Sociedades de garantía reciproca

Esta nueva institución, que permite ampliar el acceso al crédito a los pequeños empresarios no ha tenido el uso esperado, ya que hasta la fecha sólo se ha registrado una cooperativa y una sociedad anónima en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

La ley 20.179, promulgada el 10 de Mayo de 2007 y publicada en el Diario Oficial del día 20 de junio siguiente, autorizó el establecimiento de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y la constitución de Cooperativas de Garantía Recíproca (CGR), por lo que al referirnos a ellas deberíamos hacerlo como “Instituciones de Garantía Recíproca”.

Uno de los más frecuentes reclamos de los pequeños empresarios ha sido el de sus múltiples dificultades de acceso al financiamiento y su alto costo, así como las restricciones a que se ven sometidos en el uso integral de su capacidad crediticia.

En efecto, es sabido que los pequeños empresarios poseen pocos bienes y, a pesar de ello, al entregarlos en garantía a una institución financiera, cualquiera que sea el avalúo del bien, garantiza una sola obligación, por lo general, de un valor varias veces inferior, con lo cual la capacidad del empresario de garantizar obligaciones queda limitada a una sola.

Esta limitación de los pequeños empresarios, junto a otras de carácter normativo, que dificultan su participación en el proceso económico, ha dado origen a lo que se denomina el “Estatuto de la Pequeña Empresa”, el que constituye un conjunto de normas, generales o especiales, que tomando en consideración su tamaño, regulan la actividad empresarial durante su ciclo de vida, con el objeto de permitir su participación en el mercado, en igualdad de condiciones.

A este respecto, debemos recordar que la primera norma especial para empresas de menor tamaño fue la ley 19.749 de 2001, sobre microempresas familiares y la han seguido otras muchas. Algunas de ellas, aunque se hayan originado en los estudios de adecuación de normas o búsqueda de otras nuevas para la pequeña empresa, son de aplicación general, como la ley de Procedimientos Admi-nistrativos (originalmente de “Silencio Administrativo”), Cobro y Cesión de Facturas, Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y otras, entre las que se cuenta la ley en análisis.

En general, las normas del Estatuto buscan mejorar la regulación relacionada con el marco institucional, ciclo de vida de la empresa, su acceso a mercados y financiamiento y el apoyo a su gestión.

Aplicación

La ley 20.179 autoriza la creación de sociedades y cooperativas, cuyo objeto, en ambos casos, deberá ser exclusivo y que consistirá en el otorgamiento de garantías personales a los acreedores de sus beneficiarios, con la finalidad de caucionar obligaciones que ellos contraigan, relacionadas con sus actividades empresariales, productivas, profesionales o comerciales.

La ley da normas generales y deja entregada a la voluntad de las partes, al estatuto social en este caso, la determinación sobre condiciones generales aplicables a las garantías; porcentaje de montos de garantía en relación al patrimonio, fondos de garantía que administra o con las contragarantías recibidas; relación máxima entre aporte de cada accionista y su garantía; requisitos para adquirir la calidad de accionistas y beneficiarios, entre otras.

Las IGR, además de afianzar las obligaciones de sus beneficiarios, podrán prestar asesoramiento técnico, económico, legal y financiero a los beneficiarios; administrar los fondos que aportan los organismos públicos, autorizados para disponer de recursos para fomento y financiamiento de micro y pequeñas empresas, y administrar las contragarantías que los beneficiarios hayan rendido en su favor.

Los accionistas pueden ser personas naturales o jurídicas que participen en la propiedad del capital y podrán optar a ser afianzadas por la sociedad, para caucionar determinadas obligaciones.

Los beneficiarios son las personas naturales o jurídicas que, de conformidad al estatuto social, pueden optar a ser afianzados por la institución.

En principio, pueden ser beneficiarios los accionistas y terceros, pero en este último caso el estatuto social podrá establecer prohibiciones y exigencias especiales.

Para optar a ser afianzado por la IGR, las personas deberán suscribir con ésta un “Contrato de Garantía Recíproca”, el que deberá tener al menos las siguientes menciones:

  1. Los bienes que el beneficiario entregue a la Institución para garantizar a ésta el cumplimiento de las obligaciones afianzadas, llamada también contragarantía.
  2. El monto de las obligaciones que se afianzarán.
  3. El plazo de duración del contrato, el que puede ser indefinido.
  4. Modalidades y características de las garantías que rinde el beneficiario a la entidad, pudiendo pactarse una cláusula de garantía general, limitada a un monto máximo.
  5. Derechos y obligaciones de las partes.
  6. Las demás menciones que acuerden las partes.

