Realidad Carcelaria: Medios Alternativos a la Prisión

Sólo en la Provincia de Buenos Aires se registran 31.000 personas presas, de las cuales el 90% carece de recursos para acceder a una defensa técnica privada. El 75% de los internos es procesado sin condena. Además conforme estadísticas de la Procuración General Provincial, “un 28% de las sentencias dictadas con relación a las personas detenidas son “absoluciones o sobreseimientos”. Los presos inocentes no tienen acceso al Patronato de Liberados, y disponen de pocas posibilidades de iniciar un juicio al estado que repare el daño.

A pesar de que nuestro Código Penal prevé cuatro tipos de penas; la pena privativa de libertad a quedado reducida a prisión ya que la reclusión lleva el resabio de la pena infame, prohibida constitucionalmente luego de la reforma de 1994. La inhabilitación y la multa casi no se utilizan y son aplicadas como penas accesorias a la prisión. La estructura de nuestro sistema penal tiene en la cárcel el medio esencial y generalizado de control social punitivo. Diversas investigaciones han arribado a las siguientes conclusiones: “el índice de reincidencia es más alto entre los condenados a prisión que entre los sometidos a probation y más importante entre éstos últimos que entre los castigados con multa”. Por ello trataré de describir algunas alternativas a la prisión:

  1. Con la victimología se podrían lograr acuerdos de reparación de perjuicios entre víctima y victimario solucionando conflictos penales de manera no punitiva. Dado que la conciliación se ha incorporado con éxito al sistema penal; previa reforma legislativa, se podría sumar el arbitraje y la mediación. Pero, considero, que resultaría más viable la predisposición al diálogo entre víctima y autor en los delitos leves.
  2. Descriminalización de determinadas figuras delictivas cuya punición sólo se justifica desde un punto de vista moral minoritario, y que podrían ser controladas por medios administrativos o del derecho privado. A saber: conductas relativas a la libertad sexual, y los denominados “delitos sin víctimas” El delito de calumnias e injurias constituye un conflicto que puede ser resuelto exitosamente por el derecho privado. También, la resolución de los dilemas generados por los tipos penales existentes en la AFIP debería depender del derecho administrativo.
  3. Deflación en la aplicación de la prisión preventiva. A fin de que recobre su papel de medida cautelar excepcional. Se deberían elevar los mínimos requisitos probatorios necesarios para ordenar la prisión preventiva; ampliando las causales de excarcelación bajo caución y reduciendo sus presupuestos legales. También fijar un “plazo razonable” máximo e improrrogable para la prisión preventiva y establecer la responsabilidad del estado en los casos de que ella sea excesiva o injustificada.
  4. Suspensión del juicio a prueba. Este instituto posee algunas condiciones negativas: imposibilidad de aplicación a delitos que trasciendan la esfera correccional; exclusión en delitos reprimidos con penas de inhabilitación; no procedencia cuando el imputado es funcionario público en ejercicio de sus funciones. Además, que la probation quede supeditada al dictamen favorable del Ministerio Público“…sólo puede entenderse en forma compatible con la Constitución, interpretando que este es vinculante cuando solicita la suspensión del juicio, pero no a la inversa”. Revisando estas dificultades se lograría que más sujetos puedan acceder a la probation. El Tribunal Oral N° 1 de La Plata, declaró la inconstitucionalidad del instituto por no aplicarse a delitos culposos que reciben como accesoria a la pena de prisión, la inhabilitación. Por afectar los principios de racionabilidad y de igualdad ante la ley, ya que los delitos dolosos tendrían el beneficio.

Mientras se privilegie un concepto de control social punitivo con base en el empleo prioritario del sistema penal y la prisión es poco probable que exista una alternativa a ésta pena. La cárcel seguirá teniendo una función ideológica de garantía o amenaza última para la población sometida a técnicas de control más blandas (Art. 21 del C.P). Por ello no sólo no se reduce cuantita tivamente la población carcelaria, sino que aumentan los sujetos sometidos a control. Asimismo, éstas otras estrategias pueden ser empleadas para ampliar cualitativamente la vigilancia, afectando espacios de libertad, a través de nuevas formas de disciplina-miento coercitivo. Con una democratización del sistema general podemos intentar revertir estas tendencias.




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