincidencia en los expositores en la necesidad de reformar el Código Procesal Penal de la Nación, implementando un sistema acusatorio y oral, en tanto esto permitirá un mejor ejercicio del derecho de defensa y una mayor celeridad en la sustanciación del proceso. Asimismo, este criterio fue compartido por la mayoría de los asistentes (que superaron los cien matriculados), quienes completaron una encuesta anónima cuya conclusión principal es que la amplia mayoría de los abogados litigantes consideran indispensable una reforma de estas características.