Sistema penitenciario: La urgencia de enfrentar la crisis

Aunque desde el año 2001, cuando asumí como Fiscal Judicial de la Excma. Corte Suprema he realizado informes relativos a la situación de los internos en los distintos penales del país, así como también respecto de las condiciones de infraestructura, de vigilancia, de seguridad y las prácticas de rehabilitación y reinserción, en el último tiempo el tema ha atraído nuevamente la atención pública, de los legisladores y de los medios de comunicación.

En el informe que elaboré en junio recién pasado sobre el funcionamiento del sistema carcelario del país y entregado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado , mencioné ocho deficiencias concretas y graves que afectan a los establecimientos penales del país: hacinamiento; horario de desencierro y encierro de los internos inadecuado; deficiente y desigual sistema de alimentación; falta de política y planes de rehabilitación de los internos, falta de actividades laborales, de capacitación, educación, deportivas, espirituales y recreativas; deficientes condiciones sanitarias e higiénicas; aplicación del castigo de internación en celda solitaria y condiciones materiales deficitarias en que se cumple esta sanción; aislamiento de internos por razones de seguridad y la muerte de internos en los penales.

Como principales conclusiones del análisis de cada uno de estos problemas resaltan dos aspectos:

• La falta de políticas y acciones penitenciarias para la rehabilitación de los internos.
• Condiciones de hacinamiento que afectan la integridad física de estos, a la vez que constituyen condiciones de vida degradantes.

Reiteradamente, he presentado a diversas autoridades gubernamentales las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios del país, constatadas en las visitas que realizan los Fiscales Judiciales de las Cortes de Apelaciones.

Actualmente, existe consenso entre los actores sociales y los organismos públicos espe-cializados respecto de la agudización de esta situación durante los últimos diez años, producto del notable incremento de la población penal y por el elevado índice de reincidencia de los internos.

La entrada en funcionamiento de seis nuevos establecimientos penitenciarios concesionados, aunque es una buena noticia, por cuanto cumplen con los es-tándares internacionales de infraestructura, son insuficientes para cubrir el déficit de plazas. Es necesario reforzar, a la brevedad posible, la infraestructura disponible, especialmente, en las re-giones Metropolitana, de Valparaíso y Biobío, que presentan los índices más altos de hacinamiento a nivel nacional.

Tengo la certeza de que en Chile existe el marco legal y reglamentario suficiente para que el Estado cumpla con su deber de velar por la rehabilitación y reinserción social de los reclusos, respetando su dignidad.
Los avances sustanciales para la solución a la problemática carcelaria que se arrastra en el tiempo, no pasa por la dictación de nuevas normas, sino por la voluntad de las autoridades del sector de implementar políticas penitenciarias, concretar las acciones que se planifiquen y evaluar sus resultados, tal como se reseña en el citado informe.

De lo que se trata es que se tome conciencia de que las disposiciones internacionales que existen y que ha suscrito nuestro país tenemos que llevarlas a la práctica.

SITUACIONES EXTREMAS

Los Fiscales Judiciales deben observar y registrar numerosos casos dramáticos de personas recluidas. Por ejemplo, el promedio de horas de encierro de la población penal del país. Quince horas de encierro y ocho de desencierro, es contrario a cualquier lógica de rehabilitación. En penales existen denuncias de que los presos aislados permanecen 23 horas encerrados. Lo mismo ocurre en el caso de los castigados, a quienes sólo se les autoriza salida a patio por una hora al día, lo que no siempre se cumple, por falta de lugares a donde conducirlos, y son sacados a pasillos.
Otro ejemplo dramático es el hacinamiento: los presos no tienen espacio en las celdas disponi-bles y en algunos lugares como la Calle número 6 de la Penitenciaría de Santiago, duermen en la propia calle, a la intemperie.
Respecto de las deficientes condiciones sanitarias, podemos citar el Centro Penitenciario de Valparaíso, donde hay módulos que cuentan con agua potable dos horas en la mañana y dos en la tarde. En Arica, se entrega agua potable sólo dos horas al día, fraccionada en la mañana y en la tarde.

Mucho se ha comentado también respecto de la situación de los narcotraficantes recluidos. Si bien es molesto constatar discriminaciones, esascondiciones son las que deberían tener todos los presos en Chile: cuatro internos por celda, ali-mentados en comedores sin recibir la comida en tambores, disponen de baño, de posibilidades de estudio, trabajo, cultura y esparcimiento.
Lo anterior no está prohibido, está en el Reglamento. A eso tiene derecho cualquier preso. Ellos no tienen privilegios, son los otros los que están atropellados. La gran mayoría de la población penal tiene condiciones de vida inhumanas y crueles.

De acuerdo a los Tratados suscritos por Chile, destinados a garantizar la dignidad de la persona, todo recluso debe ser tratado con el respeto que merece como persona humana, y teniendo pre-sente que el fin primordial de la pena privativa de libertad es rehabilitar al delincuente y reinsertarlo en la sociedad, de modo que a su egreso sea una persona integrada a su familia, útil a la sociedad y haya logrado aprender un oficio si antes no lo tenía, de modo de ganarse la vida honradamente.

Con excepción de las limitaciones propias del encarcelamiento, todos los reclusos siguen go-zando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas incorporadas a la legislación nacional.
En efecto, nuestro país al ratificar los instrumentos citados, se ha obligado como Estado a crear las condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades que faciliten su reinserción y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio.

Es obligación del Estado crear las condiciones necesarias para la reincorporación del recluso en la sociedad y en las mejores condiciones posibles, de modo de disminuir los actuales índices de criminalidad y reincidencia, contribuyendo así al bien común de toda la sociedad.

La crisis actual requiere que se apliquen los instrumentos legales y administrativos con que ya se cuenta, pero con una renovación profunda en su accionar, que requiere modernizar las instituciones y su gestión, de modo que su acción corresponda al nivel de desarrollo que ha alcanzado el país.

Sólo esta profunda renovación hará posible poner fin al círculo vicioso de pobreza-cárcel-pobreza, que es lo que se constata al visitar los penales respecto de la mayoría de los internos, y que también confirman las estadísticas de Gendarmería y de los organismos especializados, ya que en definitiva el problema carcelario es un problema social.

Constatar en la actualidad el interés por solucionar la crisis carcelaria, interés que manifiestan los distintos poderes del Estado, así como la sociedad y los medios de comunicación, constituye una gran esperanza de que se elaborarán las políticas penitenciarias que nuestro país requiere, de cara a la conmemoración del Bicentenario de la república.