Retorno al sentido común

En el centenario de su Independencia, el camino al Bicentenario nos deja entrever un problema más allá del descalabro del capitalismo de Casino con que el abuso de unos pocos especuladores han puesto en entredicho la solidez del sistema financiero.

Se atraviesa una crisis institucional de sentido común que preocupa cada vez más por su inmediata relación con la comunidad forense.

En el centenario de 1910, gobernaba Chile don Ramón Barros Luco, abogado y político experimentado, bastante mayor (76) que partió su mandato reemplazando el lema de uno de sus predecesores -don Germán Riesco- afirmando que su administración no sería una amenaza para nadie, sino una garantía para todos. Fue un gobierno de paz, progreso y trabajo, en que se imponía sobre todo el sentido común y la mesura del gobernante. Sostenía don Ramón que en veinte minutos podía decirse todo lo interesante sobre una materia y que las soluciones sencillas eran siempre las mejores, entendiendo la actividad política como el arte de lo posible, frases breves pero teñidas del espontáneo ingenio que personificaba Barros Luco.

100 años después nos encontramos con una República heterogénea y con unas instituciones que operan como un áspero laberinto, en las que campean y resplandecen situaciones en todos los estamentos cada vez más equidistantes de ese sentido común.

Estéril resulta, a estas alturas, referir los ejemplos malsonantes o de réquiem del buen juicio del Poder Ejecutivo, al pretender sustituir en sus nombramientos como ministros o abogados integrantes de nuestros Tribunales a profesionales de indiscutida competencia y especialidad por sujetos meritorios, pero a quienes se confía la función ministerial por su mayor docilidad ideológica y disposición hacia eventuales decisiones relevantes del Gobierno que pueden ser materia de controversia judicial.

Igual acontece con la falta de prudencia que denotan algunos jueces proclives a una compasión desmedida con la delincuencia, con olvido del agravio de las victimas y de la apaleada sociedad que constantemente padece estos yerros.

Temeraria resulta la propuesta de la figura de la delación compensada aplicada como arquetipo general en las relaciones de negocios, si desde niños se nos ha inculcado a transitar por la calle como hombrecitos descartando ese impulso bizarro de acusar a otro, salvo casos singulares y muy justificados y así otros malhadados ejemplos que grafican toda esta situación.

Indudablemente, el sentido común es una virtud humana sobresaliente, enraizada muchas veces en la gente más humilde y que don Andrés Bello acomodó en esa figura de honradez, prudencia y abnegación que es el “buen padre de familia” que es, en síntesis, un modelo adornado de buen criterio.

Recordar las condiciones más sencillas que se le piden a todo juez de “ escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar y decidir imparcialmente”, no es sino una prueba que más allá de la bondad y firmeza heroica propia de la función del magistrado está la prudencia y el sentido común aplicado en la ejecución de sus labores cotidianas y en la formación de la jurisprudencia.

Recordar también a los abogados que son actores colectivos de ese sentido común en su ejercicio profesional, la proyección pública que adquieren la proliferación de ruidosas demandas triviales, innecesarias o sin sustento real, que en aras de garantizar el debido proceso legal, ocupan tiempo y recursos públicos, trepándose a la plataforma jurisdiccional, buscando en los claroscuros de la fronda legal el utilitario resquicio formal que acierte con sus egoístas pretensiones, lo que reaviva las maldiciones y perspicacias que recaen sobre nuestro gremio desde la literatura universal (Shakespeare) y que finalmente nos alejan del trono de la justicia.

Valoremos el sentido común como un tesoro del buen discernimiento, que aporta a una convivencia sana caminando hacia el Bicentenario.