Autorización para impartir carreras de educación superior

¿Es legal que una institución de educación superior (llámese instituto profesional o centro de formación técnica) que no está reconocida oficialmente por el ministerio de educación, imparta cursos, diplomados y carreras profesionales?

Si se ha oficializado la matricula en este tipo de instituciones a través de un contrato de prestación de servicios, y se ha entregado documentos (cheques) para cancelación del arancel anual. Opera el derecho a retractación de parte del consumidor (o sólo a nivel de universidades) ¿qué protección tiene el consumidor en estos casos? sobre todo cuando el contrato de prestación de servicios es arbitrario.

El instituto respectivo, ¿está obligado legalmente, a dejar sin efecto el contrato de prestación de servicios educacionales y devolver documentos y dineros por concepto de matricula? (en el supuesto de que actúan en la ilegalidad por no ser reconocido oficialmente)¿A qué instituciones se debe denunciar? (SERNAC, o Ministerio de educación).¿Qué tipo de abogados pueden prestar una asesoría en esta materia?

 Marianne




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