Tranquilos, un Colegio que controla

¿Cuál es la función principal de la Comisión?

Controlar que la abogacía no sea ejercida en forma irregular en la jurisdicción. Está establecida por la Ley 23.187 mediante su artículo 21, inc. b) como un órgano permanente, integrado exclusivamente por miembros del Consejo Directivo. Así, en el último período estuvo compuesta por los Dres. Andrea Liana Martino en el cargo de Vice-Presidenta, Lucrecia Noemí Córdoba en el de Secretaria y como Vocales: Julio Argentino Decoud (h), Guillermo Jesús Fanego, Mónica Alejandra García, Enrique Carlos Marega, Luis Mario Marras (h), Santiago C. Montaña, Ana Laura Nuñez y Luis Alberto Pereyra. Además, contó con la valiosa colaboración del personal administrativo integrado por los licenciados Darío Campidoglio y Romina Vascelli.

Su tarea es bien amplia: abarca denuncias o investigaciones por personas que realizan actos propios de la profesión sin el correspondiente título universitario; profesionales que ejercen sin la debida matrícula habilitante a nuestro cargo o lo hacen cuando se encuentran afectados por alguna inhabilitación comprendida en el art. 3, inc. b) de nuestra Ley.

¿Qué diferencias existen respecto a la tarea del Tribunal de Disciplina?

Básicamente, este último evalúa las conductas de los matriculados y tiene facultades sancionatorias por delegación expresa de la ley.

¿A través de qué vías reciben denuncias?

Nos llegan acusaciones de particulares y de abogados. También iniciamos expedientes a partir de las comunicaciones que normalmente realizan los distintos Juzgados y Tribunales o investigamos de oficio ante cualquier indicio de ejercicio ilegal de la profesión.

¿Qué medidas involucra la atención de un caso?

Incluye citaciones a denunciantes, testigos o matriculados a fin de recabar información y verificar los hechos. Además, se libran pedidos de informes a Juzgados, colegios de otras jurisdicciones, universidades u organismos gubernamentales para recopilar con su ayuda los datos que cada caso amerita y sin lo cual las investigaciones no podrían avanzar con la celeridad que estos sensibles temas requieren.

Luego de las medidas investigativas, las acciones finales dependen de cada caso:

  • En las actuaciones de matriculados suspendidos por falta de pago, se le pide a la Oficina de Gestión de cobro que trate de comunicarse con el mismo a fin de que pueda regularizar su situación, lo cual se cumple la mayoría de las veces;
  • En aquellos casos en los que verificamos la actuación de profesionales no matriculados, luego de chequear su inscripción en otra jurisdicción y posesión de título universitario, se le recuerda al abogado que no puede ejercer la profesión en la jurisdicción hasta contar con nuestra matrícula habilitante, comunicando la situación al Juzgado interviniente y al Colegio de Abogados en el que se encuentre inscripto.
  • En las denuncias de ejercicio de la abogacía por personas carentes de título universitario, se solicita al Consejo Directivo el inicio de la correspondiente denuncia penal por usurpación de título y honores.

Más allá de estas generalidades, cada causa tiene un tratamiento particular y, en caso de considerarse necesario, se suelen implementar medidas adicionales.

¿Los medios de comunicación pueden disparar su intervención?

Sí, toda noticia periodística que trate algún caso de ejercicio ilegal o irregular de la profesión en la jurisdicción puede ser el puntapié de nuestra labor. Tal es el caso de una de las primeras investigaciones surgida de la información acerca de páginas web en las cuales se ofrecía la tramitación de diplomas presuntamente apócrifos. Una vez corroborado el tema, realizamos la correspondiente denuncia penal.

¿Se está trabajando en el camino de la prevención?

Claro, por ejemplo, se desarrolló un sistema de consulta online para todos los Juzgados que esperamos se implemente a la brevedad. A su vez, hemos promovido -con el apoyo del Consejo Directivo- la renovación de las credenciales vencidas, ya que existía una gran confusión sobre cuál era la identificación vigente y nos preocupaba el hecho de recibir un número creciente de denuncias por tarjetas falsas, generalmente confeccionadas con viejas credenciales. Pero esto no es tan fácil con los nuevos plásticos (de color azul), que tienen mayores mecanismos de seguridad.

Esta disposición permitió renovar más de 31.000 credenciales desde el 1/12/2006. Además, al actualizar los datos sobre los matriculados, el trámite abre la puerta a una comunicación más directa entre el Colegio y sus profesionales.

Como medida complementaria, hemos solicitado a las distintas Cámaras y sus Juzgados que nos remitan todas las credenciales extraviadas que se encuentren en sus dependencias a la espera de ser reclamadas, cuyos datos luego incorporamos al listado disponible en la página web institucional. Ello a fin de resguardar debidamente a nuestros matriculados de posibles robos y usos irregulares.

Otro tema relevante del que nos hemos ocupado intensamente es el estudio de las modificaciones e incorporaciones que entendemos necesarias al art. 247 del Código Penal, para que la figura prevista pueda contemplar a los distintos casos de ejercicio ilícito que hoy quedan afuera.

Dada la experiencia, ¿tienen alguna recomendación especial para los matriculados?

Yo les diría que en todos los casos siempre hagan la correspondiente verificación de inscripción ante nuestro Registro Habilitante y corroboren si esa matrícula se encuentra vigente. Esa simple acción preventiva puede evitarles muchísimas complicaciones, ya que así se sabe si el profesional actuante se encuentra activo y habilitado para el ejercicio de la abogacía en la jurisdicción.

¿Cómo podría resumir el espíritu con el que se trabaja en la Comisión?

Principalmente, se trata de proteger a los colegas de los perjuicios del ejercicio irregular en sus múltiples formas y de hacer respetar de todas las maneras posibles o necesarias las normas establecidas por la Ley 23.187 para el ejercicio de la abogacía en la jurisdicción.




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