Reforma al Régimen de Sociedad Conyugal: Oportunidades y Peligros

  • ¿Cómo funciona en la realidad actual el régimen de bienes vigente?

La situación actual es de poca conflictividad judicial, porque entre los operadores jurídicos existe una larga experiencia en materia de funcionamiento de la sociedad conyugal, lo que hace que se tiendan a prevenir los conflictos. La sociedad conyugal cumple una función protectora de la mujer, especialmente en el segmento de ingresos medios y bajos.

  • ¿Debe sustituirse la sociedad conyugal por un régimen de participación en los gananciales como régimen legal?

Resulta fuerte hoy que una mujer adulta, casada en sociedad conyugal, pierda la administración de sus bienes propios, de manera ordinaria, y no obstante la ley la considere capaz. No hay razón para mantener esta situación. Respecto de la gestión de los bienes sociales, parece prudente el proyecto de ley, ya que permite un pacto entre los cónyuges para definir quién administra. La cogestión parece ineficiente. Pero suprimir la sociedad conyugal, o dejarla en el mejor de los casos como un régimen alternativo, me parece una medida extrema. A los niños, hay que esperarlos y luego cuidarlos y criarlos. Uno podría pensar que ésta es una tarea de ambos padres, pero la realidad indica que sólo las mujeres gestan y que ellas tienen más sentido de la responsabilidad familiar. Estoy por proteger a las madres y esposas responsables.

  • ¿Qué piensa sobre la mantención, supresión o modificación del patrimonio reservado de la mujer casada?

El patrimonio reservado de la mujer casada nace como una conquista histórica, por así llamarla, de la mujer que trabajaba en tareas remuneradas fuera del hogar. Cabe recordar que fue la Junta Revolucionaria de enero de 1925 la que aprobó un primer Decreto Ley en este sentido, que luego fue mejorado por profesores de la Universidad de Chile. Su función básica es darle oportunidad a la mujer para que administre los bienes que obtiene como producto de este trabajo y constituye una garantía para ella, porque no está obligada a compartirlos al término del régimen. Suprimirlo me parecería una regresión social lamentable. La proposición alternativa que se hace en la comunidad de gananciales, y que contempla el proyecto, es que los cónyuges vivan como separados de bienes y mueran (o terminen el régimen) como comuneros, pero no me parece equivalente funcionalmente hablando.

  • ¿Debe ser el estatuto económico del matrimonio una normativa que no haga distinción alguna entre marido y mujer?

Partir con un principio apodíctico como el que se recuerda, me parece un error. Entre hombre y mujer hay diferencias prácticas, que parten por lo biológico. De aquí se derivan otros aspectos, si la ley no los reconoce se puede causar un grave daño. No debe atenderse sólo a abstracciones, sino también a realidades y funciones sociales.

  • ¿Es necesario o conveniente que la ley fije un régimen supletorio legal? ¿Qué características esenciales debería tener?

Un régimen supletorio legal ayuda a orientar a los cónyuges, que muchas veces no saben exactamente lo que más les conviene. Y el régimen a proponer debe ser, en mi criterio, aquel que mejor reconozca la naturaleza y fines del matrimonio, que no es otra cosa que un compromiso de unión vital que conlleva un darse total, incluyendo lo económico. Pero, como es obvio, siempre con respeto a la libertad de los cónyuges, el buen desenvolvimiento del tráfico, el adecuado resguardo de terceros y considerando las disfunciones sociales que se presentan en una realidad dada. Todos esos aspectos, estimo, están bien recogidos en la sociedad conyugal, sin perjuicio de los ajustes que he apuntado.

  • ¿Cómo funciona en la realidad actual el régimen de bienes vigente?

Funciona en forma curiosa, porque luego de las diferentes reformas introducidas tenemos, por una parte, un sistema que le reconoce a la mujer plena capacidad, pero veta en forma inexplicable la posibilidad de que administre su haber propio. Y por otra parte, funciona como un sistema de participación en los gananciales imperfecto, ya que el marido administra los bienes que adquiere con su trabajo (sociales), sujeto a la intervención de su mujer para determinados actos, mientras ésta lo hace libremente con los suyos, a pesar de tener dichos bienes idéntica naturaleza social.

  • ¿Debe sustituirse la sociedad conyugal por un régimen de participación en los gananciales como régimen legal?

Soy partidaria de establecer un régimen de participación en los gananciales, con sistema de “comunidad diferida”. Pienso que es la mejor opción, porque permite que durante la vigencia del régimen, marido y mujer puedan administrar y disponer de sus bienes con independencia – aunque sujetos a ciertas restricciones para determinados actos – y que al término del régimen se forme una comunidad, fundamentalmente sobre los bienes adquiridos a título oneroso y los ingresos provenientes del trabajo. Eso significa aprovechar las ventajas del régimen de separación, en cuanto a la capacidad de cada cónyuge para administrar sus bienes, y de la sociedad conyugal, ya que se forma una comunidad con los bienes producto del esfuerzo común.

  • ¿Qué piensa sobre la mantención, supresión o modificación del patrimonio reservado de la mujer casada?

El patrimonio reservado se justifica en el contexto de un régimen en que la mujer es incapaz y queda marginada de la administración de los bienes sociales, como ocurría antes. Pero en un sistema en que la mujer es considerada igual a su marido y en que ambos tienen capacidad para administrar su patrimonio, no tiene sentido mantenerlo. Creo que lo lógico es que, durante el régimen, cada cónyuge administre su patrimonio, pero con la intervención del otro respecto de los actos de mayor significación económica.

  • ¿Debe ser el estatuto económico del matrimonio una normativa que no haga distinción alguna entre marido y mujer?

Las distinciones o beneficios establecidos en favor de la mujer, están dados para contrarrestar los poderes del marido en la gestión de los bienes sociales y propios de la mujer, como es el caso de la separación judicial, o del beneficio de emolumento, entre otros. Pero si se instituye un régimen como el propuesto, no veo la razón para hacer distinciones de otra naturaleza entre marido y mujer. Reitero, eso sí, la conveniencia de establecer un sistema de autorizaciones recíprocas respecto de los actos de mayor envergadura.

  • ¿Es necesario o conveniente que la ley fije un régimen supletorio legal? ¿Qué características esenciales debería tener?

Me parece necesario que exista un régimen legal. No es conveniente dejar entregado a los cónyuges la determinación del sistema que los habrá de regir durante el matrimonio, sea que opten entre regímenes alternativos o pacten otro sistema conforme al derecho común. Pienso que eso requiere de conocimientos jurídicos que el ciudadano común no tiene, significa agregar costos de asesoría y conlleva el riesgo de decisiones inadecuadas. Para resguardar la autonomía de la voluntad basta con establecer, como hoy ocurre, los mecanismos para que quienes deseen puedan pactar un régimen alternativo, no es necesario eliminar el régimen legal.




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