Ahora bien, para garantizar la o las obligaciones del beneficiario, la IGR debe otorgar uno o más certificados de fianza, en el cual se individualizará a la entidad, al beneficiario y al acreedor, singularidad de la obligación afianzada y su monto. Se podrán afianzar obligaciones de dar, hacer y no hacer u obligaciones futuras.

En caso de incumplimiento de la o las obligaciones del deudor principal o beneficiario, la ley ha dotado al certificado de fianza de ciertos atributos, para asegurar su cumplimiento.

En efecto, el certificado tiene mérito ejecutivo y no procede el beneficio de excusión. Asimismo, los créditos afianzados gozan del privilegio del Nº1 del artículo 2.481 del Código Civil.

La demanda se notificará válidamente a la IGR en el domicilio señalado en el respectivo certificado de fianza y sólo se podrá oponer las excepciones de pago, prescripción, no empecer el título al ejecutado y concesión de esperas o prórroga del plazo.

Sin perjuicio de la facultad del acreedor, señalada precedentemente, éste podrá requerir de pago directamente a la IGR, dentro del plazo de seis meses siguientes al incumplimiento de la obligación por parte del deudor.
Este requerimiento deberá efectuarse por Notario Público o carta certificada dirigida al domicilio de la institución, la que podrá pagar según el calendario original, pagar el total del saldo insoluto o pactar con el acreedor modalidades distintas de pago.

El procedimiento señalado es, como se ve, muy simple, sin mayores costos de cobranza y su utilización efectiva dará mayor seguridad al sistema y fomentará su uso.

Inestabilidad financiera

Otra materia que debe considerarse en relación con la seguridad del funcionamiento de estas instituciones y el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas, es la referida a la inestabilidad financiera y la insolvencia.

La ley en comento entrega normas si ocurriesen hechos que pongan en riesgo su situación financiera o solvencia, dentro de un plazo de 30 días, para normalizar la situación en la forma que el directorio estime adecuada.

Si no se hubiere normalizado la situación dentro del plazo referido, la ley señala que deberá aumentar su patrimonio en la forma y condiciones que se indican en la norma. Si el aumento no se efectúa, se aplicarán a la institución una serie de restricciones.

Según información proporcionada por la Superintendencia, al 9 de abril de 2008, han solicitado inscripción para su registro como Institución de Garantía Recíproca, una cooperativa y una sociedad anónima.

En caso de liquidación de una de estas entidades por quiebra, el síndico procederá a la transferencia de la totalidad de las fianzas que accedan a obligaciones vigentes, por medio de licitaciones públicas.

Pasados seis meses de la declaratoria de quiebra, las fianzas que caucionan obligaciones vigentes caducarán por el sólo ministerio de la ley, de tal manera que las contragarantías vigentes, dadas por los beneficiarios, pasarán a garantizar las obligaciones del beneficiario con su acreedor.

Fiscalización de las IGR

La regulación y fiscalización de las IGR está entregada a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la que, además de velar por el cumplimiento de los requisitos de constitución, lleva un Registro de Instituciones de Garantía Recíproca, las que clasificará en categorías A y B, según el informe que haga una entidad evaluadora y fiscalizará su funcionamiento.

En uso de estas facultades, la Superintendencia dictó instrucciones generales para la aplicación de la ley, por Circular de 16 de Octubre de 2007.

Debemos recordar que el objeto de la ley es facilitar a los pequeños empresarios su acceso al crédito y rebajar su costo. En efecto, el uso integral de la capacidad crediticia, por una mejor utilización de las garantías, se traducirá en un mayor volumen de crédito.

En tanto, el bajísimo costo de la emisión del certificado de fianza, permitirá una mayor facilidad para cambiarse de institución financiera, lo que se traducirá en mayor competencia entre ellas y, por qué no decirlo, en un mejor servicio.

A esto último, también contribuirá la facultad dada a estas instituciones por el inciso segundo de la letra a) de su artículo 3º, de prestar asesorías a sus beneficiarios.

Las normas dadas por esta ley abren entre los pequeños empresarios una gran esperanza de un futuro mejor, de una competencia menos desigual. Las autoridades, de acuerdo a sus declaraciones, tienen igual esperanza.




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