Trabajo pro bono:Una buena práctica para el Bicentenario

Nuestro país tiene una vasta y larga tradición jurídica. Varios de nuestros héroes y próceres nacionales fueron abogados. Manuel de Salas, José Miguel Carrera, José Miguel Infante, Diego Portales, Mariano Egaña, Arturo Prat y el Padre Hurtado son sólo algunos de los juristas que han llevado la ley más allá de la teoría, aportando al desarrollo del país. En este año tan especial, en el que cumplimos 200 años de independencia, la tarea de hacer de Chile una nación más justa está en manos de todos nosotros: los abogados.

Y el trabajo pro bono o voluntario ha sido y seguirá siendo una buena forma para hacerlo.

Los abogados chilenos siempre han contribuido a la comunidad a través de su trabajo ad honorem. La entrega de servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos en Chile tiene más de un siglo de evolución. Primero, la legislación abordó el problema que los pobres enfrentaban ante la justicia, luego los colegios de abogados y universidades crearon consultorios jurídicos y después el Estado, a través de la Corporación de Asistencia judicial, se hizo cargo.

Los sectores más desfavorecidos siempre han tenido dificultades en el acceso a la justicia. En este entendido los abogados, como servidores de la justicia, debemos contribuir desde la profesión, acercando el Derecho a quienes no pueden acceder a éste. Y si bien el voluntariado legal en Chile tiene una larga historia, Fundación Pro Bono — que este año cumple 10 años de existencia—trabaja para institucionalizar y profesionalizar esta práctica, y para hacer del pro bono un servicio oportuno, de excelencia y gratuito.

Pro bono publico es una expresión latina que significa “para el bien público” y que se usa para designar la prestación de servicios legales gratuitos. Esta práctica tiene sus orígenes principalmente en el mundo anglosajón y en los últimos años se ha arraigado en la cultura legal chilena, en parte importante, gracias al trabajo que los abogados agrupados en Fundación Pro Bono han realizado.

Si bien en nuestro país la Constitución garantiza a todos los chilenos el acceso a la justicia y pese a los esfuerzos y recursos que el Estado ha destinado para satisfacer la alta demanda por asesoría legal gratuita, estos nunca serán suficientes. Por lo mismo, como Fundación no buscamos reemplazar al Estado, sino contribuir desde el sector privado.

La invitación es a conocer más sobre esta buena práctica, a seguir trabajando por quienes más lo necesitan; aportando al desarrollo de nuestro país, tal como lo hicieron los padres de nuestra patria, en muchos casos, de forma pro bono.